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BOLIVIA
"Lucha a muerte por el agua y el gas"

Por Tom Lewis y Orlando Sepúlveda | 18 de marzo de 2005 | página 3

"NO ESTOY DISPUESTO a seguir con esta vergonzosa comedia," dijo el presidente boliviano Carlos Mesa cuando, enfrentado con una creciente rebelión social, presentó su renuncia ante el Congreso se su país el 6 de marzo.

Pero esto sólo fue parte del vergonzoso truco que él y los poderosos de su país están jugando contra los movimientos que están luchando por la defensa de los recursos naturales de Bolivia. En su discurso a la nación, dijo que estaba harto de estar atrapado entre los dos bandos de la agudamente polarizada sociedad boliviana. Dijo que no podría gobernar al país "en función de las locuras que me plantee cualquier sector".

Evo Morales, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido principal de la oposición, caracterizó la renuncia de Mesa como "un chantaje". "Mesa no dijo que su renuncia es irrevocable. Nadie está pidiendo la renuncia del Presidente", dijo Morales.

Morales y el MAS querían que Mesa se mantuviera en su cargo hasta las elecciones del 2007 para evitar "una sucesión 'inconstitucional' del poder". Morales teme como respondería el imperialismo estadounidense a un gobierno del MAS, si este llegara al poder como resultado de un derrocamiento popular del actual gobierno.

Parece que Morales tenía razón sobre las intenciones de Mesa. Pocos días después del discurso del presidente, el Congreso rechazó la dimisión de Mesa. Reclamando un mandato renovado, Mesa exigió la construcción de un "pacto nacional" y la cooperación completa de todos los partidos opositores a las políticas de su administración.

Mesa criticó amargamente a los movimientos sociales que ha lanzado campañas fuertes para reestablecer el control nacional del agua e hidrocarburos que habían sido privatizados.

A principios de enero, una lucha encabezada por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la cuidad satélite de trabajadores localizada en el altiplano que se levanta por encima de la capital, La Paz, forzó al gobierno a cancelar el contrato del servicio hidrológico con Aguas de Illimani. Esta compañía es una filial de Suez, una transnacional basada en Francia.

Pero Mesa también criticó a las elites de las grandes empresas de los estados ricos en hidrocarburos situados en el este del país. Desde la guerra del gas de octubre del 2003, el estado de Santa Cruz ha generado un movimiento por la autonomía regional y, si fuera necesario, por la independencia del gobierno central. Los magnates del gas de la región se oponen a la demanda de los movimientos sociales de que las compañías petroleras transnacionales les paguen al gobierno el 50 por ciento de las ganancias que generen de los recursos naturales bolivianos.

"La lucha a muerte por la recuperación de los recursos naturales ha comenzado en Bolivia", aseguró, por su parte, el dirigente de la Coordinadora de Defensa del Gas, Oscar Olivera. La reciente ola de protestas comenzó el 2 de marzo con una convocación de movilizaciones populares y de una "huelga civil" basada en una alianza de los movimientos urbanos y rurales. El blanco inmediato de las movilizaciones fue el aparente incumplimiento de la promesa del gobierno de terminar el contrato de Aguas de Illimani.

Las exigencias con respecto a los hidrocarburos y la convocación de una asamblea constituyente también tenían una importancia central en las protestas. Marchas y bloqueos de carreteras con miles de trabajadores, estudiantes, y organizaciones indígenas abarrotaron las calles de El Alto y La Paz. Manifestaciones en solidaridad ocurrieron en ciudades por todas partes del país y en lugares tan lejanos como Europa.

Con su engañosa renuncia, Mesa consiguió unificar la derecha y atemorizar las clases medias de Bolivia con el objetivo de movilizarlas contra los bloqueos. Bajo estas circunstancias Mesa puede, y promete, implementar mano dura contra las protestas del pueblo boliviano.

Esta coyuntura plantea a los líderes del movimiento popular el reto de presentar una más coherente y unificada estrategia. Un paso prometedor fue el pacto firmado por la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y el MAS, entre otros, para exigir la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, la realización de una Asamblea Constituyente y terminar el contrato con Aguas del Illimani.

Una confrontación de gran envergadura se asoma en Bolivia, la cuál será también una prueba de fuego para los movimientos sociales.

Traducción de Lance Selfa

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