¿Una nación de inmigrantes?

LA PLACA en la base de la Estatua de la Libertad dice: "Dadme tus cansadas, pobres, contraídas masas que buscan respirar la libertad". Pero para millones de inmigrantes que han alcanzado la costa estadounidense, esta promesa permanece ilusa.

La gran mayoría de los obreros inmigrantes trabajan largas horas, por bajos salarios, realizando el tipo de trabajo que la mayoría de los trabajadores nativos rehúsan hacer. Y cada día reciben recordatorios de que realmente no pertenecen al "mejor país del planeta", y deben vivir agradecidos por pisar su suelo.

El gobierno de Estados Unidos siempre ha tenido una relación contradictoria con los inmigrantes porque los empleadores del país necesitan trabajadores, pero también necesitan controlarlos. Como proyecto colonial y nuevo país, Estados Unidos necesitaba una fuerza laboral: esclavos negros, peones a trata y trabajadores asalariados.

Los inmigrantes han proveído una renovable fuente de mano de obra barata que puede ser traída durante los tiempos de auge y expulsada en los períodos de escasez. Sin embargo, las industrias que han prosperado con el trabajo inmigrante prefieren ignorar las "desagradables" necesidades que los ellos traen consigo, tales como salarios dignos y niveles de vida adecuados para mantener la salud, la seguridad y la cordura.

En palabras del dramaturgo Max Frisch, conocido por su uso de la ironía: "Pedimos trabajadores. Nos mandan personas".

Un lado cruel de esta contradictoria relación queda patente en el consagrado uso de restricciones migratorias basadas en raza, clase y política. El gobierno de Estados Unidos ha tácticamente usado las deportaciones individuales, así como periódicamente las deportaciones masivas, siempre buscando controlar el flujo de la mano de obra inmigrante, y con esto las aspiraciones económicas y políticas de todos los trabajadores.

Como todos los países, Estados Unidos tiene su propia historia particular de relaciones laborales y sistemas de control político e ideológico.

La nación fue establecida por medio de la conquista del territorio de los pueblos nativos, lo que requirió la deshumanización racista para justificar el desplazamiento violento. Luego, la fortuna de los primeros colonos también dependió del trabajo esclavo, también justificado por medio del racismo. ¿Cómo explicar, entonces, la contradicción con la idea de que "todos los hombres son creados iguales", si algunos hombres son propiedad de otros? La respuesta: "Ellos" no son realmente humanos, sino subhumanos.

Los políticos, los empleadores y los comentaristas siempre han racializado a diversos grupos, incluidos los inmigrantes, a conveniencia.

EN LA nueva nación norteamericana, el proceso de determinar quién puede ser ciudadano no está basado en los ideales revolucionarios de la libertad, civil y religiosa, y en la lucha contra la tiranía, sino en las necesidades políticas y económicas. La Ley de Naturalización de 1790 limitaba a naturalización a los inmigrantes "blancos, libres y de buen carácter moral".

Pero no fue sino hasta el siglo XIX, sin embargo, en que EE.UU. realmente comienza a lidiar con el tema de la inmigración en escala masiva, no vista en la historia mundial hasta entonces.

Treinta millones de inmigrantes llegaron a EE.UU. en los 100 años entre 1815 y la Primera Guerra Mundial, en 1914; un período en el que la población creció de 8 millones a 80 millones. Antes de 1819, ningún registro de inmigrantes fue tomado por los gobiernos estatales, ni el federal. Las primeras leyes federales restringiendo el acceso de los inmigrantes a Estados Unidos fueron dirigidas hacia los pobres y aquellos con "deficiencias de salud física y mental". Las restricciones basadas en nacionalidad y raza vendrían después.

El sentimiento anti-inmigrante y el activismo vigilante se unieron primero en grupos nativistas como el Partido Sabe-Nada en las décadas de 1840 y 1850. Su lema era "América para los americanos". De hecho, la mayor parte del programa Sabe-Nada suena muy similar a la plataforma de las organizaciones blanco-supremacistas de los años 2000, como los Minutemen, o a la retórica de Donald Trump y de sus verdaderos partidarios, hoy.

El motivo de ira de los Sabe-Nada eran los inmigrantes irlandeses, que en general eran pobres y católicos y que formaron el primer proletariado urbano no calificado de gran tamaño. Los Sabe-Nada pudieron unirse políticamente para elegir gobernadores y representantes, pero el partido fue desgarrado por desacuerdos en relación a la Guerra Civil de los años 1860's.

Después de la Guerra Civil, que desarraigó la institución de la esclavitud pero no resolvió el problema del racismo y las relaciones laborales, la política migratoria se convirtió en un asunto de debate público, y en 1891 fue establecido el Buró Federal de Inmigración, como parte del Departamento del Tesoro.

Antes de este tiempo, los estados desarrollaron su propia política de inmigración. Luego, el gobierno concedió poderes de deportación al Departamento del Trabajo, y luego al de Justicia, donde la agencia fue conocida como el Servicio de Inmigración y Naturalización. Hoy, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) reside dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Este constante cambio en qué departamento supervisa la política de inmigración refleja la relación conflictiva que Estados Unidos tiene con sus inmigrantes.

