MÁS DE 2000 personas acudieron a un rally pro-inmigrante en la plaza federal de Chicago el 10 de marzo, denominado el primer evento en los "50 días de acción" hasta el 1 de mayo en favor de reforma migratoria integral.
El evento fue organizado para conmemorar el primer aniversario de la marcha masiva que tomó la ciudad por sorpresa, caundo cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar la propuesta represiva de Sensenbrenner, que criminalizaba a los indocumentados y quienes les apoyaban.
Este año, los organizadores se enfocaron en los crecientes ataques anti-inmigrantes, como la intimidación de trabajadores inmigrantes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en redadas en Arlington Heights, Illinois, y en New Bedford, Massachusetts. Las demandas del rally incluyeron un alto a las redadas y deportaciones de trabajadores indocumentados, al uso de las cartas "no-match", y una legalización incondicional para todos.
Margarita Klein, organizadora del sindicato UNITE-HERE, habló sobre las inquietudes de muchos en el público: "Muchos creen que el problema de una reforma migratoria está "casi" resuelto, pero la verdad es que estamos muy lejos de una solución real que permita a miles de trabajadores y trabajadoras laborar en paz, libres de temor y persecución.
"Que no nos juzguen, porque un año después no tenemos una mega manifestación. Que nos juzguen por nuestras demandas continúan siendo las mismas: No al programa de trabajadores huéspedes; amnistía para todos, que nadie quede fuera, que ningún trabajador quede expuesto al abuso y la explotación de patrones sin escrúpulos y que queden sin derecho a organizarse".
Un organizador del Comité 10 de Marzo, Jorge Mújica, exhortó a la gente a organizar más personas para la marcha del Día Internacional del Trabajador el primero de mayo.
Otros participantes se comprometieron a tomar parte en una red de respuesta rápida para hacer frente a las redadas y las deportaciones que han aumentado en los últimos meses. Pero no existe acuerdo entre las organizaciones pro-inmigrantes de cómo enfocar sus recursos y su actividad política.
Unos consideran más eficaz el cabildeo que la organización de base y las protestas de masas. Este debate se agudizará sobre qué tipo de reforma debemos aceptar y qué acción tomar, después de la introdución del proyecto de ley de los congresistas Gutiérrez y Flake como la única opción "humanitaria" de reforma migratoria integral, antes de los comicios presidenciales de 2008.
La iniciativa de ley llamada "Seguridad a través de una inmigración regularizada y de una economía dinámica", conocida por sus siglas en inglés como "STRIVE", incluye siete capítulos que cubren varios aspectos de la cuestión migratoria – en primera instancia, "la seguridad nacional".
Alarmantemente, incluye la creciente militarización de la frontera EE.UU. con México y un aumento significante de agentes y patrullas fronterizos (por 15,350) mientras requiere que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) asigne 20% más patrullas fronterizas cada año a la frontera con Canadá. El Departamento de Defensa trabajará en conjunto con DHS para incrementar el uso de equipo militar de vigilancia. DHS recibirá fondos para construir por lo menos 20 centros de detención más en el país, con la posibilidad de detener unos 20,000 inmigrantes.
El proyecto de ley contiene un programa de legalización para millones de indocumentados que entraron al país antes del 1 de junio de 2006. Primero, después del pago de una multa de $500 y de que sus huellas digitales sean tomadas, los aplicantes obtendrán el estatus de trabajador "no-inmigrante temporero." En este período tendrán que salir de Estados Unidos una vez para re-entrar legalmente al país.
Luego de los seis años, para ser aceptados deberán enseñar evidencia de un contrato laboral, el pago de una multa de $1,500 dólares, el pago de impuestos, dominio del ingles, conocimiento de historia del país y no tener antecedentes criminales.
Pero las solicitudes no se aceptarán hasta que el DHS determine que la frontera es segura y el sistema de verificación de empleados está en orden; y hasta que se arreglen todas las solicitudes pendientes de inmigrantes que ya han esperado por más de 10 ó 15 años la aprobación de visas. Es decir las legilación se pospone hasta un futuro indeterminado no menor de seis años.
