La lucha inmigrante continuará

July 31, 2013

La Cámara Baja debe ahora proponer una ley de inmigración, pero ¿podrá el Congreso entregar justicia a los inmigrantes indocumentados? ¿A quién beneficiaría una reforma? Orlando Sepúlveda explica.

AGOSTO ESTÁ por llegar, la legislatura va entrar en receso, y aún no hay reforma migratoria. Sin embargo, a juzgar por las propuestas que ya han avanzado en el Congreso, puede que esto no sea necesariamente malo. Lo que sí es terrible es que mientras los legisladores se aprestan a disfrutar sus vacaciones, 11 millones de inmigrantes indocumentados y sus familias aún viven en la incertidumbre.

El año había comenzado promisoriamente para quienes apoyan la regularización del estatus migratorio de los indocumentados y su derecho a optar por la ciudadanía. En noviembre 2012, los republicanos habían recibido una derrota electoral adjudicada por los medios, comentaristas, e incluso líderes republicanos al masivo apoyo del electorado inmigrante, latino y asiático, a los demócratas.

El resultado reflejó no sólo el rechazo al racismo desplegado por Romney y la derecha, sino además que más de 6 años de activismo por trabajadores y jóvenes indocumentados y sus simpatizantes habían ganado el debate político con la opinión pública. En marzo, el Instituto Brookings encontró que 63 por ciento de los estadounidenses apoya un "camino a la ciudadanía"; en abril, CNN/ORC Internacional señaló que un 84 por ciento apoya un programa de legalización; y más recientemente, el encuestador conservador Jon Lerner encontró que un 70 por ciento de republicanos apoya una (draconiana) reforma migratoria con legalización incluida.

Immigrant rights supporters gather in a mass march on May Day


CON ESTE favorecedor trasfondo, tres disímiles grupos de interés se lanzaron a empujar una reforma migratoria en el Senado. En primer lugar estuvo la movilización de los inmigrantes indocumentados, sus familias, y organizaciones solidarias en el ámbito religioso y sindical, entre otros. Su principal propósito es aliviar la vida de millones de familias regularizando el estatus migratorio de los indocumentados, parando las deportaciones, y reformando las leyes migratorias hacia la unificación familiar y el respeto de los derechos laborales y humanos del inmigrante. Comparten con ellos esta visión una serie de organizaciones pro-inmigrantes que además argumentan que es necesario aceptar una reforma integral que incluya elementos buscados por otros grupos de interés, y en algunos casos también ven la oportunidad de afianzar el electorado demócrata.

En segundo lugar está el gran empresariado, con mayor poder e influencia en Washington, con sus instituciones, sus medios de comunicación, y los políticos que velan por sus intereses. Ellos buscan reestructurar el mercado laboral estadounidense a fin de hacer a la industria gringa más competitiva a nivel internacional. Su objetivo es el abaratamiento de la mano de obra a través de programas de trabajadores huéspedes y controles internos para la disciplina laboral.

Luego están las parasitarias industrias carcelaria, militar y de la represión. Estas se han beneficiado del debate corrosivo y racista que ha dominado el discurso político en torno al tema de la inmigración. Ellos intentan mediar entre el empuje de los inmigrantes indocumentados y los objetivos de la patronal ofreciendo más centros de detención, biotecnología para el control interno, instrumentos de vigilancia y de muerte en la frontera, y el cemento para construir cuanta muralla sea necesaria para apaciguar los temores xenofóbicos.

En este contexto fue que, a finales de junio, el Senado aprobó el proyecto de ley S. 744 Acta de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica, y Modernización de la Inmigración. En mayor o menos medida, S. 744 es una amalgama que refleja las tres fuerzas descritas previamente. Para un más detallado análisis sobre su contenido, por favor diríjase al artículo del profesor Justin Akers Chacón, autor del libro Nadie es Ilegal: Confrontado el racismo y la violencia de Estado en la frontera, cuyo enlace internet se halla al final de este artículo.

