EL 28 de julio, convocados por el Foro Social Alternativo (FSA), se reunieron unos 700 delegados de todo el país, representando organismos de base laborales y de izquierda, para discutir los próximos pasos a seguir en la lucha contra las políticas neoliberales del presidente Leonel Fernández.
Esta asamblea nacional tuvo lugar después de la exitosa huelga general de 24 horas el 9 de julio pasado, en la que no hubo clases en las escuelas y donde el comercio y el trasporte adhirieron parcialmente.
En la asamblea los delegados votaron autorizar a la comisión directiva del FSA a fijar fecha para una próxima huelga general propuesta para octubre, en respuesta a la negativa de parte del gobierno de acceder a los puntos reclamados por el movimiento popular.
Como resultado de la última huelga general, el gobierno ha dado unas pocas concesiones al expandir los mercados populares subsidiados, distribuyendo agua gratis en los barrios populares, pero todavía sin avenirse a conceder las reivindicaciones básicas en beneficio de la mayoría de la población, tales como la rebaja en alimentos y medicinas así como aumento de salarios.
Otro aspecto importante de la asamblea fue la aprobación de diversas resoluciones en apoyo de Amparo Chantada y Juan Hubieres, dirigentes del FSA, blancos de la ira gubernamental expresada en una campaña para desacreditar, enjuiciar y tratar de silenciar las acciones de protesta.
Chantada, una de las más férreas en la crítica hacia los fastuosos proyectos inmobiliarios implementados por Fernández, es una radicalizada activista defensora del medio-ambiente, cuyo desempeño en el FSA le trajo aparejada su expulsión de la Academia de Ciencias, el 26 de junio pasado.
Hubieres es dirigente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO) que lideró el paro de transportes el pasado mes de marzo en Santo Domingo, la capital. Hubieres está siendo señalado por el gobierno por su postura militante durante los paros y la reciente huelga general. El gobierno trato de enjuiciar a Hubieres y otros sindicalistas acusándolos de terrorismo luego de que una bomba fuera arrojada a un ómnibus durante el paro. La acusación, que se basó en el apoyo dado por los medios de prensa fue desestimada, cuando 3 hombres fueron arrestados en conexión con el ataque.
En un giro inesperado, seis de las siete personas heridas por la bomba acusan a FENATRANO por impulsar los paros. La acusación contra Hubieres y el sindicato es un claro intento para incriminar en el futuro al movimiento sindical bajo la presunción de que podrían haber previsto el ataque ocurrido.
La represión de estado en la República Dominicana está siendo legitimada por Fernández bajo la excusa de combatir al terrorismo. Podemos solidarizarnos con el movimiento popular en la República Dominicana construyendo aquí en los EE UU un movimiento antiimperialista y de izquierda, que se oponga consecuentemente a la política de guerra contra el terrorismo sostenida por Washington, que a la postre se ha convertido en la última justificación ideológica para enjuiciar las reclamaciones de los pueblos en Latino América y en el mundo.
Traducido del inglés por Roberto Platzer
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