El proyecto de ley también establece la emisión de 400,000 visas H-2C por un período de tres años --renovable por otros tres-- dentro de un "programa de nuevos trabajadores" destinado a nuevos inmigrantes que serán obligados a pagar 500 dólares, mostrar evidencia de un contrato laboral establecido antes de entrar, y presentarse para un examen médico.
La propuesta fue presentada por el representante Luis Gutiérrez en una audiencia pública en Chicago el 24 de marzo. Según el congresista, "no es un programa de amnistía...es un programa de trabajo". Si uno sigue trabajando los seis años, y se han resuelto todos los casos de inmigración pendientes, después de este período se puede solicitar la residencia permanente. Pero
Ante las preguntas del público, Gutiérrez tuvo que conceder algunos problemas con la propuesta. Un trabajador con discapacidad a causa de su trabajo le preguntó si calificaría para el programa. El congresista insistió en que uno tenía que poseer la capacidad de trabajar para participar.
Otros le preguntaron sobre la necesidad de presentar sus huellas digitales al gobierno. Su respuesta fue contundente: El programa es para los de 'buen carácter moral'. "Si te has portado mal, chico, pues lárgate ya para que nosotros podamos legalizarnos." Sin embargo, incluyen entre los "crímenes" que le descalifica a uno el uso de un número de Seguro Social de ciudadano (el robo de identidad), el manejar ebrio y la acusación de ser miembro de pandilla.
La ley concede visas a los familiares que están fuera de Estados Unidos con el fin de reunir a las familias divididas. Pero muchas familias serán excluidas.
"Los inmigrantes que hayan hecho uso ilegal de un número de Seguro Social, se hayan declarado culpables en un juicio y recibieron una orden de deportación, no podrán beneficiarse de esta ley", dijo Ricardo Meza, consejero para el Medio Oeste de Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF). "El ejemplo más claro es el de Elvira Arellano" (la inmigrante mexicana que decidió refugiarse en una iglesia al oeste de Chicago tras desobedecer una orden de deportación).
Según el representante Luis Gutiérrez, si no se aprueba esta ley, habrá más redadas y más deportaciones. Pero entre las disposiciones del proyecto están varios requisitos que hacen más probables las deportaciones.
Por ejemplo, si uno está desempleado (es decir, sin empleo oficial que se puede comprobar con el gobierno) por más de 60 días, tendrá que salir del país y solicitar una vez más su participación en el programa. Este requisito fomenta el abuso laboral, ya que los trabajadores inmigrantes tendrán que mantener el empleo a pesar de pésimas condiciones para seguir en el programa de legalización.
Lo que viene es un intenso período de educación y discusión para los activistas pro-inmigrantes, para así entender las verdaderas consecuencias de la propuesta STRIVE.
Hasta ahora los políticos y los grupos liberales y sindicales que apoyan la propuesta sólo han discutido las "oportunidades" de legalización--supuestamente "para todos", pero que en realidad excluyen a muchísimas personas a causa de su estado financiero, su récord "criminal" o su falta de empleo oficial.
La propuesta para aumentar la militarización de las dos fronteras de EE.UU. como parte de la "seguridad nacional" también son problemáticas ya que tratan la cuestión de inmigración como una parte de "la guerra contra el terrorismo". Y el programa de "trabajadores nuevos" fomenta la posibilidad de abusos laborales y deportaciones de inmigrantes, igual que los programas de trabajadores "huéspedes" de años atrás.
El movimiento pro-inmigrante va a sentir mucha presión por parte de los Demócratas para aceptar y abogar por la propuesta STRIVE como la única alternativa. Pero ésta no es la única alternativa--todavía las demandas del movimiento por legalización para todos, reunificación familiar, no a la militarización de la frontera, y no a los programas de trabajadores temporeros, están presentes.
Por eso los próximos pasos para los activistas deben incluir foros para educar al pueblo sobre las propuestas y las verdaderas alternativas para la reforma migratoria. También debe incluir el activismo como arma para defender los derechos de los inmigrantes a trabajar y vivir sin miedo. Será necesario organizar las bases y alzar la voz el primero de mayo para reclamar los derechos de los inmigrantes y de todos los trabajadores. Sólo la presión pública dará a conocer la demanda de justicia para todos.
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