Quién amenaza a quién

CITANDO SU preocupación por denuncias de maltrato a opositores políticos, restricciones a la libertad de expresión y abusos a los derechos humanos en Venezuela, Barack Obama firmó una orden ejecutiva declarando al gobierno venezolano una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Los problemas de Venezuela", aleccionó el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, "no pueden ser resueltos criminalizando a la disidencia". Pero la orden de Obama no tiene nada que ver con violaciones a los derechos humanos o la represión de opositores políticos, sino es sólo el último intento del gobierno de Estados Unidos, en colusión con la oposición derechista en Venezuela, para desestabilizar y socavar al gobierno chavista.

Para contextualizar la orden ejecutiva de Obama, primero debemos reconocer la hipocresía de la Casa Blanca en expresar su "profunda inquietud" por los derechos humanos y la "criminalización de la disidencia".

Colombia es uno de los más firmes aliados de Estados Unidos en el hemisferio y el mayor receptor de ayuda militar estadounidense en la región. También es el lugar más peligroso del mundo para sindicalistas. De acuerdo con la Confederación Sindical Internacional, más de 2.500 sindicalistas han sido asesinados en los últimos 20 años, más que cualquier otro país en el mundo, eso es, un sindicalista colombiano es asesinado cada tres días.

Además, según el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas, Colombia tiene el mayor número de desplazados internos en el mundo. Human Rights Watch estima que 5,7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985.

Otro gran receptor de ayuda económica y militar estadounidense, el gobierno de México, es rutinariamente conectado a asesinatos, desapariciones y torturas perpetradas por sus fuerzas de seguridad. El reciente caso de los 43 estudiantes activistas de Ayotzinapa secuestrados y, casi con toda seguridad, asesinados el año pasado en Iguala, Guerrero es sólo un ejemplo de la violenta represión contra la disidencia mexicana.

Los casos de México y Colombia muestran una imagen diferente de la "profunda inquietud" del gobierno de Estados Unidos por la represión política. Si la administración Obama fuera sincera en su preocupación por los abusos a los derechos humanos, su atención se dirigiría a otra parte.

MUCHAS DE las acusaciones de la administración Obama contra el gobierno de Venezuela están vinculadas a su respuesta contra recientes planes golpistas.

De acuerdo con el presidente Maduro, el gobierno recientemente frustró un complot para su asesinato y al instalación de un nuevo régimen. El gobierno de Maduro afirma que los golpistas trazaron planes para bombardear edificios gubernamentales estratégicos y asesinar funcionarios chavistas claves. Los implicados fueron arrestados.

La Casa Blanca afirma que las acusaciones de Maduro sobre un intento de golpe respaldado por Estados Unidos son dudosas. Pero por años la oposición ha hecho claras sus intenciones.

Los principales líderes de la oposición Antonio Ledezma (detenido por sedición y conspiración), Leopoldo López (detenido por incitar disturbios) y María Corina Machado fueron autores del Acuerdo Nacional de Transición. "El hecho de que sus tres autores han participado en la desestabilización del gobierno en el pasado", señala el escritor Alfred López, "y han sido relacionados con el golpe de 2002, tiene a muchos venezolanos convencidos de que éste es el plan que se pondría en práctica después de un golpe militar".

Una reunión entre los líderes de la oposición venezolana; la Fundación Internacionalismo Democrático, encabezado por el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; Primero Colombia Think Tank; FTI Consulting, una firma con sede en los Estados Unidos; y el director de la USAID en América Latina resultó en el "Plan Estratégico de Venezuela". El documento detalla un plan que involucre incitar a la violencia para justificar la intervención internacional y el derrocamiento por la fuerza de Maduro. El método principal sería sabotear el sistema electoral para proyectar una imagen de crisis en Venezuela en el escenario internacional.

El gobierno de Maduro produjo además otras evidencias del planeado golpe, incluyendo, como el periodista Mark Weisbrot escribió para Al Jazeera, "la grabación de un ex viceministro de interior leyendo lo que es obviamente un comunicado a ser publicado después de que los militares hubieran depuesto al gobierno electo, confesiones de algunos oficiales militares acusados, y una conversación telefónica grabada entre líderes de la oposición reconociendo que un golpe de Estado está en desarrollo".

