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Mitos y realidades de la propuesta STRIVE
abril-mayo de 2007
JUSTIN AKERS CHACÓN, coautor con Mike Davis de No One Is Illegal: Racism and State Violence on the U.S.-Mexico Border, examina la propuesta bipartidaria en la que parte del movimiento pro-inmigrante tiene esperanzas.
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UN AÑO tras las masivas marchas pro-inmigrantes que detuvieron la represiva legislación propuesta por los congresistas republicanos, la administración de Bush está lista para revelar su nueva propuesta para subastar la mano de obra barata y vulnerable de inmigrantes a las corporaciones, aplicar la ley con mano dura, y hacer más difícil el proceso de ciudadanía para los indocumentados.
Según Ben Feller de Associated Press, la propuesta de Bush "daría visas de trabajo a los indocumentados, pero les obligaría a volver a su país de origen y pagar pesadas multas antes de hacerse residentes legales de EE.UU. Tendrían que solicitar visas laborales de tres años, llamadas visas 'Z', renovables indefinidamente por $3.500, cada vez...
"Los trabajadores indocumentados conseguirían estatus legal con esas visas, pero para hacerse residentes legales permanentes con una tarjeta verde, tendrían que volver a su país natal, solicitar la re-entrada legal en una embajada o consulado de EE.UU y pagar una multa de $10.000. Éste es un proyecto de ley mucho más restrictivo que el aprobado por el Senado el año pasado."
La propuesta de Bush también separaría a las familias inmigrantes. Según el Washington Post: "en un nuevo giro, se pondría a disposición de trabajadores especializados más tarjetas verdes, pero se haría limitando las visas para padres, hijos y hermanos de ciudadanos estadounidenses. Los trabajadores temporales no podrían traer sus familias al país."
Muchos en el movimiento pro-inmigrante tienen esperanza en que el nuevo Congreso Demócrata proveerá una alternativa a lo de Bush y los Republicanos, pero lo que los Demócratas buscan es un arreglo que los ultra-conservadores en el partido Republicano puedan aceptar.
El resultado es un proyecto de ley--escrito por dos miembros de la Cámara, el Demócrata liberal Luis Gutiérrez y el Republicano conservador Jeff Flake--llamado "Seguridad a través de una inmigración regularizada y de una economía dinámica", conocido por sus siglas en inglés como "STRIVE Act". El proyecto incluye un programa bracero, mezclado con los componentes sobrevivientes de la intentona de criminalizar a los indocumentados de año pasado, encabezada por el representante James Sensenbrenner (R-Wis.)
Lleno de medidas punitivas, el proyecto STRIVE es presentado como una oferta que la derecha no puede rechazar. Por eso, urge que el movimiento pro-derechos de inmigrantes distinga el mito de la realidad en el proyecto STRIVE.
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MITO
El proyecto STRIVE otorgaría la amnistía a los indocumentados.
REALIDAD
A pesar de la azorada retórica de la derecha contra la cláusula de "amnistía", quienes confeccionaron la propuesta senda a la legalización se aseguraron de hacerla restringida, indirecta y sujeta a fuerzas fuera del control del inmigrante.
Primero, la mayoría de los 11-13 millones de indocumentados en el país (esos entre 21 y 65 años de edad, que no sean miembros del ejército, sin una discapacidad física y que no son la única cabeza del hogar) tendrán que salir del país dentro de los primeros 90 días desde el comienzo del proceso de solicitación. Consiguientemente, tienen que pagar una multa de al menos $2.000, además de los impuestos tardíos, presentar prueba de su estadía y empleo regular antes y desde junio primero del 2006.
La corriente ley niega la legalización a los que usen documentos fraudulentos para conseguir trabajo, o sea alrededor del 75 por ciento de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos. Y aunque el proyecto STRIVE da a los agentes migratorios el poder de anular esta provisión, tampoco les obliga. Además, el proyecto niega la legalización a los condenados por un delito mayor o tres delitos menores.
Sin lugar a duda, estas medidas excluirán a muchos indocumentados, incluyendo los que temen perder su trabajo durante el proceso de solicitación. Muchos no podrán arriesgar sus sueldos o pagar los miles de dólares en multas, transporte y alojamiento para volver a su país de origen.
También excluidos estarán los que entraron al país después del 1° de junio de 2006, o los que salieron del país por poco tiempo desde esa fecha, o los que se encontraron sin empleo (o sin la manera de presentar prueba de empleo) durante ese período.