Para el propósito de este artículo vale la pena decir que la clase de los negocios e industria obtuvo cada pequeño detalle que se propuso obtener. Según Oscar Chacón director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés): "La agenda legislativa ha estado dominada por los intereses del gran capital. Esto fue cierto durante la reforma de la salud y las leyes ambientales de los últimos años, y fue cierto también en el proyecto de reforma migratoria aprobado por el Senado".

La industria de la detención y la muerte, también obtuvo lo que quiso, y luego un poco más. En los momentos finales del proceso de aprobación de la propuesta senatorial, una enmienda fue agregada que buscaba atraer más votos republicanos. Luego de esto el New York Times comentó: "Grandes contratistas militares, incluyendo Raytheon, Lockheed Martin y General Dynamics, se están preparando para una inusual carrera al desierto este verano... para asegurar un contrato de hasta $1 mil millones con el Departamento de Seguridad Nacional".

Todo lo que fue dado extra a las corporaciones fue quitado de lo que el movimiento pro-inmigrante buscaba. Los más optimistas estimados figuran que sólo alrededor del 60% de todos los indocumentados podría legalizarse. Pero además, en palabras de Akers Chacón: "Millones de trabajadores podrán transitar a un estado "legal", pero quedarán muy lejos de la ciudadanía plena, o incluso parcial. Puede mejor ser entendido como una cuidadosamente elaborada estrategia para crear una subclase de trabajadores sin derechos, perpetuamente vulnerable por un conjunto de austeras y rígidas regulaciones de inmigración".


EL TOTAL desprecio a la demanda por justicia del movimiento inmigrante reflejada en la propuesta senatorial ha empujado a muchos grupos inmigrantes y organizaciones solidarias a declarar su oposición a la propuesta del Senado. La lista crece cada día y puede ser encontrada en la página web de la Asociación Política México-Americana. Entre ellas, la Campaña por la Dignidad, que agrupa a unos cincuenta grupos de base, describe la propuesta como "un despilfarro corporativo que será un desastre a los derechos civiles de las comunidades inmigrantes".

La propuesta del Senado, donde los demócratas son la mayoría, es lo "mejor" que los indocumentados puedan lograr. Pero lo "mejor" expone, en el peor de los casos, al Partido Democrático como el mejor amigo que el capitalismo estadounidense pueda tener, y en el mejor de los casos, como el peor instrumento de lucha y el peor aliado que los trabajadores inmigrantes indocumentados.

Hace cuatro años, los demócratas tuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso, además de Obama en la Casa Blanca, y decir que hicieron absolutamente cero por los inmigrantes indocumentados sería mentira... contribuyeron al sufrimiento de las familias inmigrantes aumentado las deportaciones a cifras récor y aceptando todas las premisas racistas de la derecha en torno a la inmigración. Este año, ellos tenían la confirmación electoral y en las encuestas de opinión de que el momento para la legalización había llegado, y el Partido republicano estaba a la defensiva, pero los demócratas sólo se dedicaron a hacer concesiones a priori e innecesarias.

Ahora es el turno de la Cámara Baja para hablar, donde se halla lo peor del racismo institucionalizado contra los inmigrantes. El líder de la cámara, John Boener, ha dicho que los representantes republicanos prefieren abordar el tema por separado, es decir, seguridad fronteriza y control interno primero, las dádivas a la industria inmediatamente después, y legalización, si queda tiempo o ganas, tal vez. Además asegura que ninguna propuesta avanzará a la sala sin el apoyo de al menos la mayoría de los republicanos en la cámara.

Pero ellos también están sintiendo la presión; su oposición a avanzar una reforma los está poniendo en contradicción con los mismos intereses que dicen representar, la gran industria. La Casa Blanca, las asociaciones patronales, líderes nacionales republicanos, y los grupos aun apoyando una reforma inmigratoria integral como la propuesta por el Senado están usando todos sus recursos para presionar a los congresistas republicanos, e incluso disciplinar a los más recalcitrantes.

En un esfuerzo por parecer más dispuestos --y de paso reconociendo que nuestro lado ganó el debate político en que no puede haber una real reforma migratoria sin legalización-- los republicanos aprobaron en una audiencia del Comité Judicial de la cámara una provisión para dar un camino a la legalización a los jóvenes traídos por sus padres cuando eran pequeños. Pero ellos no engañan a nadie.

