Por Justin Akers | enero-febrero de 2006 | página 2

La Cámara de Representantes, controlada por los Republicanos, aprobó un proyecto de ley anti-inmigrante, respaldado principalmente por el congresista James Sensenbrenner de Wisconsin, poco antes del receso de Navidad del 2005.

Vendido como la "ley para la protección de la frontera, el anti-terrorismo y el control de la inmigración ilegal", este proyecto de ley incluye provisiones tales como el alistamiento de las fuerzas armadas y la policía local en la detención de trabajadores inmigrantes mientras que fortalece las penalidades contra los patrones que los empleen.

La ley convierte en una felonía el estar indocumentado en EE.UU., hace más severo el castigo contra los coyotes y autoriza la construcción de una muralla de 700 millas a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México.

Pero esto no es suficiente para los fanáticos anti-inmigrantes del Congreso. El Caucus para la Reforma de las Leyes Inmigratorias de la Cámara de Representantes (House Immigration Reform Caucus), que cuenta con 92 miembros y es encabezado por el congresista Tom Tancredo, Republicano de Colorado, está abogando por la revocación de la ciudadanía de los hijos de los indocumentados nacidos al norte de la frontera. Este derecho está garantizado por la decimocuarta enmienda a la Constitución de EE.UU.

El torrente de legislación anti-inmigrante, y la tentativa de Bush de reformularse como "duro contra los ilegales" muestra cómo se ha desplazado hacia la derecha el debate de la cuestión inmigratoria según se aproximan los comicios legislativos de noviembre de 2006.

No obstante, y a pesar de sus fanfarronadas, Bush les ha asegurado a los grandes empresarios que lo apoyan que él y el Congreso les entregarán un nuevo programa bracero. "No podemos hacer cumplir nuestras leyes inmigratorias hasta que creemos un programa de trabajadores temporales", dijo Bush.

Bajo el plan de Bush, los trabajadores "huéspedes" podrían recibir hasta dos visas de trabajo, cada una de tres años de duración. Al terminar el periodo de la visas, los inmigrantes tendrían que regresar a sus países natales y esperar un año antes de volver a solicitar una nueva visa.

Esto eliminaría virtualmente la posibilidad de cumplir con los requisitos de residencia en EE.UU., y como resultado de lograr la ciudadanía para los entre ocho y 10 millones de indocumentados y sus familias que actualmente residen en EE.UU.

Aunque los detalles de la versión actualizada de la propuesta de Bush no se han revelado, sus propuestas anteriores pretendían extender el programa bracero al resto de la economía, más allá del sector agrícola.

Después del 11 de septiembre de 2001, el llamar la atención al "problema" de la frontera se ha convertido en un asunto "productivo". Bush firmó un proyecto de ley que gastaría $32 mil millones en la seguridad domestica. La legislación contiene aumentos sustanciales en los gastos de seguridad en la frontera, que incluye añadir 1,000 agentes a la Patrulla Fronteriza. Contando con 12,000 agentes, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es la mayor agencia armada del gobierno federal.

Además, un estudio recientemente publicado en el New York Times ha revelado la naturaleza política del procesamiento de las violaciones inmigratorias. Mientras la incidencia de la inmigración indocumentada realmente disminuía entre 2000 y 2003 (bajando de 1.5 millones a 1.1 millones por año), los procedimientos legales contra los indocumentados aumentaron de 16,300 a 38,000 durante del mismo periodo.

El enfoque obsesivo de los políticos en la inmigración ilegal contrasta con las preocupaciones de la población estadounidense. Según una encuesta Gallup realizada en noviembre de 2005, sólo el 5 por ciento de la población cree que la cuestión de la inmigración es el asunto más importante en EE.UU.

De acuerdo al Los Angeles Times, "Los estrategas [Republicanos] sostienen que el asunto de la inmigración ilegal ofrece al Partido Republicano la oportunidad de recuperarse políticamente cuando Bush y el partido se han tambaleado por el descontento público en cuanto a la guerra en Irak, la respuesta al Huracán Katrina y los escándalos políticos".

Bush está aprovechándose de la retórica ultraderechista de la "mano dura" contra los inmigrantes, y a la vez sigue presentando su programa bracero como la "solución real".

Para semejante proyecto, los Demócratas se han convertido en sus mejores colaboradores. Conjuntamente con el Senador Republicano de Arizona, John McCain, el Senador Demócrata Edward Kennedy ha co-auspiciado el proyecto de ley titulado "Ley por un EE.UU. Seguro y la Inmigración Ordenada de 2005", que alega poder resolver los problemas que aquejan los "intereses económicos, sociales y de seguridad estadounidenses". La legislación, pendiente ante el Congreso, difiere muy poco de las propuestas de Bush al enfatizar el programa bracero y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

Al plantar la inmigración al tope de la agenda bipartidista y al fomentar una "mentalidad de asedio", los políticos han fertilizado el terreno para que prosperen los racistas como los cazamigrantes de los Minutemen. No es casualidad que en este clima haya crecido el número de "crímenes de odio" contra los Latinos, mientras que los políticos desacreditados traten de sacarle provecho al asunto de la inmigración.

Según se acerca la campaña electoral para el Congreso este año, es muy probable que los políticos incrementen sus llamados a arreciar los ataques contra los inmigrantes buscando enfermizamente más apoyo sobre las premisas de miedo y odio. Esto hace patente la necesidad de un movimiento a favor de los derechos civiles de los inmigrantes.

Necesitamos un movimiento que reclame la legalización y la amnistía, que se oponga a cualquier programa de trabajadores "huéspedes" y que respalde sin vacilaciones el completo alcance de todos los derechos para los indocumentados, irrespectívamente de donde se encuentren.

Simultáneamente, necesitamos luchar contra los grupos promotores del odio como los Minutemen--para desenmascarar sus objetivos racistas, para debilitar su determinación de perseguir a los inmigrantes y para abochornar y anular a los políticos prejuiciados a través del país.

Traducido por Lance Selfa

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