Por último, los individuos agentes de la migra, quiénes se preparan para buscar razones de negar las aplicaciones, tendrían la última autoridad para determinar si el solicitante está conforme a las reglas o no.
Para aquellos que cumplan con los requisitos del proyecto no recibirán la residencia permanente, sino un "estatus no-inmigrante condicional", un período de espera de seis años en que tendrán que mantenerse empleados consistentemente y dominar el inglés, para encontrarse "al final de la cola" detrás de los millones de solicitantes que aun esperan. (Actualmente se estima una espera de 5-7 años por una residencia permanente. El proyecto STRIVE incluye provisiones para apresurar el proceso. La ley vigente requiere un residencia de cinco años antes de conseguir la ciudadanía.)
Y si por fortuna un trabajador inmigrante indocumentado logra cumplir todas las etapas incluidas en el proyecto STRIVE, puede hacerse ciudadano sólo después de al menos 15 años--una de las provisiones del proyecto que su coautor Jeff Flake ha hecho notar para vendérselo a los conservadores.
Aunque algunos de los indocumentados al fin y al cabo podrían legalizarse, muchos--quizás millones--se quedarán al borde del camino.
Además, el estatus "no-inmigrante condicional" hará a muchos trabajadores dependientes de sus posiciones--y por ende, más dispuestos a aceptar malas condiciones de trabajo y sueldos más bajos, por temor a ser despedido por sus empleadores.
Además de introducir anualmente cientos de miles de inmigrantes a un programa de "nuevos trabajadores", el proceso creará una gran y permanente base de trabajadores no ciudadanos, dependientes y atados a su empleador.
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MITO
El programa de "nuevos trabajadores" del proyecto STRIVE otorga más protecciones obreras que los programas braceros tradicionales.
REALIDAD
El programa de "nuevos trabajadores" del proyecto STRIVE introduce una vez más los desacreditados programas braceros de ayer y de hoy.
Bajo la propuesta, trabajadores extranjeros podrán conseguir el empleo temporal en EE.UU por un período de dos o tres años. Cada año, se seleccionarían 400.000 potenciales trabajadores (hasta un máximo de 600.000 en los años venideros) quiénes tendrán que pagar una tarifa de contrato de hasta $1.500 y salir bien en un examen de salud.
Aunque estos trabajadores tendrían el derecho al "sueldo imperante," la propuesta es vaga acerca de los mecanismos de compulsión para prevenir el abuso por parte de los empleadores, el sello más distintivo de los previos programas braceros.
Los braceros estarían obligados a un simple empleador y tendrían que trabajar durante todo el período del contrato. Cualquier cese de empleo podría considerarse una violación del contrato, lo que permitiría al empleador mandar deportado al trabajador.
Los trabajadores podrían dejar un empleador abusivo, pero sólo si pueden conseguir otro puesto de antemano con otro empleador, quién debe ofrecerles el trabajo oficialmente después de registrarse con el gobierno para participar en el programa.
Si un trabajador sale de un sitio de trabajo sin notificación, podría ser calificado de "ilegal" y sujeto a deportación si no se integra a una plaza de empleo registrada dentro de 60 días. Todos los trabajadores temporales serían monitoreados por medio de un "Sistema de Manejo de Empleo de Extranjeros", para facilitar su identificación si se salen de un sitio de trabajo.
Además, la propuesta no garantiza el derecho de afiliarse a una unión. Lo que contribuiría aún más a la vulnerabilidad del empleado con respecto a un empleador que viole las provisiones del acuerdo.
Lo más atractivo de la propuesta para los empleadores es la negación de libertad de movimiento y asociación del trabajador y de su derecho a participar en negociaciones colectivas libres.
A diferencia del antiguo programa bracero y otros trabajadores huéspedes, el proyecto STRIVE entregaría trabajadores a casi todos los sectores de la economía. Los empleadores esperan beneficiarse de su control de los trabajadores huéspedes para bajar los sueldos a través de toda la economía y para reducir la presencia de sindicatos en las plazas laborales.
Además, el proyecto STRIVE no garantiza un paso a la ciudadanía para los trabajadores huéspedes. Ellos tendrían que trabajar por dos períodos de tres años antes de aplicar. Luego tendrían que salir del país, pagar una cuota de $2.000 y producir evidencia de empleo para volver a EE.UU.
