Por Sarah Hines desde Cochabamba, Bolivia | noviembre-diciembre de 2006

ESTE MES marca el tercer aniversario del Octubre Negro de la Guerra del Gas, la lucha de los Bolivianos para la nacionalización de sus recursos de hidrocarburos. Ochenta personas murieron a manos del gobierno, y el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ("Goni") fue derrocado y escapó del país a los EE.UU.

Desde la Guerra del Gas de 2003, los movimientos sociales de Bolivia han depuesto a su vicepresidente y sucesor Carlos Mesa, rechazado a sus dos sucesores, y han elegido al primer presidente indígena en la historia de Bolivia, el actual Presidente Evo Morales Ayma.

Durante su campaña electoral, Evo prometió un programa de distribución masiva de tierra, un aumento de la financiación para educación y salud, doblar el salario mínimo, y la nacionalización de los recursos naturales.

Evo, anteriormente un líder de los cocaleros que luchó contra la política de erradicación patrocinado por los EE.UU., subió al poder con la ayuda de movimientos sociales muy poderosos. Sin embargo, a pesar de su retórica revolucionaria, el gobierno de Evo y su partido Movimiento al Socialismo (MAS) están implementando una agenda neoliberal, en perjuicio de los obreros y pobres Bolivianos.

Una de las consecuencias más trágicas ha sido la confrontación entre mineros "cooperativistas" y "asalariados" en Huanuni en Octubre que dejó 16 muertos y al menos 60 heridos. Estos mineros de la reserva de estaño más grande del mundo son divididos entre empleados asalariados estatales de la Corporación Minero de Bolivia (Comibol) y cooperativistas--dueños y empleados de empresas mineras privadas.

"Cooperativas" de medio tamaño y grandes son en realidad empresas muy rentables. Pagan impuestos muy bajos y sus empleados mineros trabajan en condiciones muy opresivas por un salario menor al de sus hermanos asalariados.

Empezando en los 80, bajo un programa neoliberal, el gobierno cerró las minas, sosteniendo con falsedad que estaban agotadas. En consecuencia, "relocalizó" y despidió a los mineros. La ascensión de la minería privada y cooperativa ha dejado a los mineros Bolivianos divididos y empobrecidos.

Como decía un cartel en la plaza principal en Cochabamba en los días después de la tragedia: "Lo sucedido en Huanuni es la herencia de las políticas de privatización y "relocalización" en las minas realizadas por [los] gobierno[s] neoliberal[es]...que cerraron las minas de Comibol y aumentó el desempleo. Hoy en Huanuni vemos las consecuencias: "pelea entre pobres."... ¡EXIJIMOS que se nacionalice la minería!"

Aunque Evo tenía razón cuando culpó al neoliberalismo por la tragedia, en gran parte su mismo gobierno ha continuado de imponer una política neoliberal, especialmente en la minería. Su ministro de minería, Wálter Villarroel, un accionista en la cooperativa La Salvadora, firmó numerosos contractos dotando bienes estatales a cooperativas y corporaciones transnacionales, con condiciones muy generosas.

Enfrentando una marcha masiva de mineros y otros sindicalitas exigiendo la nacionalización de la minería y la destitución de Virrarroel, Evo destituyó al ministro, prometió la nacionalización de la minería, y propuso la incorporación de mineros cooperativistas en la empresa estatal, Comibol.

Aunque la propuesta de Evo fue representa un paso adelante, a la vez es muy limitada. El gobierno está ofreciendo cargos a solamente 4,000 cooperativistas de Huanuni, aunque hay más que 50,000 mineros cooperativistas en el país, para trabajar en parajes todavía estatales. Como señaló el vicepresidente Álvaro García Linera, "la inversión privada minera y local... no se la toca."

Esta idea confundida de nacionalización refleja la contradicción fundamental del gobierno masista--sosteniendo que constituya "los movimientos sociales en poder" mientras mantenga que la clave del desarrollo de Bolivia es promover el "capitalismo Andino."

Evo esta intentando retener apoyo de abajo con su retórica anticolonial y revolucionaria y reformas limitadas, mientras protegiendo y aplacando industria local, capital internacional y EEUU Como dice James Petras, "el intento de Evo [es] de cabalgar dos caballos que van en direcciones opuestas."

Aunque Evo prometió a los movimientos sociales representación directa en la asamblea constituyente que tiene el mandato de escribir nuevamente la constitución de Bolivia, no cumplió con su promesa para que aplaque la derecha, establecido en las tierras baja orientales que tienen recursos valiosos. Además, prometió considerar la demanda de "autonomía," la propuesta de la elite rica en los departamentos orientales que les permitiera dominar los hidrocarburos de la región, y respaldó una referéndum sobre este tema.

