HABIENDO SIDO exitosa en su esfuerzo para negar a doce millones de indocumentados un sendero a la ciudadanía, la xenófoba derecha nativista de este país ahora está enfocando su energía en las legislaturas locales, estatales y municipales.
Allí, los nativistas están experimentando con una serie iniciativas legislativas, regularmente donde no existe organización pro-inmigrante fuerte, dirigidas a hacer la vida de la gente indocumentada más difícil y forzarlos a salir, o a buscar alternativas para removerlos, de sus localidades.
Docenas de municipalidades han votado, o están considerando votar, ordenanzas que prohíben la contratación o el arriendo de viviendas a indocumentados, o quieren hacer el inglés la lengua oficial de la localidad, etc.
Afortunadamente, el fallo de una corte federal en Pennsylvania la semana pasada contra una ordenanza aprobada por Hazelton, Pa., "debiera ser una clara luz roja para las autoridades locales pensando en copiar[la]", como dijo Witold Walczak, Director Legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en ese estado.
"Las leyes como la de Hazelton están diseñadas para hacer la vida miserable a millones de inmigrantes. Ellas promueven desconfianza hacia los extranjeros, incluyendo aquellos aquí legalmente, y alimentan la xenofobia y la discriminación, especialmente contra latinos", agregó Walczak en un comunicado de prensa de ACLU.
A nivel estatal, la gobernadora de Arizona, la Demócrata Janet Napolitano, firmó el 2 de julio el Acta de Trabajadores Legales que prohíbe a empleadores contratar trabajadores indocumentados. Leyes similares existen en Colorado, Georgia y Oklahoma. La decisión de la corte hace posible la derogación de éstas ya que uno de los fundamentos del fallo es que la constitución no permite la diferenciación de derechos al hacer un contrato.
Pero el movimiento nativista tiene sus ojos puestos en la sección 287(g) del Acta para la Reforma de Inmigración y la Responsabilidad Inmigrante, firmada por el presidente Bill Clinton en 1996. "Es la respuesta perfecta para la aplicación de la ley de inmigración a nivel local y estatal", dice James Carafano de la conservadora Heritage Foundation.
Según la Agencia de Aduanas e Inmigración (ICE), 287 (g) "autoriza al secretario del Departamento de la Seguridad Patria a entrar en acuerdos con agencias de aplicación de la ley en estados y localidades, permitiendo designar oficiales para aplicar leyes migratorias".
Tales oficiales "investigar[í]an crímenes violentos, tráfico humano, crimen organizado, ofensas sexuales, tráfico de narcóticos y lavado de dinero". Pero las historias de éxito mostradas por el ICE en su sitio de Internet habla de gente arrestada por casos de documentos fraudulentos.
De acuerdo a los nativistas se trata sólo de hacer respetar la ley, pero sus pancartas leyendo "¿Qué parte de ilegal no entiendes?" se encuentran en las mismas demostraciones en que se enarbolan banderas confederadas y nazis. Por seguro, estos ciudadanos apoyarían la re-segregación tipo jimcrow, no por ser racistas, sino por respetar la ley.
Waukegan, IL., a pesar de la oposición de miles de residentes que se apostaron afuera de la reunión del concejo municipal, aprobó peticionar para el programa 287(g). En esta ciudad, a una hora de Chicago, la policía tiene un prontuario de incidentes de racismo.
Diego Bonezatti, de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) escribió en respuesta a Eric Zorn del Chicago Tribune: "La preocupación [de los latinos en Waukegan por el voto del Concejo] se basa en experiencias previa con el departamento de la policía y la ordenanza de requisición de vehículos, que es percibida por la comunidad latina dirigida hacia ellos."
En el Condado de Maricopa, Ariz., que desde mayo del 2006 es parte de este programa, Joe Arpaio, "el sheriff más duro de la nación", muy bien conocido por discriminación, ahora ha establecido una línea telefónica para recibir información acerca de posibles indocumentados, creando una cacería de brujas contra todo aquel que luzca como uno.
Al respecto, y antes similares esfuerzos de dos localidades en Virginia, el Washington Post, bajo el título "La nube tóxica del nativismo", editorializó: "los políticos locales están contribuyendo a lo qué se está convirtiendo en una atmósfera nativista venenosa, que infectará las relaciones con los hispanos en general. Después de todo, nadie puede distinguir entre los inmigrantes legales e ilegales de un vistazo."
A pesar de que el programa fue aprobado en 1996, no fue sino hasta el año 2002, en el creciente ambiente de racismo contra extranjeros post Septiembre 11, que algunas autoridades locales comenzaron a aplicar con el Departamento de Seguridad Doméstica (DHS). Hoy, al menos 60 localidades han aplicado o consideran hacerlo.
Este repentino interés, empujado por los políticos que prestan oídos a los nativistas, ha producido sus problemas. Jared Allen, un conocido blogger en Nashville, Tenn., mirando a "todo lo que de hecho tomó poner en efecto la 287 (g) aquí", se queja de lo complicado del proceso y revela que sus fuentes le han confirmado que al programa se le han acabado los fondos.
Pero el Congreso ya esta trabajando para solucionar eso. "Nos estamos moviendo al plan B", anunció el senador de Carolina del Sur, Republicano Lindsey Graham, al ofrecer el Acta de Seguridad Fronteriza Primero como una enmienda a la propuesta de apropiaciones para el DHS, parte del presupuesto del año fiscal 2008.
La enmienda, a la par con las medidas de seguridad fronteriza de la fallida reforma migratoria, tales como más murallas, patrullas y tecnología de vigilancia por un coste de hasta tres mil millones de dólares, incluye varias provisiones para fortalecer la represión contra indocumentados al interior del país.
Entre éstas resaltan particularmente dos relacionadas a este tema. Primero, incrementa los fondos del programa 287 (g) para así extender su alcance, como lo quiere el movimiento nativista, y segundo, prohíbe a las ciudades negar a sus propias agencias de aplicación de la ley la autoridad de acopiar información acerca de estatus migratorio de las personas.
Lo último está diseñado para contrarrestar los esfuerzos de activistas pro-inmigrante que luchan por hacer de sus ciudades un santuario y refugio para los trabajadores negados de sus documentos.
La proposición de esta provisión ocurrió un día después que New Haven, CT., aprobara la distribución de identificación de la ciudad para todo aquel que la solicitara, convirtiéndose así en la primera ciudad en el país en hacer tal reconocimiento a la contribución del trabajo inmigrante; sin duda, una bocanada de aire fresco para nuestro lado.
Además, doquiera que las autoridades locales han consentido al clamor nativista, la oposición popular inmigrante se ha dejado sentir y las protestas y reuniones masivas han sido un común denominador: tres mil en Carpenterrsville, Ill., seis mil en Waukegan, Ill., y un mil en Prince William County, Va.
Aun así, la derecha xenófoba, libre ya de su "esfuerzos" en Washington DC., y con inacabables recursos económicos y conexiones políticas, ha conseguido salirse con la suya y ha sembrado la semilla de la segregación y la discordia en muchos pueblos y ciudades a través del país.
El Washington Port advierte: "la historia americana ha tenido feos episodios de odio al extranjero, y la retórica esta vez es evocativa de la xenofobia que recibió las anteriores olas de inmigración."
En este contexto, una importante pregunta se presenta a los activistas pro-inmigrante: ¿Cómo construir una lucha que, desarrollándose a nivel local, sea capaz parar los ataques de la derecha y el avance del racismo, poniéndola en una perspectiva nacional de lucha contra las redadas, deportaciones, y por la amnistía con derechos plenos para todos los trabajadores indocumentados?
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