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¿Cuáles son los próximos pasos para el movimiento pro inmigrante?

Por Lee Sustar | 5 de marzo de 2007 | Boletín de Obrero Socialista

EN MEDIO de crecientes redadas en contra de los trabajadores indocumentados y una nueva oleada de legislación anti-inmigrante al nivel estatal, el movimiento por los derechos de los inmigrantes, está debatiendo que es dable esperar y como reaccionar ante la legislación migratoria discutida en el Congreso, mientras construye redes de respuestas rápidas para proteger a la comunidad inmigrante contra las redadas.

Lo que está apareciendo es una estrategia condensada en la frase "legalización para todos", que consiste en rechazar cualquier propuesta legislativa que solo incluya en los programas de trabajadores huéspedes a los trabajadores indocumentados que hayan vivido en los EE.UU. por un período determinado de tiempo, excluyendo al resto.

Esta idea tiende a unificar tanto a las organizaciones que han aceptado el programa de trabajadores huéspedes como a grupos de militantes en derechos de los inmigrantes más radicalizados que se oponen a tales medidas por considerar que las mismas crean ciudadanos de segunda clase, según sostiene Nativo López, presidente de la Asociación Política Mexicano-norteamericana. "Legalización para todos, así como la desmilitarización de la frontera, se han transformado en una base mínima para la alianza", dijo López en una entrevista.

Basado en su experiencia en las recientes conferencias realizadas en Los Angeles el 19 y 20 de enero y en Phoenix el 3 de febrero, que juntaron una amplia gama de grupos pro inmigrantes y sindicatos, López dijo que cree que la mayoría de los activistas "no aceptan la idea de que se deba renunciar a los derechos adquiridos, como el debido proceso y su correspondiente revisión judicial, a cambio de una visa temporaria".

Como una alternativa a las propuestas de trabajadores huéspedes, López propone que todos los inmigrantes puedan buscar trabajo bajo el programa vigente de certificación del Departamento de Trabajo.

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DESDE LA primavera pasada, cuando en el movimiento el nivel de movilizaciones alcanzó un nuevo pico, el tema de los trabajadores temporarios se ha convertido en polémico.

Esas protestas reflejaron la unidad del movimiento por los derechos de los inmigrantes en oposición a la HR 4437, una propuesta de ley patrocinada por el representante republicano James Sensenbrenner de Wisconsin que hubiera puesto en situación delictiva a cerca de 12 millones de trabajadores indocumentados y a todos aquellos que los ayudasen.

Pero el movimiento se dividió sobre la legislación propuesta por el Senado, y promovida por el sector empresarial, que hubiera acrecentado la aplicación de la ley y creado un sistema de tres categorías de trabajadores huéspedes atando el status migratorio de los trabajadores a sus empleadores.

La propuesta definitiva de la ley, conocida como Hagel-Martínez por los dos senadores que la patrocinaron, fue tan mal vista, que incluso muchos de quienes al comienzo la apoyaron, opinaron que era mejor que ninguna legislación fuera aprobada antes de las elecciones de noviembre.

Ahora, son las grandes empresas las que están al timón de una nueva propuesta de ley migratoria del congreso con mayoría demócrata, y una vez más, el esfuerzo es apoyado por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y UNITE HERE, el sindicato textil y de personal de hotelería. Auto-titulándose la Alianza pro reforma Migratoria 2007, esta coalición llevó a cabo una conferencia de prensa telefónica el 18 de enero llamando a reintroducir una legislación basada en los principios de la Hagel-Martínez.

Presentada como el proyecto de ley S 2611 fue apropado por el senado pero no logró convertirse en ley. El proyecto Hagel-Martínez hubiera dividido a los trabajadores inmigrantes en tres categorías, y al menos 2 millones hubieran sido forzados a abandonar el país.

Esta división en tres categorías será la base probable para cualquier legislación futura, de acuerdo con Tamar Jacoby del neoconservador Manhattan Institute. "Existe la idea de que con los Demócratas [controlando el Congreso], las tres categorías serán desechadas", dijo en una conferencia de prensa. "Nadie de nosotros cree que esto ocurra".