Las protestas que la Casa Blanca reclama son reprimidas por el gobierno venezolano se centran en torno al objetivo de devolver las élites económicas y políticas tradicionales de Venezuela al poder, aunque traten apelar a la inseguridad económica que la desestabilización ha profundizado.

En su mayoría estas protestas ocurren en los barrios ricos y sus participantes provienen de la clase alta y estudiantes de las universidades de élite. Sus líderes, incluyendo López, Machado y Ledezma no sólo participaron en el golpe de 2002, sino además son signatarios del Decreto Carmona del breve régimen golpista, que describe la disolución de las instituciones democráticas del país, incluyendo Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo.

La oposición recurrió a la violencia callejera después de perder las elecciones presidenciales. Partidarios del gobierno reportan que los manifestantes de extrema derecha han promovido el asesinato de algunas personas; utilizado cócteles molotov y bombas de gasolina para prender fuego en los edificios gubernamentales y universitarios; atacado vehículos del gobierno transportando personal médico y alimentos; obstaculizado los caminos con alambre de púas, resultando en la decapitación de motociclistas; y atacado más de 100 autobuses públicos. Cuarenta y tres personas han muerto como resultado de la violencia. VenezuelaAnalysis.com cita informes que demuestran que la mayoría de las muertes fueron el resultado de las acciones de los grupos de la oposición.

Las afirmaciones de que el gobierno venezolano está reprimiendo la libertad de expresión no concuerdan con la realidad del panorama de los medios del país. Si bien es cierto que los medios de comunicación de propiedad estatal tienden a dar apoyo al gobierno, los medios privados--que dominan las ondas--tienen un fuerte sesgo hacia la oposición. Alrededor del 70 por ciento de los medios de comunicación en Venezuela es de propiedad privada, el 25 por ciento es propiedad comunitaria y sólo el 5 por ciento es controlado por el Estado.

EN LA década o más de provocaciones e intentos de derrotar al chavismo, el gobierno pudo apoyarse en la movilización popular para hacer retroceder a la derecha. Chávez se ganó el apoyo de la masa de la población gracias a que el chavismo ayudó a expandir la democracia con la creación de instituciones participativas como cooperativas, fábricas cogestionadas, y consejos obreros y comunales, y por medio del uso de las remesas del petróleo para expandir la salud, la educación y los ingresos. Estas políticas, apoyadas por el alto precio del petróleo, contribuyeron a reducir la tasa de pobreza del país a la mitad.

Hoy, con el precio del petróleo y el ingreso público disminuyendo, y la inflación creciendo, la escasez de artículos de uso cotidiano es un problema real en el país. Empresas corruptas--lo mismo aquellas que se oponen y que apoyan al gobierno--hacen sus ganancias en el mercado negro, al tiempo que contribuyen a la escasez de alimentos y medicinas.

Sin embargo, el gobierno de Maduro ha fallado en tomar medidas decisivas contra la corrupción, y en su lugar ha tratado de aplacar al gran capital venezolano negociando con la industria y los representantes de la oposición. El gobierno ha aumentado del precio del gas y ha devuelto tierras a los grandes terratenientes, lo que amenaza los avances del chavismo. Si estas concesiones socavan el apoyo popular del gobierno, la oposición podría obtener ganancias o incluso ganar en las elecciones a la Asamblea Nacional, prevista para finales de este año.

Daniel Lozano, periodista pro-oposición para La Nación, comentó que la orden ejecutiva de Obama puede terminar siendo un "salvavidas" para Maduro, por lo que le permite pintar toda la oposición al gobierno--incluida la de izquierda--como títeres de Washington.

Por ahora, Maduro está buscando tiempo, con la esperanza de que haciendo algunas concesiones a la derecha, mientras se alía con la izquierda contra la injerencia de los Estados Unidos, será suficiente para evitar pérdidas electorales. Los economistas del gobierno esperan que si el precio del petróleo sube de nuevo a $80 por barril, gran parte de la actual presión sobre el presupuesto se aliviará.

Pero cualquiera que sea la dirección del gobierno en los próximos meses, Venezuela no representa una amenaza a la seguridad nacional para EE.UU. En lugar de emanar de su profunda inquietud por los derechos humanos, las sanciones de Washington son otra cínica acción en una larga historia de intentos de aislar a Venezuela.

En todo caso, la verdadera amenaza es a la seguridad nacional de Venezuela--y ésta viene de los Estados Unidos.

Traducido por Orlando Sepúlveda