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¿Los puertorriqueños lo saben?

Por Roberto Barreto | octubre-noviembre de 2007

EL COMITÉ de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó en junio una resolución para someter el caso colonial de Puerto Rico al pleno de su Asamblea General. La resolución sometida por Cuba y Venezuela fue aprobada de forma unánime. Por décadas los embajadores de Estados Unidos rechazaron cualquier resolución dirigida a discutir la situación colonial de Puerto Rico, pero en años recientes esa oposición ha desaparecido. Cualquier perspectiva política actual sobre Puerto Rico debe entender las razones de esta nueva postura de Washington.

En 1952, bajo mordaza y represión, los votantes puertorriqueños aprobaron una Constitución, enmendada por el Congreso de Estados Unidos, que básicamente preservaba la condición colonial de Puerto Rico a la vez que la disfrazaba. Los Estados Unidos junto al Partido Popular Democrático (PPD) -ignorando que Puerto Rico era una nación intervenida y ocupada,- utilizaron la teoría del Pacto Bilateral, la idea de que dos naciones soberanas entraron en un acuerdo mutuo, para definir la relación política entre ambos como un Commonwealth o Estado Libre Asociado (ELA). En 1953, en el contexto de la Guerra Fría, Washington persuadió a la ONU de retirar a Puerto Rico de la lista de colonias argumentando que el ELA era una forma de gobierno no colonial. Esa posición fue acogida en la Resolución 748 (VIII) y constituye la última vez que la Asamblea General de la ONU consideró el caso de Puerto Rico.

Luego de la Revolución Cubana, Washington utilizó el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico para contrarrestar la influencia de la revolución en Latino América. Cuba por su parte, tomó la denuncia del caso colonial de Puerto Rico como bandera de lucha contra el imperialismo. Todos los intentos de retomar el caso de Puerto Rico en la ONU fueron sistemáticamente rechazados por Estados Unidos. En 1972 el Comité de Descolonización toma jurisdicción en el caso de Puerto Rico, pero los embajadores estadounidenses impidieron que la discusión sobre Puerto Rico fuera considerada por la Asamblea General.

Luego del fin de la Guerra Fría, el ELA ha perdido la importancia que tenía para los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos competía con Rusia por la adhesión de los antiguos países coloniales por lo cual el coloniaje al desnudo en el Caribe, al igual que las leyes de segregación racial en los estados del sur americano, representaban un desprestigio a la imagen que Estados Unidos quería proyectar. Estos ejemplos de coloniaje y racismo daban gran poder a los argumentos de sus opositores en el mundo entero. Por eso el ELA estaba llamado a disimular la subyugación colonial bajo un manto de autonomía y autogobierno. En la década de 1960's Estados Unidos utilizó el ELA junto a iniciativas como la Alianza para el Progreso para demostrar que no hacían falta nuevos estallidos sociales como la Revolución Cubana pues el desarrollo y la modernidad se podían alcanzar bajo la tutela de Washington.

En años recientes, la importancia de Puerto Rico para Estados Unidos ha disminuido aun más. Puerto Rico ha dejado de ser una zona de bajos salarios para muchas industrias intensivas en mano de obra. Además, el Congreso eliminó la sección 936 del Código de Rentas Internas federal que ofrecía exención contributiva sobre la repatriación de ganancias de las empresas estadounidenses. También ha disminuido el valor militar de la isla. La exitosa lucha por expulsar a la Marina de Vieques provocó el cierre de Roosevelt Roads, la base naval más grande de Estados Unidos fuera de territorio continental, reduciendo grandemente la utilidad estratégica de Puerto Rico para Estados Unidos.

En los años 90's el Congreso comienza a considerar posibles cambios en la forma de la relación política con Puerto Rico y somete varias propuestas de plebiscitos sobre el estatus que no tuvieron éxito. Las profundas divisiones políticas con relación al estatus de Puerto Rico hacen imposible alcanzar el mínimo de consenso necesario para que un plebiscito pueda funcionar. Además, todas las propuestas recientes de plebiscito han sido absolutamente coloniales, dejando la decisión final en manos del Congreso. Al definir un plebiscito como "no vinculante" el ejercicio electoral -lejos de ser un acto de autodeterminación- se convierte en una mera consulta, en una encuesta a ser considerada o ignorada por el cuerpo que verdaderamente se reserva todo el poder decisional, el Congreso de los Estados Unidos.