Eliseo Medina vicepresidente del SEIU, que también estuvo en la conferencia de prensa telefónica, coincidió con Jacoby, aun cuando el sindicato dejó constancia de su oposición al sistema de tres categorías contenidos en el proyecto Hagel-Martínez, mucho después que el proyecto expiró cuando el anterior Congreso cerró.

Hagel-Martínez hubiera creado un engorroso "camino a la ciudadanía" para aquellos que hubieran vivido en el país cinco años o más, forzando a aquellos con más de dos años y menos de cinco a salir del país y re-entrar para solicitar una categoría temporaria, excluyendo al resto.

El Consejo Nacional de la Raza apoyó una vez más el programa de trabajadores huéspedes como parte de lo que los funcionarios de la organización llaman un arreglo necesario.

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) , como sea, ha cambiado su tono. A pesar de que el sindicato había apoyado la Hagel-Martínez, el presidente y la tesorera del SEIU, Andrew Stern y Anna Burger, escribieron hace poco al Senador Ted Kennedy (Demócrata por Massachussets) que ya que el proyecto de ley "afortunadamente murió," el nuevo Congreso debería tomar una perspectiva diferente.

Y agregaron: "El Congreso no debería estar satisfecho con un programa que legalizaría entre 6 y 8 millones, cuando alrededor de 11 a 12 millones de individuos están indocumentados viviendo dentro de nuestras fronteras". "Debemos enfrentar el hecho de que aún siendo respetuosos de las leyes, los trabajadores indocumentados que residen por muchos años, no van a salir del país voluntariamente."

Renee Saucedo del Centro La Raza, un grupo comunitario de San Francisco que da apoyo legal a jornaleros manifestó que si bien el SEIU retiró la palabra "huésped" y ahora aboga por un programa "nuevo trabajador", no ha cambiado el hecho que aun está colaborando con los empleadores para crear una amplia categoría de trabajadores con menos derechos.

"Están tratando de endulzarlo," dice Saucedo quien también es miembro del SEIU. "Ellos dicen que no se trata del viejo programa bracero donde estás atado a un empleador. Desafortunadamente no por eso es menos dañino. Los programas de trabajadores huéspedes condicionan el status migratorio al empleo, lo que facilita la explotación del trabajador inmigrante."

"No entiendo porqué un sindicato apoya esto cuando hay otras opciones," tales como una simple residencia, dijo ella.

Ana Avendaño, consejera general asociada de la AFL-CIO, también cree que un reordenamiento del proyecto Hagel-Martínez no desafiaría el marco legal que crearía ciudadanos de segunda clase entre los trabajadores indocumentados. Ella rechazó el argumento hecho por algunos que apoyan el proyecto Hagel-Martínez, tal el caso del representante Luis Gutiérrez, Demócrata por Illinois, que sostiene que un programa de trabajadores huéspedes al menos ofrece una alternativa humana al cruce de los desiertos en la frontera muchas veces mortales.

"Son trágicas las muertes en el desierto, pero todos los días un trabajador mexicano muere en su trabajo en los EE.UU., y esto es igualmente trágico", dijo. "No podemos enfocarnos solo en las muertes en el desierto e ignorar las muertes en los lugares de trabajo. Y al establecer un programa de trabajadores huéspedes es exactamente eso lo que hacemos."

Incluso si el sistema de categorías propuesto por el proyecto Hagel-Martínez es desestimado, el hecho es que los trabajadores huéspedes carecerán de sus derechos. Ya que la estrategia de "legalización para todos" puede ser interpretada para incluir el programa de trabajadores huéspedes, la unidad con respecto a este eslogan puede mover hacia la derecha a los grupos pro inmigrantes que en el pasado han abogado por la amnistía.

Así mientras el Congreso debate una legislación migratoria que creará un sistema de trabajadores temporales, el movimiento por los derechos de los inmigrantes estará una vez más envuelto en sus propios debates sobre si el compromiso es aceptable.