A RAÍZ de las masivas huelgas industriales ferroviarias, mineras y manufactureras de la década de 1870, así como por la presión de las organizaciones sindicales blancas, la Ley de Exclusión China fue aprobada en 1882. La ley amplió y codificó el uso de chivos expiatorios, en este caso los trabajadores chinos. Prohibió la inmigración de China por 10 años y la naturalización de los inmigrantes chinos que ya están en el país.

La ley permitió a los profesores, estudiantes, comerciantes y viajeros de China entrar a Estados Unidos, pero no podían convertirse en ciudadanos. El principal objetivo de la ley era prohibir la afluencia de trabajadores chinos, que durante décadas habían sido fuertemente reclutados para construir miles de kilómetros de ferrocarriles, junto con otros trabajadores inmigrantes y nativos.

Otras restricciones a la inmigración también comenzaron en este momento. El Congreso pidió la exclusión de los convictos, "lunáticos, idiotas o cualquier persona incapaz de cuidar de sí mismo sin convertirse en una carga pública". También se promulgó un impuesto de 50 centavos por cada inmigrante que viajara por mar.

A principios del siglo XX, el fanatismo, el racismo y las necesidades económicas y políticas se alinearon para forjar leyes de inmigración más restrictivas. Los primeros 14 años del siglo XX fueron los años pico de emigración hacia EE.UU.

Al mismo tiempo, la población total de EE.UU. estaba creciendo de manera constante. Muchos inmigrantes regresaron a su país de origen sin encontrar éxito. Por lo tanto, el porcentaje de extranjeros nacidos en EE.UU. no cambió significativamente. Según las estadísticas del Censo, el porcentaje de nacidos en el extranjero en 1890 era 14,7 por ciento. En 1910, también era 14,7 por ciento. Y en 1920, la cifra cayó al 13,2 por ciento.

Así que la legislación anti-inmigrante de este período no fue necesariamente una respuesta a la "invasión" inmigrantes. Como varios historiadores han observado, estas actitudes reflejaron en realidad las cambiantes condiciones económicas y políticas dentro del país, y cómo la cuestión de la inmigración fue moldeada por estos cambios.

En 1917, se estableció la Ley de Inmigración. Estableció pruebas de alfabetización en inglés a todos los inmigrantes europeos. Todos los inmigrantes asiáticos, excepto los filipinos, fueron vetados.

Más tarde, la Ley de Origen Nacional de 1929 definió cuotas estrictas para los inmigrantes de cada nacionalidad para limitar a los "menos deseables". Esto se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt rechazó cargamentos de inmigrantes judíos alemanes y de Europa oriental que huían del holocausto.

Al mismo tiempo, Europa, las Américas y Filipinas fueron exentas de cuotas por la escasez de mano de obra en el oeste norteamericano. Los trabajadores mexicanos fueron reclutados para reemplazar a los trabajadores chinos en el ferrocarril y para trabajar en la agricultura, junto a los trabajadores filipinos.

PARA PROVEER contexto a la criminalización de los inmigrantes y a la histeria por más deportaciones, bajo Trump, es importante examinar el role que ambos partidos políticos han jugado.

Dos períodos durante el siglo 20 caracterizados por deportaciones masivas ocurrieron en situación de tensión política entre los Partidos Republicano y Democrático.

Entre 1920 y 1930, los mexicanos estaban exentos del "sistema de cuotas". Más de un millón de trabajadores mexicanos cruzaron la frontera porque fueron reclutados para trabajar en los ferrocarriles y en la agricultura. Fueron recibidos como mano de obra barata y fiable.

Pero cuando la Gran Depresión golpeó, a comienzos de la década de 1930, el desempleo se disparó, y con ello la histeria racista sobre "los mexicanos tomando nuestros trabajos". Del 1929 al 1936, el gobierno estadounidense, con el estado de California en primera línea, deportó o "repatrió", es decir que bajo la amenaza de prisión, ejecución hipotecaria, pérdida de empleo y violencia "voluntarios" fueron obligados a regresar, a cientos de miles mexicanos, incluyendo incontables mexicoamericanos que nunca habían vivido en México.

Entre 500.000 y 2 millones de personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, se vieron obligados a marcharse. Estas deportaciones masivas fueron iniciadas bajo la administración del presidente Herbert Hoover, un republicano, pero fueron continuadas por el demócrata Franklin Delano Roosevelt, hasta 1936.

En 1942, para hacer frente a la escasez de mano de obra agrícola durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt aprobó el programa Bracero, un programa conjunto entre el Departamento de Estado, el Departamento del Trabajo y el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia.

Se trataba de un programa de trabajadores huéspedes que supuestamente garantizaba derechos laborales y derechos humanos, pero que estaba plagado de abusos. El "New Deal" no hizo nada para los trabajadores inmigrantes.

