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PUERTO RICO
"Mi hijo no era un perro, no se merecía eso"

Por Roberto Barreto | 18 de marzo de 2005 | página 3

LA POLÍTICA policiaca de Mano Dura Contra el Crimen iniciada en 1993 en Puerto Rico ha cobrado al menos 22 víctimas inocentes sin que las autoridades juzguen a los policías responsables.

La Mano Dura es una forma de violencia estatal dirigida contra los pobres. Se fundamenta en premisas falsas y discriminatorias. Asume incorrectamente que las comunidades pobres son el centro de la actividad criminal. Les achaca a los pobres ser los responsables de la violencia en nuestra sociedad. Ve como sospechosos a las personas de clase trabajadora y especialmente a los jóvenes, a los negros y a los inmigrantes. El Estado lejos de combatir la pobreza, la criminaliza; persigue a los más pobres, los violenta y los victimiza, a veces con resultados fatales.

La perdida de vidas durante los operativos policiacos es una consecuencia directa de la Mano Dura. Los operativos policiacos de Mano Dura incluyen a miles de efectivos utilizando técnicas de guerra contra una comunidad en su área de residencia. No se trata de policías que se excedieron individualmente en el uso de la fuerza, sino de operativos diseñados para ejercer control sobre una población entera. La criminalización, ocupación y cerco de toda una comunidad representan en sí mismo un exceso de fuerza.

En Puerto Rico los policías violan la ley, violentan derechos civiles, falsifican evidencia y hasta asesinan seres humanos sin tener que responder ante la justicia que supuestamente defienden y representan. Rara vez los fiscales someten cargos contra los policías. En las pocas instancias en que esto sucede, muy pocos jueces encuentran causa contra un agente. Aun cuando se prueba responsabilidad civil en algunos casos, los policías que cometieron los asesinatos continúan sus vidas sin ser responsabilizados criminalmente. En este sentido existe impunidad en Puerto Rico.

Un ejemplo de esto lo es el caso del joven, Edward Castro Vega, quien fue asesinado por la Policía el pasado 27 de julio de 2004. Sus familiares denunciaron que el joven de 21 años fue muerto de forma abusiva y viciosa cuando compartía con algunos vecinos en la esquina de su calle en el Barrio San Isidro en Canóvanas. Agentes encubiertos llegaron al lugar apresuradamente alegando que tenían una confidencia de que se estaba llevando a cabo una transacción de drogas. Al llegar, dispararon contra Castro cuando este se tocó un bolsillo. La policía alegó que el joven tenía un arma, pero solo se le encontró unas monedas y un celular.

Una vez herido, lo esposaron, lo cargaron y lo dejaron caer, y luego lo montaron en la patrulla. En vez de llamar a una ambulancia o llevarlo a uno de dos hospitales que quedan a cinco minutos del lugar, lo llevaron en la patrulla hasta el Hospital de Carolina, que queda mucho más lejos. Ya había perdido mucha sangre y no le pudieron salvar la vida.

En la comunidad se formó un motín. Los vecinos que presenciaron el incidente se llenaron de ira ante el atropello que cegó la vida de un joven trabajador. Castro había completado unos cursos de hotelería y había trabajado en el restaurante Chili's.

Los policías se dedicaron hostigar a la comunidad durante las ceremonias fúnebres. En particular arrancaron una cinta negra que expresaba la solidaridad y el luto de la comunidad, la tiraron en una patrulla y se la llevaron. El fiscal se ha negado a presentar cargos contra los agentes y la división de Integridad Pública de la Policía no ha realizado su investigación y ni siquiera ha citado a los testigos.

Ante la falta de investigación, la madre del joven, Gladys Vega ha dicho: "Yo no me puedo quedar así. Mi hijo no era ningún perro. El tenía familia, el tenía mucha gente que lo quería. El no se merecía eso".

Otro incidente de brutalidad policiaca, que fácilmente pudo haber terminado en muerte, ocurrió el 16 de febrero en el Residencial Manuel A. Pérez. Un joven trabajador de 25 años, José Rivera Barreto, fue baleado en un hombro por la policía, mientras corría un four track. Cuando la patrulla se le pegó al four track y los policías comenzaron a gritar y a hacer tiros al aire, el joven se asustó y huyó del lugar sin percatarse de que el asunto era con él, pues los oficiales no prendieron su sirena.

La patrulla se fue en persecución a tiro limpio. Al llegar al parque, José sintió un impacto en su hombro izquierdo a la vez que la patrulla perdió el control y chocó con un poste. José entonces buscó quien lo llevara al hospital. Mientras recibía ayuda en Centro Médico fue arrestado y la policía no permitió que le sacaran la bala. Rivera explicó: "Fueron donde el doctor que estaba conmigo y le hicieron buscar las placas y le dijeron que me tenía que dar de alta... El doctor dijo 'dejame chequear las placas' y me dio de alta".

Al cierre de esta edición, José todavía tiene la bala incrustada en el hombro mientras está confinado en su casa con un grillete electrónico. ¡Su cita médica era para el 18 de marzo!

Mientras tanto enfrenta tres cargos por tentativa de asesinato, pues los policías le están fabricando un caso, argumentando que él tenía un arma y disparó contra los agentes. La policía no ha presentado un arma ni tampoco le hicieron la prueba de parafina para determinar si Rivera tenía pólvora en las manos.

El pasado 20 de febrero, los residentes de Manuel A. Pérez indignados y cansados de los abusos policiales celebraron una protesta para denunciar este abuso. También expresaron su oposición a los planes del Superintendente de la Policía, Pedro Toledo, de instalar cámaras de videos en los residenciales. Tito Román, uno de los organizadores de la protesta, rechazó los planes de asignar más dinero a la policía señalando que: "Aquí lo que hace falta es que manden a reconstruir 80 viviendas abandonadas, más deporte y más educación". Cerca de 100 personas de todas las edades se acercaron al piquete realizado frente al Cuartel de la Policía.

Esta protesta constituye un ejemplo importante para otras comunidades que sufren atropellos a causa de los operativos de la policía. Debemos organizarnos para combatir la impunidad policiaca, y para defender nuestros derechos civiles. La clase trabajadora se debe unir para luchar por la erradicación de los discriminatorios programas de Mano Dura.

La discriminatoria política de perseguir y criminalizar a los pobres debe cesar. En su lugar hacen falta servicios sociales adecuados. Menos dinero para policías y más fondos para mejores escuelas, viviendas y hospitales. Sobre todo debemos exigir del gobierno un intento serio por eliminar la pobreza, lo que no se hace con programas cosméticos, sino creando empleos y aumentando los salarios significativamente. En lugar de fomentar la marginalidad, se debe fomentar una redistribución de las riquezas.

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