Desde la invasión de 1898, el Congreso siempre tuvo todo el poder sobre Puerto Rico, pero utilizó toda una serie de ficciones legales, la ley Foraker, la ley Jones, la ley 600 y la Constitución de 1952, para ocultarlo. En diciembre de 2005, tres meses luego del asesinato del líder independentista Filiberto Ojeda Ríos, finalmente el gobierno de Estados Unidos admitió en un documento público que Puerto Rico es una colonia sometida a los poderes plenarios del Congreso. En el nuevo orden mundial, post guerra fría y post septiembre 11, esa admisión es la que mejor sirve a los intereses estadounidenses. En abril de 2007 la Casa Blanca la adoptó oficialmente como política pública de la administración Bush.

Desde hace cinco años Estados Unidos ha suspendido sus esfuerzos en la ONU por obstaculizar las resoluciones que declaran a Puerto Rico una colonia. Se esperaba que eventualmente el Comité de Descolonización decidiera referir el caso de Puerto Rico a la Asamblea General. A la vez, se han presentado dos proyectos en el Congreso, HR 900 y HR 1230, para alterar la forma de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Los principales grupos independentistas en Puerto Rico se han estado preparando para estos acontecimientos de un modo muy particular. En lugar de movilizar a sus bases y tratar de generar más apoyo popular para la independencia, han dedicado sus esfuerzos a cabildear en las altas esferas. En noviembre 2006 el Partido Independentista Puertorriqueño celebró en Panamá el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico con la participación de varios presidentes latinoamericanos. Allí Rubén Berrios afirmó de manera triunfalista que la independencia es inminente: "A mi no me queda la menor duda de que la independencia de Puerto Rico está por llegar. Los puertorriqueños lo saben, pero nuestros compañeros y compañeras de América Latina y el Caribe no lo saben."

El PIP dejó de creer hace años en la posibilidad de ganar al pueblo puertorriqueño a la lucha por la independencia. En las elecciones de 2004 no levantaron la consigna de la independencia y se limitaron a pedir un voto de protesta contra los gobiernos de las últimas décadas, esto último con resultados electorales desastrosos. Contrario a las manifestaciones de Berrios, en Puerto Rico no se espera un cambio de estatus político inminente. Ante la falta de respaldo en la isla, el PIP busca apoyo para la independencia entre los lideres latinoamericanos para generar presión sobre Washington. Según Berrios: "América Latina y el Caribe se tienen que convertir en el interlocutor de la independencia de Puerto Rico ante los Estados Unidos y ante el mundo."

En última instancia, la independencia es para el PIP un proceso a ser negociado con el propio Congreso. El PIP intenta convencer al Congreso que la independencia de Puerto Rico les conviene. Según Fernando Martín, en su deposición frente al Comité de Asuntos Insulares en abril: "Por primera vez en más de cien años no hay contradicciones fundamentales entre sus intereses y los nuestros en lo que al estatus político se refiere. Está en manos del congreso aprovechar la oportunidad sin retraso".

En las mismas vistas, Rubén Berrios invitaba al Congreso a actuar en su propio interés de esta manera: "En 1950-1952, los Estados Unidos diseñó un proceso para consentir al colonialismo a través de un referéndum si-o-no, con el próposito de justificar y legitimizar el estatus territorial. Ahora, como entonces, sus intereses dictan sus políticas, pero ahora los intereses de Estados Unidos en Puerto Rico han cambiado y el Estado Libre Asociado, un status antidemocrático y en banca rota, no sirve a los propósitos de nadie... Este es el momento para disponer del territorio. Ahora necesitan un proceso para acabar con el colonialismo".

El PIP, al igual que importantes sectores del Partido Nuevo Progresista (PNP), apoya el proceso inicial recomendado por HR 900 que está diseñado para eliminar la opción del ELA o Commonwealth o cualquier variante de ésta. Se trata de un referendum si-o-no para continuar o terminar con el actual estatus político, diseñado para crear una alianza entre estadistas e independentistas que genere una mayoría artificial. El representante de la administración Bush en las vistas congresionales, Kevin Marshall, se refirió al proceso como uno: "estructurado para producir un resultado claro" y señaló que se busca: "Estructurar el proceso para que mayorías populares sean probables". Marshall aclaró dos puntos fundamentales. Primero, que las opciones de status están limitadas a aquellas: "que no sean incompatibles con la Constitución, las leyes básicas y las politicas de los Estados Unidos." Segundo, que luego de que el pueblo de Puerto Rico manifieste su preferencia de status en un plebiscito, "La autoridad última, por supuesto, permanece con el Congreso". No debe quedar duda del carácter manipulado y colonial de las propuestas bajo consideración congresional.

