En una conferencia de prensa y en una entrevista en televisión a fines de mayo, el director del FBI Robert Mueller aceptó las acusaciones de sus propios agentes acerca de las pifias de su agencia de antes del 11 de septiembre. Sus últimas declaraciones contradicen mucho de lo que él dijo públicamente después del 11 de septiembre--equivaliendo a una admisión de que Mueller ayudó a la Casa Blanca de Bush a encubrir lo que sabía acerca del ataque. Pero los golpes de pecho de Mueller vienen acompañados del anuncio de una reorganización del FBI para enfocarse en la "guerra contra el terrorismo".

En realidad, los federales están adquiriendo amplios poderes nuevos para espiar a organizaciones políticas y religiosas. Bajo las pautas nuevas, las oficinas locales del FBI no van a necesitar permiso antes de comenzar investigaciones contra-terroristas. Las investigaciones pueden continuar hasta por un año antes de ser revisadas, y los agentes no tienen que mostrar causa probable de que un crimen está siendo cometido o planeado antes de que ellos las comiencen.

Las reglas restringiendo la vigilancia de grupos que se reúnen en edificios religiosos, tal como mezquitas e iglesias, han sido desechadas. Y el FBI ahora puede rebuscar libremente las bases de datos públicas y la Internet, por ejemplo, velando sitios en la red y sus salones de charlas cibernéticas, sin ningunas restricciones. En resumen, los federales recibieron una luz verde para espiar a quienes ellos quieran--en nombre de la "guerra contra el terrorismo".

"El FBI ahora le dice al pueblo estadounidense, 'Usted ya no tiene que hacer nada ilegal para que le toquen la puerta'", dijo Laura Murphy, directora de la oficina nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles. "Usted puede estar ejerciendo una actividad perfectamente legal, como venerar a su dios o conversar en un salón de charla cibernética, y ellos pueden espiarlo de todos modos".

Es obvio quienes serán las primeras víctimas de los poderes nuevos del FBI--las mismas que sufrieron el grueso de la cacería de brujas del Secretario de Justicia John Ashcroft después del 11 de septiembre. Al menos 2,000 personas--la mayoría de ellos hombres jóvenes de descendencia árabe--fueron detenidas como parte de la investigación del 11 de septiembre, y centenares todavía permanecen tras las rejas. Pero a ni uno solo le han formulado cargos por ningún crimen remotamente conectado al terrorismo.

El cinismo de la administración de Bush es tan asqueable que ha convertido en rutina el alimentar el pánico por el terrorismo para distraer la atención cada vez que se topa con un escándalo publico en donde su "guerra anti-terrorista" comienza a ser cuestionada--para luego atribuirse más poderes.

El ejemplo más reciente es la farsa de Ashcroft cuando desde Moscú anunció el haber destruido un supuesto complot de Al-Qaeda para detonar una bomba radiológica (la llamada "bomba sucia").

El puertorriqueño nacido en Brooklyn y criado en Chicago, José Padilla--quien se convirtió al Islamismo y tomó el nombre Abdullah al-Muhajir--fue arrestado más de un mes antes del histérico anuncio de Ashcroft. Y este procedió a negarle sus derechos constitucionales como ciudadano estadounidense al clasificarlo como "combatiente enemigo" y entregárselo al Pentágono.

El propio gobierno admitió que no tiene ni pizca de evidencia que pruebe sus alegatos sobre la "bomba sucia"--pero puede mantenerlo detenido indefinidamente mientras dure la "guerra contra el terrorismo".

El racismo de estas posturas y el contraste con el caso del "Talibán Americano" John Walker Lindh son crasos. La verdad es que más poder para Ashcroft y los federales hará nuestras vidas menos seguras, no más--especialmente si uno resulta ser una persona de color.

La pandilla de Bush quiere usar el 11 de septiembre para devolverle al FBI el poder de suprimir la disidencia política. De hecho, las pautas nuevas de Ashcroft quitan virtualmente todas las restricciones impuestas al FBI en los 1970s--después de que el escándalo público que se generó por la persecución por parte de sus agentes de activistas políticos forzó a Washington a limitar sus poderes.

Washington quiere volver a los días de COINTELPRO--la campaña de espionaje del FBI contra los movimientos por los derechos civiles, contra la guerra de Vietnam y otros de los 1960s. El FBI montó operaciones extensas contra líderes de esas luchas tales como Martin Luther King. Pero a fin de cuentas, las tácticas de estado policíaco de Washington fueron contenidas--por un movimiento que tornó la opinión pública contra la creencia de que nosotros debemos rendir nuestros derechos en nombre de la seguridad.

No nos equivoquemos: el ataque de estos días contra nuestras libertades civiles está diseñado para acallar la oposición política. Tenemos que organizarnos para mostrarle a Ashcroft y al resto de la pandilla de Bush que la resistencia a su guerra--tanto la doméstica como la exterior--ha comenzado apenas.

Página principal | Reportajes de este número | Retornar arriba