Desde semanas antes, muchos activistas indocumentados ya habían sido empujados a reconsiderar sus prioridades y re-orientar su lucha hacia el asunto de las deportaciones y la reunificación familiar, en vez de empujar por una reforma migratoria que, en caso de venir, pueda ser no sólo menos de lo que esperaban, sino que de hecho más nefasta que el estatus quo.

Los dream-activistas de la Liga de la Justicia de los Jóvenes Inmigrantes (IYJL, por sus siglas en inglés) emitieron una "Declaración de Independencia de la Reforma Migratoria Integral" señalaron que no "podemos apoyar algo que no dará a nuestros padres lo que han luchado por años", y que "por el respeto que tenemos a nuestra comunidad, y porque ante ella somos responsables, es que salimos como fuertes defensores, no de las propuestas siendo discutidas, sino de los indocumentados".


EN LOS últimos años, los jóvenes indocumentados han estado al frente de la lucha por la justicia y la dignidad para los inmigrantes, retando las nociones más fundamentales adjuntas a las leyes migratorias y a la condición de ser indocumentado, cuando a partir del año 2010 comenzaron a salir de las sombras declarando su estatus migratorio públicamente, desafiando a las autoridades a arrestarlos y deportarlos, y principalmente diciendo que ya no vivirían en temor.

Ante la actual coyuntura --una en que la administración Obama continúa su número récor de deportaciones y en que el Congreso podría aprobar una ley que está muy por debajo de los estándares de justicia del movimiento inmigrante, o hacer nada del todo-- los jóvenes indocumentados están una vez más retando las nociones más básicas de la política migratoria de este país, en el caso de hoy, tratando de hacer desvanecer la frontera misma.

En julio 22, seis jóvenes que ya habían sido deportados, que tienen sus familias en EE.UU., y cuya home está en ciudades al lado norte de la frontera, apoyados por tres jóvenes indocumentados de la Alianza Nacional de Jóvenes inmigrantes (NIYA, por sus siglas en inglés), quienes viajaron a México a buscarlos, se presentaron al puerto de entrada en Nogales, Arizona a demandar que les permitieran llegar a sus casas y a sus familias.

Desde entonces, los nueve han estado detenidos en el Centro de Detenciones Eloy, desde donde están demandando al presidente Obama usar sus poderes discrecionales para permitirles entrar. Mientras tanto, NIYA ha estado organizando acciones de protesta en todo el país y una campaña de llamadas telefónicas a los congresistas para que firmen la carta de apoyo a los Dreamers 9, como ahora son conocidos, redactada por el congresista demócrata por el 15° distrito de California, Michael Honda.

Lizbeth Mateo, una de los nueve, dijo en un video previo al intento que: "entiendo que esto es descabellado, pero más descabellado es que no pueda haber visto a mi familia por 15 años. Hago esto no sólo por mi familia, sino por las familias de todos los 1,7 millones de deportados [bajo Obama solamente]. Imagina eso, no es sólo 1,7 millones de deportados, sino que 1,7 millones de familias separadas, como la mía".

Así que mientras los congresistas preparan sus maletas, hay miles de inmigrantes, más nueve, encerrados en centros de detenciones, y ni siquiera la esperanza de que el Congreso --aprobando o fallando en aprobar una reforma migratoria-- vaya a entregar un grano de justicia para los 11 millones de trabajadores indocumentados, sus familias y comunidades, que han ayudado a construir y fortalecer el país en que residen, Estados Unidos.

Pero ante la apatía del Congreso, y el franco odio de parte de no pocos de sus miembros, aún tenemos la fuerza inspiradora de los activistas indocumentados y la incorruptible conciencia de muchos grupos en el movimiento inmigrante que temprano expusieron la injusticia planeada por el Congreso. Todos buscan ahora, con urgencia, nuevos caminos que transitar juntos, pero tienen la determinación de que la meta no es la reforma en sí, sino la justicia y la dignidad.

Para mayores detalles sobre el contenido de la propuesta senatorial léa "Reforma migratoria sin justicia" por el profesor Justin Akers Chacón, en socialistworker.org/2013/06/20/reforma-migratoria-sin-justicia.

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