Algunos sectores del independentismo son un poco más críticos del proceso. Según Julio Muriente, del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH):

"Debemos ser muy cautelosos al valorar el alcance de las iniciativas que cada cierto tiempo surgen en el Congreso o el Ejecutivo estadounidense, presuntamente para atender la condición política de Puerto Rico. Nadie debe confiar en esas iniciativas espureas y traicioneras de grupos interagenciales o comités congresionales, que solo conducen a la perpetuación colonial de Puerto Rico." Muriente también señaló que cualquier proceso genuino de auto-determinación debe incluir la transferencia de poderes del Congreso a Puerto Rico según lo estipula el derecho internacional. Igualmente la liberación de los Prisioneros Políticos es un requisito ineludible.

Sin embargo, tanto el PIP como MINH coinciden en un punto crucial, ambos entienden que la independencia, -o alguna aproximación a ella-, será producto de negociaciones iniciadas en una Asamblea Constituyente y no resultado de la movilización y la organización de la mayoría de los puertorriqueños. La Asamblea Constitucional es un mecanismo procesal para producir una propuesta del agrado del Congreso, para que precisamente el apoyo del propio Congreso la haga aceptable ante los votantes puertorriqueños. Sin apoyo masivo para la independencia estos dirigentes independentistas no tendrán la fuerza para garantizar un resultado favorable en las negociaciones y no podrán impedir que el Congreso convierta sus aspiraciones libertadoras en otra farsa colonialista. Un proceso dirigido por el Congreso no producirá cambios significativos a la dominación estadounidense sobre Puerto Rico. Aun en el caso extremo de que un proceso negociado lleve a la independencia, estaría asegurado el carácter neocolonial de la nueva república.

En este momento, Estados Unidos está considerando mecanismos para alterar la relación política con Puerto Rico. Probablemente buscan un arreglo que les resulte menos costoso o les permita reducir las ayudas federales gradualmente. Una posibilidad es que a partir de un Plebiscito o una Asamblea Constituyente se establezca alguna forma de independencia, formula no territorial o república asociada. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que se abra un proceso hacia la estadidad. El PIP insiste en la absoluta imposibilidad de la estadidad, al extremo de aferrarse a argumentos racistas para defender su tesis, pero esta formula no puede ser descartada del todo pues cuenta con un movimiento verdaderamente masivo.

En décadas pasadas el movimiento independentista fue incapaz de convencer a los puertorriqueños de la necesidad de la independencia. Ahora han abandonado esa meta, argumentando que la dependencia colonial y la beneficencia social la han hecho inalcanzable. Como alternativa proponen la Asamblea Constituyente como un mecanismo para llegar a la independencia desde arriba, pues no cuentan con un movimiento mayoritario de base.

En realidad el independentismo es impopular porque plantea la independencia de forma desvinculada de los problemas sociales que enfrenta la mayoría de los puertorriqueños. La lucha por sacar a la Marina de Vieques nunca fue popular hasta que se probó que la pobreza y las enfermedades que enfrentan los residentes de la isla fueron causadas por la Marina. Igualmente en Puerto Rico, mientras el independentismo no establezca la conexión entre el colonialismo y los problemas sociales -la pobreza que vive la mitad de la población, el ataque neoliberal a los trabajadores, la falta de vivienda y de servicios de salud y educación entre otros muchos problemas- el independentismo seguirá siendo minoritario pues no representa una alternativa real para los trabajadores.

Para levantar un movimiento independentista en Puerto Rico, que sea masivo y tenga la capacidad de forzar a Washington a reconocer nuestro derecho a la autodeterminación, hay que demostrarle a la clase trabajadora en Puerto Rico que la relación colonial con Estados Unidos es el principal obstáculo en la lucha por un mejor nivel de vida. Un verdadero movimiento liberador debe aspirar a ganar a la mayoría a un consenso revolucionario, en lugar de soñar que el Congreso nos va a dar la libertad por el mero hecho de que se la solicitemos. Mientras los lideres del independentismo aspiren a convertir a Puerto Rico en el próximo Singapur o a incluirlo en el TLC junto a México, el movimiento independentista permanecerá minúsculo y será incapaz de oponerse a los planes de Estados Unidos para Puerto Rico. Cuando las demandas de clase de la gran mayoría se hagan eje central de un movimiento por la independencia y se abra una discusión masiva sobre la pertinencia del socialismo, entonces el independentismo tendrá la posibilidad de derrotar al gigante del norte.

El autor es miembro de la Organización Socialista Internacional (OSI)

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