Si la solicitación fuera aprobada, ellos recibirán un "estatus no inmigrante condicional" de dos años, durante el que tendrían que llegar a dominar el inglés y trabajar continuamente antes de solicitar la residencia permanente legal (lo que podría tardar varios años más, dependiendo del atraso).
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MITO
El proyecto STRIVE es una alternativa humana a las duras provisiones del proyecto de ley Sensenbrenner.
REALIDAD
El texto del proyecto STRIVE dice que la ley, "lograría el control operacional de las fronteras internacionales de EE.UU." En otras palabras, ambos aspectos de la política migratoria, externos e internos, van a militarizarse aún más como una precondición para la legalización de inmigrantes indocumentados.
El plan para la militarización externa incluye doblar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza (a unos 24.000) antes de 2012, con énfasis en el reclutamiento de veteranos militares con experiencia en patrullas fronterizas en Irak y Afganistán. También, el proyecto agregaría unos 1.200 agentes más al Immigration and Customs Enforcement (ICE) para investigar "crímenes de inmigración".
El proyecto STRIVE también proveerá más recursos para militarizar la frontera--100 helicópteros, 250 motoras, vehículos aéreos no tripulados, cámaras, sensores, satélites y radares entre otros. Nuevas instalaciones de control fronterizo incluirían puestos de observación, alojamiento para agentes y barreras de vehículos.
El énfasis en la militarización se extendería al interior de EE.UU. La propuesta incluye el desarrollo de una base de datos biométrica nacional para monitorear a todos los inmigrantes y un "Sistema Electrónico de Verificación de Empleo" para identificar a los indocumentados que traten de conseguir trabajo.
La legislación crearía al menos 20 nuevas instalaciones federales de detención con espacio para alojar a unos 20.000 detenidos.
ICE recibiría fondos para 2.200 agentes específicamente para "aplicar la ley en los lugares de trabajo," así como bases de datos para cada agente, nuevas radios, sistemas GPS, equipos de visión nocturna, armadura corporal y más vehículos de patrulla.
Las multas para los indocumentados también aumentarían. Los que cruzan la frontera sin papeles serán criminalizados y sujetos a seis meses en prisión por la primera violación; dos años por la segunda, y cinco años por la tercera. El uso de pasaportes o visas fraudulentos podría conllevar 15 años de prisión.
Los empleadores también enfrentarían sanciones mayores. Los que a sabiendas emplean a un indocumentado estarían sujetos a una multa de $5.000 y tres años de prisión.
Loa policía local se vería cada vez más involucrada en la aplicación de leyes migratorias. El proyecto STRIVE permitiría al gobierno federal otorgar poderes a las agencias policiales locales para trabajar con agentes de la migra, y llevar a cabo operaciones hasta 100 millas de la frontera y en áreas de "gran impacto"--es decir, cualquier comunidad en el país donde se concentran inmigrantes.
El proyecto también daría a los gobernadores estatales la región fronteriza del sur el derecho de despachar la Guardia Nacional para apoyar el patrullaje de la frontera.
Como si esto no fuera poco, el proyecto STRIVE permite a la policía local de actuar como agentes de ICE, declarando que "los agentes policiales de un estado o una subdivisión política de un estado, tienen la autoridad inherente de una entidad soberana de investigar, apresar, arrestar, detener o transferir a la custodia federal (incluso el transporte a través de fronteras estatales a los centros de detención) a un extranjero por el propósito de ayudar en la ejecución de las provisiones criminales de las leyes migratorias de EE.UU en el transcurso normal de cumplir los deberes policiales de tal personal."
El apoyo bipartidista al proyecto STRIVE revela la importancia de la "reforma migratoria comprensiva" para los planes de las corporaciones de quitarle poder a los trabajadores en EE.UU. Aunque el partido Republicano sufrió una derrota a manos del movimiento de masas pro-inmigrante durante la primavera pasada, el bastón ahora ha pasado al Congreso Demócrata para salvar la visión de las corporaciones.
Para los que están comprometidos con una visión diferente--una basada en la legalización para todos con derechos plenos, la democratización de la sociedad y el fortalecimiento de los trabajadores--la lucha sigue en las calles y en los sitios laborales en todas partes de EE.UU.
Traducción: Brian Chidester y Orlando Sepúlveda
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