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LO QUE PENSAMOS
¿Le hará justicia Washington a los inmigrantes?

abril-mayo de 2007

SI DEPENDIERA del grueso del pueblo, los aproximadamente 11 a 13 millones de inmigrantes indocumentados en este país tendrían derecho a solicitar la ciudadanía. Esta es la conclusión de un nuevo sondeo de la firma Gallup, que encontró que el 78 por ciento de los encuestados favorecían la legalización.

Pero de acuerdo a los políticos que nos gobiernan, las opciones que ofrecen son muy diferentes.

Primero, está la propuesta de George W. Bush de forzar a una pequeña minoría de los inmigrantes a pagar una multa de $10,000 para a ser elegible para la ciudadanía--mientras que el resto estaría reducido a una condición permanente de ciudadanos de segunda clase, como trabajadores huésped con visas tipo "Z".

Mantener la visa Z por tres años requeriría el pago de una multa inicial de $3,500-- seguido de otro pago de $3,500 cada vez que se renueve. Esto convertiría al gobierno federal en el equivalente de los subcontratistas de empleos que chantajean a los trabajadores temporales para conseguirles trabajos en EE.UU.

La reunificación de las familias sería explícitamente prohibida bajo el plan de Bush, forzando a los millones que trabajan para mantener a sus familias a abandonar toda esperanza de volver a vivir con sus seres queridos. Además, el programa de trabajadores huéspedes no entraría en vigor hasta después de que 570 millas de muralla sean construidas en la frontera entre EE.UU. y México.

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EN VISTA del plan de Bush, muchos inmigrantes y sus defensores han decidido darle una oportunidad a la legislación propuesta conjuntamente los por representantes Jeff Flake (Republicano de Arizona), un conservador, y Luis Gutiérrez (Demócrata de Illinois), un liberal con una reputación como defensor de los derechos del inmigrante.

Esta legislación, conocida como la ley para la Seguridad a través de Inmigración Regularizada y de una Economía Vibrante (STRIVE, por sus siglas en inglés), a primera vista parece ser razonable. Aparenta conceder la eterna promesa del "camino a la ciudadanía" para los indocumentados.

Pero un examen detenido revela que la ley STRIVE pospondría la ciudadanía por lo menos 15 años--esto si el indocumentado puede sobrepasar una serie de obstáculos y pagar multas significativas.

E igual que el plan de Bush, bajo la ley STRIVE los procedimientos de legalización dependerían de que una serie de medidas punitivas fueran promulgadas previamente. STRIVE incorpora medidas represivas que eran parte de la horrenda ley sometida ante la Cámara de Representantes el año pasado, la infame HR 4437, también conocida como la ley de Sensenbrenner--el legislador que la propuso.

No obstante, la ley STRIVE ha dividido al movimiento pro derechos del inmigrante. Algunas organizaciones alegan que a pesar de todas sus fallas, STRIVE por lo menos aliviaría las redadas y las deportaciones, y permitiría conseguir la ciudadanía eventualmente.

Sin embargo, STRIVE sí cumple con los requisitos de las empresas con un suministro constante de mano de obra barata con menos derechos que el resto de los trabajadores--y también un alivio de las redadas de la migra que interrumpen el funcionamiento de las empresas. Por eso STRIVE ha sido endosada por el Foro Nacional de Inmigración (NIF, por sus siglas en inglés), que es controlado por los patrones.

Pero también muchas organizaciones comprometidas históricamente con los derechos del inmigrante apoyan la ley STRIVE.

Agrupadas en la Coalición para la Reforma Completa de la Inmigración (CCIR, por sus siglas en inglés), la lista de miembros incluye no sólo a la NIF, sino también a los sindicatos UNITE HERE, la Unión Internacional Empleados del Servicio (SEIU), y la unión de trabajadores agrícolas (UFW), y organizaciones como el Concilio Nacional de La Raza, el Centro para el Cambio de la Comunidad y la Coalición para Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois.

El CCIR se opone a ciertos aspectos de STRIVE, tal como el requisito hacer regresar a los inmigrantes a sus países de origen para hacerse elegibles. Pero Clarissa Martínez, portavoz de la coalición, dijo que el grupo endosó a STRIVE porque "la ley presenta la arquitectura adecuada para tratar este asunto".

Los grupos con buenos recursos económicos, y con más influencia, dentro de CCIR han tratado de debilitar los esfuerzos para organizar protestas pro derechos del inmigrante en semanas recientes, inclusive los planes para el primero de mayo. No obstante, los activistas a nivel local han decido enfrentar este desafío, desenmascarando las fallas mortales de la ley STRIVE y poniendo presión a favor de una amplia legalización sin medidas represivas.

"Lo llamamos 'Sensenbrenner Liviano'", dijo a un periodista Alexis Mazon, miembro de la Coalición de Derechos Humanos, basada en Tucson, Arizona, y activista de la Coalición Primero de Mayo de Tucson. "Muchas de las provisiones contenidas en HR 4437 se encuentran en HR 1645 [la ley STRIVE] ...Es una propuesta destinada al criminalizar a toda la población inmigrante".

La ley STRIVE no es simplemente un vehículo para la reforma de las leyes de inmigración. Al contrario, es una tentativa de arrinconar a los partidarios de los derechos del inmigrante para que apoyen una campaña corporativa que busca asegurarse un grupo vulnerable de trabajadores con bajos salarios que tienen en el mejor de los casos derechos limitados. Hemos visto algo similar no hace mucho. Después de las masivas demostraciones pro-inmigrantes de la primavera del año pasado--que culminaron con la marcha de millones el primero de mayo--los planes de la derecha anti-inmigrante fueron derrotados cuando la ley Sensenbrenner fue detenida. Fue un despliegue poderoso de la importancia de las protestas para parar los ataques de la derecha.

Luego la legislación del Senado que autorizaba un programa de trabajadores huéspedes y el aumento de medidas represivas fue presentada como la "alternativa". Entonces una sección substancial del movimiento pro derechos del inmigrante se opuso también a la ley del Senado precisamente por estas dos provisiones.

En vez de escoger entre las medidas severas de Bush y la ley STRIVE con su proceso sumamente limitado de legalización y su programa de trabajadores huéspedes, el movimiento pro derechos de los inmigrantes debe decirles NO a ambas--y seguir organizando para exigir que las leyes de inmigración provean igualdad y el derecho de conseguir la ciudadanía para todos.

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