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Propuesta de Bush
Trampa para los inmigrantes

23 de enero de 2004 | página 1

CON UNA sonrisa para los electores latinos y una guiñada para las corporaciones estadounidenses, George W. Bush presentó a principios de enero lo que él alega son "reformas abarcadoras" a la política inmigratoria de EE.UU. Pero la propuesta de Bush no mejorará las vidas de los trabajadores inmigrantes. La propuesta está diseñada para asegurar un flujo constante de trabajadores con sueldos bajos y sin derechos para los patrones de EE.UU.--mientras que condena a los trabajadores inmigrantes a una especie de carrusel con sus vidas.

El plan de Bush crearía un sistema transitorio de "trabajadores temporales", similar al programa de braceros que estuvo en efecto desde la década de los 40 hasta los años 60. Los trabajadores extranjeros que deseen entrar al país--y los 8 a 11 millones de trabajadores indocumentados que ya residen en EE.UU.--podrían solicitar un permiso de trabajo que cubre un plazo de tres años, con la posibilidad de una renovación adicional.

Los que soliciten tendrán que tener un trabajo previamente acordado con un patrono en EE.UU.--y tendrán que pasar otros cedazos, incluso una investigación de antecedentes criminales y el pago de una cuota por la solicitud. Los nuevos braceros podrían viajar repetidamente entre su país de origen y EE.UU., y acumular créditos para el sistema de jubilación de su país.

Los trabajadores temporales también podrían solicitar una tarjeta verde que les otorgaría la residencia legal permanente--pero la solicitud sería procesada por separado. Este proceso con dos pasos separados es uno de los engaños principales de la propuesta de Bush.

La administración no ha revelado cuántas tarjetas verdes se harían disponibles para los trabajadores temporales. Actualmente, sólo 144,000 tarjetas verdes se emiten cada año a la gente que emigra a EE.UU. específicamente para trabajar--mucho menos que los millones que serían elegibles para el programa propuesto por Bush. Similarmente, la máxima duración del permiso de trabajo es de seis años, mientras que el largo y penoso proceso para obtener una tarjeta verde puede durar más tiempo.

Según Demetrios Papademetriou, codirector del Migration Policy Institute, aclaró: "¿Por qué deben presentarse, pagar las cuotas que les requerirán, pasar por todo el proceso...para qué, para que los puedan expulsar del país luego de seis años?" Los indocumentados que ya se encuentran en EE.UU. probablemente consideren que el programa de Bush es más peligroso que "quedarse en las sombras".

En realidad, la propuesta es una expansión colosal del viejo programa de braceros de los años 40--que se enfocaba únicamente en los trabajadores agrícolas--que ahora pretenden extender a cada sector de la economía.

Estos programas siempre han sido populares entre las grandes corporaciones, pues aseguran un flujo constante de trabajadores con sueldos bajos que son desechables. Ni los patrones, ni el gobierno federal terminan siendo responsables por el costo de los servicios sociales para mantener a estos trabajadores a largo plazo.

Además, los trabajadores temporales no tienen el derecho de unirse a un sindicato, ni de declararse en huelga. Es rara la vez en que las protecciones laborales más básicas son cumplidas por los patrones pues los trabajadores temporales no tienen nada de poder--y los patrones obtienen ganancias mucho mayores que lo que tengan que pagar en multas por sus violaciones a la ley.

No es sorpresa que la Cámara de Comercio apoyó muy entusiasmada la propuesta "de envergadura" de Bush. La Asociación Nacional de Restaurantes elogió a la Casa Blanca por responder a los intereses de sus miembros, y Luawanna Hallstrom, de Harry Singh & Sons, una gran empresa productora de tomates en California, declaró: "Para mí, esto es como un regalo de Navidad".

El plan de Bush cumplió otro propósito--contrarrestar el movimiento creciente por los derechos de los inmigrantes en EE.UU. Esta lucha tomó fama nacional el año pasado con la Caravana por la Libertad de los Trabajadores Inmigrantes, en que 20 autobuses repletos con activistas y trabajadores viajaron a través de EE.UU. enarbolando demandas de amnistía y legalización para los inmigrantes indocumentados--además de protecciones en el lugar de trabajo. La Caravana culminó con una enorme manifestación por los derechos de inmigrantes que se realizó en Nueva York el pasado octubre.

A causa del racismo dentro las filas de su propio partido, el plan de Bush puede que luzca más "compasivo" que lo que verdaderamente es.

Los Republicanos más conservadores botaban espuma como perros rabiosos por la propuesta. "Las propuestas de la administración hacen más difícil ganar la guerra contra el terrorismo", sostuvo el congresista Republicano de Texas, Lamar Smith. "Los programas braceros y de amnistía gradual proporcionan refugio a los terroristas".

Barbara Coe, la fundadora y coordinadora de la Coalición por la Reforma de la Inmigración de California, que favorece las restricciones contra la inmigración, acusó a Bush de "extenderle una bienvenida a los inmigrantes ilegales, los criminales violentos, los narcotraficantes y los terroristas".

Los oficiales de la administración respondieron indicando que bajo el programa de Bush, el gobierno federal tendría los datos de dónde viven los indocumentados--para poder expulsarlos cuando su periodo termine.

Las fuerzas anti-inmigrantes tradicionales han establecido los parámetros del debate--y los Demócratas han procurado mantenerse dentro de ese corral. La mayor parte de los candidatos demócratas para la nominación presidencial no ofrecieron ninguna alternativa a la propuesta de Bush--porque ellos apoyan la "legalización merecida" de programas para indocumentados similares al plan de la Casa Blanca.

En contraste, el movimiento obrero--que tomó la iniciativa de organizar la Caravana por La Libertad--alzó su voz contra el plan de Bush. El presidente de la confederación sindical AFL-CIO, John Sweeney, dijo que la propuesta crearía una nueva fuerza laboral de "segunda clase", acentuando el "potencial para el abuso y la explotación de estos trabajadores mientras que socava las protecciones de salarios y condiciones de trabajo para todos los obreros".

La participación de los sindicatos en la lucha por los derechos de los inmigrantes representa un paso inmenso hacia adelante que diverge de la historia de nacionalismo anti-inmigrante del movimiento obrero de EE.UU. La campaña por la amnistía y por la legalización que comenzó con la Caravana por la Libertad debe tomar el próximo paso.

Los patrones no reconocen las fronteras cuando se trata de su búsqueda insaciable por ganancias. Nuestro lado necesita organizar la lucha por que la frontera sea abierta a todos los trabajadores--y por el reconocimiento de todos los derechos para todo trabajador en EE.UU., irrespectivo del pedazo de tierra en que nació.

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