Cualquiera que sea la legislación que salga del Congreso, seguramente va a contener disposiciones más estrictas con el fin de capturar los votos de los republicanos y servir de pantalla derechista a los demócratas. Como lo declarara Jacoby del Manhattan Institute en la conferencia de prensa telefónica de la Alianza por la Reforma Migratoria 2007. "Hay que restablecer la mano dura y el imperio de la ley".

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LA MANO dura, por supuesto, ya está en su apogeo, con las redadas en fuentes laborales llevadas a cabo por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Interior (DHS), y con las policías locales que han comenzado a aplicar la ley federal de inmigración bajo presión de los políticos anti-inmigrantes.

Las legislaturas estatales propusieron un total de 550 proyectos de ley anti-inmigrantes en el año 2006, 75 de las cuales se convirtieron en ley, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Legisladores en Georgia, Arizona, Virginia, Colorado, Texas, Carolina del Sur y otros estados han redactado sus propias leyes al estilo de la Sensenbrenner que impide el acceso de los indocumentados en las escuelas públicas, en la ayuda social, niega licencias de conducir, y mucho más. Un legislador de Arizona desea impulsar un plebiscito para penalizar dentro de su estado a los indocumentados.

Los federales, sin tener una legislación del congreso que los avale, ponen el tono para estos ataques con altamente publicitadas redadas, como la realizada por la migra a las plantas faenadoras de carne de Switf & Co, llevada a cabo en seis estados el pasado mes de diciembre. En la ocasión 1.282 trabajadores fueron arrestados, 247 de ellos acusados de robo de identidad, y para mediados de febrero 300 habían sido deportados. En la actualidad continúan las deportaciones de acuerdo al ICE.

Martín Unzueta, quien es parte del Chicago Workers Collaborative, un grupo por los derechos laborales de los inmigrantes, dice que las acusaciones por robo de identidad son un pretexto. "Los trabajadores que compran un número falso de seguridad social no tienen idea a quien pertenece, y muchos números ni siquiera existen", dijo Unzueta, quien está ayudando a organizar una red de respuestas rápidas para aquellos afectados por las redadas en el área de Chicago.

Más aún, en las redadas a Swift, obreros latinos fueron racialmente discriminados, segregados de los afro-americanos y anglosajones por agentes del ICE armados hasta los dientes, señaló Avendaño de la AFL-CIO. Al mismo tiempo el castigo para los empleadores luego de estas redadas no ha sido más que simbólico.

Al contrario, funcionarios del DHS han estado presionando a los empleadores para que ellos mismos se conviertan en agentes migratorios. Esto requiere que se expanda el programa piloto que verifica los números de la seguridad social en una base de datos en línea, la que es frecuentemente incorrecta, a uno más extenso conocido como el Acuerdo Mutuo del ICE entre Gobierno y los Empleadores ( IMAGE por sus siglas en inglés).

Bajo IMAGE, los empleadores le permiten al ICE monitorear los documentos de status migratorio, conocidos como "formularios I-9", así como los números de seguridad social. "Lo positivo para quienes participan es que ellos están mejor equipados para saber si su fuerza laboral es legal, y es menos probable que ICE llegue a golpear a sus puertas inesperadamente, interfiriendo con sus actividades," dijo el agente del ICE Matthew Allen al Washington Post. "Es una inversión el mantener una fuerza laboral segura."

Smithfield Food obtuvo un reembolso en la inversión en IMAGE en enero pasado cuando agentes del ICE arrestaron a 21 trabajadores en la enorme planta procesadora de puercos que la compañía posee en Carolina del Norte, allí donde la empresa viene resistiendo ferozmente a la sindicalización de los trabajadores por años.

"Uno puede decir que [los funcionarios del ICE] están tratando que los empleadores se comprometan más con el programa de verificación y la alternativa presidencial de un amplio programa de trabajadores huéspedes", dijo López.

