EL 17 de febrero fue un día vergonzoso para la florida ciudad de Carlsbad, California. Setenta trabajadores agrícolas migrantes fueron expulsados a la fuerza por las autoridades de esta ciudad de los campamentos temporales que habitaban--y con la complicidad de terratenientes locales tales como San Diego Gas & Electric Co.

Los trabajadores, quiénes laboran hasta 10 y 12 horas al día, y quiénes usualmente ganan el salario mínimo (o hasta menos), no pueden cubrir el imposible costo de la vivienda en el mercado local. Para permanecer cerca de los campos dónde trabajan, los trabajadores migrantes se ven forzados a levantar campamentos usando pedazos de madera, catres reciclados y toda clase de materiales desechados por otros.

Pero para los oficiales de la ciudad de Carlsbad, los campamentos son "feos". Los activistas por los derechos de los inmigrantes ha estado luchando para lograr que la ciudad proporcione refugio o habitaciones de bajo costo en el área, pero el presupuesto siempre está corto. La ciudad parece haber decidido que sería más barato simplemente empujar a los migrantes hacia áreas más aisladas y peligrosas.

La orden de desahucio de la ciudad alega un problema de "contaminación" como justificación para la erradicación de los campamentos y el despojo de los pocos bienes dejados atrás por los trabajadores.

Doug Duncanson, Director de Obras Públicas de Carlsbad, incluso tuvo la desfachatez de decir que los campamentos representan una "amenaza" para el habitat del Gnatcatcher californiano, una especie de ave en peligro de extinción. Pero la verdad es que los campamentos se encuentran en medio de tierra destinada para futuros proyectos de desarrollo urbano. Así fue como el defensor de los migrantes Michael Wischkaemper lo puso, "estamos construyendo un campo de golf a un costo de un millón de dólares aquí, pero no podemos encontrar un lugar para que estas personas vivan".

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