LA HORRIBLEMENTE lenta muerte de Victoria Arellano, 23, a manos de quiénes le negaron su derecho a la salud y medicamentos en el centro de detención de inmigrantes de San Pedro, CA., es sólo la más insensata entre la afrentas sufridas por decenas de miles de víctimas de la industria carcelaria privada y del racismo que la sustenta.
A Victoria, ICE primero le negó su identidad sexual y la encerró con 80 hombres en una jaula común "diseñada" para 50. Luego, la administración carcelaria le negó sus medicamentos. Víctima del SIDA, la condición de Victoria rápidamente deterioró.
Sin tratamiento su estado se hizo crítico. Sus compañeros tomaron turnos para llevarla al baño, limpiar los vómitos y la sangre de su cama o refrescar su alta fiebre con toallas mojadas. Los guardias sólo accedieron a darle cuidado médico luego de que sus compañeros montaron una protesta gritando al unísono "¡hospital!, ¡hospital!", y negándose alinearse para el conteo nocturno de detenidos.
Después de meses de agonía, ella murió el 20 de julio, al menos acompañada de su madre y familia en un hospital, una cárcel, gracias al valor solidario de sus compañeros de celda. Luego, ellos juntaron $245 y los enviaron a su madre para ayudarla a copar con los gastos.
Sesenta y cuatro personas han muerto en custodia de las cárceles privadas que ICE contrata. En éstas, los casos de abuso y negligencia se amontonan: violación de una niña de 14 años en el centro de detención juvenil en Wackenhut, el envenenamiento con comida en mal estado de 300 inmigrantes en Tacoma, la muerte de una mujer embarazada en El Paso, y más.
La industria carcelaria se ha beneficiado altamente de la política de la administración Bush de encarcelar a inmigrantes con órdenes de deportación. La Correctional Corporation of America es un fuerte contribuyente a las campañas republicanas, y uno de sus ejecutivos de años, J. Michael Quinlan, también fue cabeza del Buró Federal de Prisiones.
Louis Jean, un veterano de Irak que enfrentó deportación y estuvo detenido en San Diego, reportó haber sido dicho por un guardia, también veterano, que a él "le habían enseñado a no tomar en cuenta los reclamos de los detenidos y a tratarlos como ciudadanos de segunda clase... como sea, iban a ser deportados de todas maneras".
"¿Qué es más ilegal..." preguntó en un rally el vocero una organización de activistas latinos contra el SIDA, Bienestar, "dejar morir alguien en la manera que ellos hicieron, o tratar de vivir en este país de la manera que ha Victoria le fuera posible?"
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