Acordando en el mismo sentido Justin Akers Chacón, coautor del libro No One is Illegal, expresó: "Aunque los empleadores puedan ser 'castigados' por sus acciones, ellos no constituyen el verdadero blanco". "Identificar y arrestar trabajadores indocumentados, o demostrar el potencial para hacerlo, es una estrategia para presionar el acatamiento de los sindicatos con el programa de trabajadores huéspedes, y para condicionar a los trabajadores a un rol pasivo".

Avendaño espera que esta modalidad continúe. Mientras los empleadores necesitan el trabajo de los inmigrantes, ellos pueden evadir las penalidades si colaboran con la DHS seleccionando a determinados trabajadores a fin de intimidar al resto, manteniendo los bajos salarios y no permitiendo la sindicalización de los trabajadores, a la vez que, dijo Ana Avendaño "tener a su disposición un interminable fondo de mano de obra para poder explotar".

"En los procedimientos de aplicación de la ley se ignoran los derechos civiles y de los trabajadores", y agregó, "Ahora vemos más autorizaciones para que la policía local actúe como agentes de la ICE".

En el futuro, un constante flujo de cartas federales "No match" señalando discrepancias entre los números de seguridad social del trabajador y los que se encuentran en los archivos del gobierno va a incrementar la presión.

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EE.UU. no va a deportar a los doce millones de trabajadores indocumentados, pero ha creado un aparato de aplicación de la ley por medio de la cual podría deportar a cualquiera de ellos en cualquier momento, dando así una enorme ventaja a los empleadores.

El Congreso no se interesa en las violaciones a los derechos humanos. "En el congreso no hay nadie que quiera tomar medidas en estos temas", dijo Avendaño, señalando que el Senador Jeff Sessions, Republicano por Alabama, recientemente obtuvo una votación de 94 a 0 a favor de una enmienda al proyecto de ley del sueldo mínimo que prohíbe a las compañías contratar trabajadores indocumentados por siete años a menos que adhieran al programa piloto básico, que las haría inmune a tales penalidades.

Por fuera de los lugares de trabajo, los agentes de la ICE agresivamente se han desplazado hacia los barrios inmigrantes, por ejemplo con la Operación Wrangler que supuestamente estaba dirigida a inmigrantes envueltos en la distribución de drogas, o la Operación Return to Sender, dirigida a aquellos que han fallado en cumplir con las ordenes de deportación.

Fue nada menos que el secretario del DHS, Michael Chertoff quien dejo escapar que las redadas eran parte de una perspectiva migratoria de buen-policía-mal policía de la administración Bush.

"Cada vez que un agente de la Guardia Fronteriza transporta un cargamento de personas que se desempeñarán en el servicio doméstico o jardineros a algún lado para ser retornados, no está buscando narcotraficantes ni cargamentos de drogas," Chertoff les dijo a los reporteros en la Ciudad de México el 16 de febrero. "Así que para mi, una reforma migratoria completa que tome en cuenta a los inmigrantes económicos de hecho facilitaría la aplicación de la ley, porque nos permitiría enfocarnos más en la gente que nosotros no queremos en el país bajo ninguna circunstancia, o sea los criminales y gente peligrosa."

Con la mano dura del ICE y los gobiernos estatales por un lado y las maniobras políticas del Congreso por el otro, el movimiento por los derechos de los inmigrantes esta desarrollando planes de protesta, cabildeo y campañas de defensa en las semanas y meses venideros, dijo Jose Artemio Arreola, miembro del concejo ejecutivo del Local 73 de la SEIU en Chicago y una figura clave en el Movimiento 10 de Marzo, que organizara la primera marcha masiva del año pasado.

Mientras solo algunos de los grupos por los derechos de los inmigrantes que el año pasado lideraron las marchas han asumido el llamado a repetir el boicot del 1ro de Mayo, ese día seguramente se transformará en un foco de renovado activismo por los derechos de los inmigrantes.

"No quiero que ninguno sea excluido," de la legislación migratoria, dijo Arreola. "Necesitamos aumentar la presión."

Traducido por Orlando Sepúlveda y Roberto Platzer

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