EN EL mes de febrero la región del oriente de Bolivia experimentó inundaciones causadas por "El Niño", dejando a 42 muertos y a 15,000 sin techo cuando Obrero Socialista llegó a publicación. La tormenta fue resultado del calentamiento global producido por los países industrializados.
Como dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales: "Hay países que, de manera desmedida, descontrolada, implementan políticas de industrialización y eso afecta al planeta Tierra y esa contaminación del planeta Tierra destroza el medio ambiente y los países pobres tenemos que soportarlo".
Este último desastre presenta otro desafío ante el gobierno de Morales que ha enfrentado diversos obstáculos en su primer año de gestión.
Tensiones y confrontaciones han surgido que amenazan a romper el balance que Morales ha intentado mantener entre los movimientos sociales, que lo llevaron al poder, y la poderosa oligarquía boliviana.
Morales, del partido Movimiento al Socialismo (MAS), fue elegido con 54 por ciento del voto en diciembre de 2005, con promesas de cumplir los reclamos de los movimientos sociales para una nueva reforma agraria, nacionalización de los recursos naturales, más fondos para educación y servicios de salud, un doble del salario mínimo, respeto para el cultivo de la hoja de coca, y una asamblea constituyente que escribiría una nueva constitución.
En la medida en que Evo ha cumplido con sus promesas, ha enfrentado una campaña de obstrucción implacable por los partidos políticos de la derecha, que representan los intereses de la oligarquía petrolera, minera, y latifundista.
Evo ha intentado complacer a la derecha y a su base al mismo tiempo. Aunque tiene un discurso radical, sus reformas son moderadas y ha hecho una serie de concesiones con la derecha, tanto con la ley de hidrocarburos, que con la reforma agraria y la cuestión de autonomía.
La nacionalización de hidrocarburos fue el acto más popular de su primer año de gestión. Según los nuevos contratos, el gobierno recibirá 82 por ciento de ingresos de gas, una subida de $240 millones a $1.6 mil millones. Pero la nacionalización solamente se trata de recursos del subsuelo, dejando las refinerías en las manos de las empresas extranjeras que mantienen derechos exclusivos a explorar y explotar las reservas de gas.
En febrero, el pueblo de Camiri del Chaco--una región rica en reservas de gas--se declaró en huelga, reclamando una nacionalización completa de los hidrocarburos bolivianos. Bloquearon una carretera principal y ocuparon la refinería Transredes, de Royal Dutch Shell. Como respuesta, el gobierno mandó tropas, causando una confrontación que dejó a ocho heridos.
El gobierno ha procurado usar las vías legales para implementar las nacionalizaciones y otras reformas. No obstante, la derecha no está interesada en hacer acuerdos, porque no quiere reforma ninguna, por moderada que sea.
Los partidos de la derecha bloquearon avance en la asamblea constituyente hasta la última semana de febrero, insistiendo que cada artículo fuera aprobado por dos-tercios. El MAS hizo una concesión que da un veto efectivo a la minoría derechista.
Los cambios a la Ley Agraria entraron en vigor gracias a una marcha indígena en noviembre. Propusieron redistribuir tierra no-productiva, pero se dio tiempo para convertirla en terreno cultivable.
El gobierno recientemente anunció la confiscación sin indemnización de la metalúrgica de estaño de Vinto, que pertenecía al ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada,. Aunque es un avance importante, el gobierno ha asegurado a los intereses "cooperativistas" y privados que la propiedad de empresas "que respetan las leyes del país serán respetados".
A pesar de sus raíces cocaleros, el gobierno de Evo ha seguido con la erradicación de la hoja de coca. Pero los cocaleros del Chapare y las Yungas están movilizándose en contra de la propuesta de "erradicación voluntaria" del gobierno.
Las concesiones del gobierno no han aplacado la derecha. En diciembre, los comités cívicos de la "Media Luna"--los cuatro departamentos del oriente--movilizaron centenares de miles de personas a juntar en cabildos en apoyo de "autonomía" que permitiría las elites de dichos departamentos dominar los ingresos de los contratos de gas y petróleo.
El apoyo de autonomía del prefecto del departamento de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, provocó un conflicto en enero que dejó a 3 muertos y 200 heridos.
El MAS, lamentablemente, cree que el enfrentamiento con la derecha le hará más audaz. Pero las concesiones del gobierno han provisto un espacio a la derecha para organizarse y cobrar intensidad. Al mismo tiempo han desmovilizado la base que podría defender al gobierno.
La misma derecha del oriente que movilizó más de 500,000 personas a reclamar "autonomía" en diciembre no está levantando ni un dedo para ayudarles a los pobres arruinados por las inundaciones.
La revitalización de los movimientos sociales será necesaria para enfrentar a la derecha y adelantar el proceso de cambio en Bolivia.
Como dijo Eusebio Merlo, un dirigente de la Federación de Juntas Vecinales en El Alto (FEJUVE), "Sabemos que la lucha es larga. No acaba con Evo Morales--la lucha sigue. Continúa--es un proceso. Entonces, nosotros como dirigentes tanto decimos, escuchamos a las regiones, a sus pensamientos, que son distintos, pero quieren un cambio profundo. Queremos que realmente los originarios aprendamos a administrar los recursos naturales, y aprendamos a dirigir nuestro país. Esta es la visión de nosotros, esta es la visión de los vecinos, esta es la visión de los líderes".
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