A pesar de su postura conciliadora, la derecha ha sido alentada y está creciendo. Ha levantado el espectro de una "guerra civil" con el intento de asustar a inversionistas y desestabilizar al gobierno. Delegados del nuevo partido derechista Podemos y sus aliados, con un exceso de representación por concesiones del MAS, están teniendo éxito en retrazar la Asamblea Constituyente.

La acusación derechista más absurda, que desafortunadamente ha encontrado eco con los gobiernos de Perú, Paraguay, hasta el gobierno "socialista" de Michele Bachelet en Chile, dice que un acuerdo de colaboración militar entre Bolivia y Venezuela representa una amenaza a los países vecinos. Dado que Paraguay al este ha invitado a EEUU a construir una base militar junto a su frontera con Bolivia, la hipocresía, y la amenaza a Bolivia, es aparente.

Aunque la promesa de Evo de una revolución democrática en los intereses de los movimientos sociales y la mayoría indígena oprimido ha levantado los esperanzas de los obreros y pobres Bolivianos, parece que, lamentablemente, hasta ahora el programa de reforma radical es más ladrido que mordedura.

La reforma más importante hasta ahora ha sido el comienzo de distribución de tierra. Evo ha prometido distribuir 20 millones de hectáreas (49 millones de acres) de tierra; hasta ahora se ha distribuido 3.8 millones de hectáreas (9 millones de acres) a sesenta comunidades indígenas.

Sin embargo, muchas organizaciones indígenas y campesinas han criticado al gobierno por la limitación de distribución de tierras estatales, de cualidades pobres que son en muchos casos muy remotas. Evo ha confirmado que el gobierno no tiene intención de tocar propiedad privada.

A pesar de que las reformas de Evo hayan sido limitadas, la elite de las provincias de Santa Cruz, Panda, Tarija y Beni llevó a cabo una huelga empresarial de un día que cerrara todo el comercio y el transporte.

Más que le pérdida de sus tierras a manos del gobierno masista, la derecha teme que los campesinos sin tierra ganen la confianza en si mismo para tomar acción desde abajo. Ya esto está sucediendo.

Tal vez más demostrativa de los intereses contradictorios del gobierno es su relación tensa con los cocaleros. Aunque el antiguo líder cocalero Evo prometió restablecer la dignidad de la hoja de coca, él ha continuado implementando la política estadounidense de erradicación y criminalización con fuerza brutal. Su política de "no habrá coca cero, sino cocaína cero" es una concesión enorme a los EE.UU. y representa un ataque grande contra sus iguales.

Cuando dos cocaleros fueron matados durante un enfrentamiento con la policía anti droga entrenada por la Drug Enforcement Agency de EEUU el mes pasado, Morales defendió a los agentes de la policía.

Aunque los movimientos sociales están desorganizados y divididos en sus actitudes hacia el MAS, luchas de cocaleros, presos, transportistas, mineros, y sindicalistas están manejando bloqueos, huelgas de hambre, huelgas laborales, y marchas de protesta para presionar al gobierno para que cumpla con sus prometidos.

La obligación más importante concierne la nacionalización de los hidrocarburos, el recurso más valioso de Bolivia y la reserva más grande de América del Sur después de Venezuela. Evo declaró la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de Mayo, dando las transnacionales hasta el 31 de octubre para renegociar sus contratos con Bolivia en términos más favorables para Bolivia.

Las transnacionales más grandes, Petrobrás de Brasil y Repsol de España, todavía no han renegociado sus contratos, aunque la fecha limite está acercándose. No obstante, estas transnacionales siguen recibiendo el gas a un costo menor al valor del precio real del mercado internacional.

La reciente negociación de un acuerdo multimillonario para proveer a Argentina de gas pone un poco de mordedura en su ladrido. Sin embargo, Brasil se da cuenta que es improbable que Bolivia expulse a Petrobrás--la fuente de ganancias más grande del gobierno Boliviano--del país en caso de que la fecha limite se sobrepase.

Además, cuando el Ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada anunció en Septiembre que el gobierno de Bolivia determinara el porcentaje de ganancias que los transnacionales podrían guardar, Petrobrás gritó y Vicepresidente García Linera inmediatamente suspendió el decreto.

Al fin del noveno mes de su gestión, Morales aseguró consecutivamente que el gobierno respetará la propiedad privada y dará vueltas para el capital internacional y poco para cumplir con sus obligaciones con los movimientos sociales, obreros, y pobres que se subieron al poder.

La lucha larga de los mineros de Huanuni para preservar los recursos minerales de Bolivia y su reciente éxito con la destitución de Villarroel muestra que presión y lucha popular de abajo será necesaria para mantener el gobierno firme en sus prometidos y enfrentar el sistema capitalista que depende de la miseria de los obreros y pobres Bolivianos para su progreso.

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