El sucesor de Roosevelt, el presidente demócrata Harry S. Truman, continuó el programa bracero en 1951, a pesar de los bien conocidos y generalizados abusos laborales contra los trabajadores mexicanos. Además, Truman también empujó una mayor represión a los inmigrantes "ilegales", que en este contexto significó trabajadores fuera del programa de trabajadores huéspedes.

Más de 127,000 fueron deportados formalmente y más de 3,2 millones se fueron voluntariamente en lugar de enfrentar una deportación.

Fue esta administración demócrata la que allanó el camino político e ideológico para el presidente republicano Eisenhower llevara a cabo la peyorativamente denominada Operación Espalda Mojada en 1954, que aumentó las fuerzas de la Patrulla Fronteriza y la dotó con equipo de grado militar.

Sólo en el primer año, más de un millón de trabajadores mexicanos, indocumentados, documentados y ciudadanos, fueron deportados o repatriados. Con esta operación, el gobierno de Estados Unidos una vez más sancionó deportaciones masivas basadas en el perfilamiento racial de los trabajadores inmigrantes.

HUBO OTRAS dos leyes promulgadas a finales del siglo 20 que fueron especialmente cruciales para establecer el nivel de criminalización y represión de los inmigrantes que hoy vemos: la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 (IRCA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Responsabilidad Inmigrante y Reforma de Inmigración Ilegal de 1996.

Ambas medidas legislativas fueron integrales para desarrollar y sostener la política económica neoliberal en EE.UU. Si bien Estados Unidos estaba presionando por mercados abiertos en todo el mundo, como con el TLCAN (o NAFTA, por sus siglas en inglés), el gobierno federal tenía como objetivo controlar el movimiento de los migrantes, a menudo obligados a abandonar sus hogares en busca de los puestos de trabajo que el "libre mercado" les había robado.

Mientras el presidente demócrata Jimmy Carter (1977-1981) amplió el presupuesto y el personal para patrullar la frontera entre Estados Unidos y México, fue bajo el presidente republicano Ronald Reagan que el ataque ideológico contra los migrantes avanzó significativamente.

Reagan retrató la frontera entre Estados Unidos y México como la "puerta de entrada" de las tres mayores "amenazas" para el país: migrantes pobres, subversivos centroamericanos y narcotraficantes.

Bajo el ambiente producido por Reagan, es importante señalar el éxito que tuvo una coalición de sindicatos, grupos de justicia social y religiosos involucrados en el movimiento santuario de los años 80, en introducir en IRCA la amnistía para 2.8 millones de inmigrantes, dándoles un estatus legal y un camino a la ciudadanía. Los trabajadores migrantes recién legalizados se unieron en campañas sindicales y campañas por los derechos laborales.

Desafortunadamente, el éxito fue empañado por los compromisos; entre otros, las sanciones contra los empleadores que contrataron a trabajadores indocumentados, que llevó a un mayor uso de números falsos de Seguridad Social, y una mayor facilidad para despedir y deportar a los trabajadores migrantes en momentos oportunos para la empresa. Además, hubo una dramática escalada en la militarización de la frontera México-estadounidense, con un consecuente aumento en el de personal de la Patrulla Fronteriza.

El presidente demócrata Bill Clinton cimentó el crecimiento del sentimiento anti-inmigrante y la represión legal y la violencia contra los trabajadores migrantes con la Operación Gatekeeper en 1994. Clinton duplicó el presupuesto de la Patrulla Fronteriza y el número de agentes, y casi triplicó las cercas y los sensores para "restaurar la integridad y seguridad de la frontera más concurrida del país".

Este programa, implementado el mismo año en que entró en vigencia el TLCAN, dio lugar a condiciones mucho más brutales para los muchos refugiados huyendo de la devastación económica causada por las nuevas condiciones comerciales.

La zona fronteriza llegó a ser caracterizada por desesperados refugiados victimizados por inescrupulosos traficantes y corruptos funcionarios fronterizos, por igual. Violaciones, violencia, acoso y los centros de detención de inmigrantes se convirtieron en la cotidianeidad de la frontera entre México y Estados Unidos.

Operación Gatekeeper fue directamente responsable de más de 4.000 muertes de trabajadores migrantes entre 1994 y 2005.

En 1996, Clinton volvió a movilizar el sentimiento anti-inmigrante para avanzar su reelección. Él promulgó una serie de leyes antiinmigrantes, entre ellas la Ley de Reforma Ilegal y Responsabilidad de Inmigrante.

Ostensiblemente para "fortalecer y agilizar las leyes de inmigración de Estados Unidos", la ley amplió enormemente el tipo de crímenes por los cuales un inmigrante puede ser deportado (tales como el robo menor y conducir intoxicado), aumentó la detención obligatoria para deportados, incrementó (una vez más) el número de agentes fronterizos, e introdujo medidas tales como verificación electrónica para que los empleadores confirmen la ilegibilidad de los trabajadores, y el notorio programa 287 (g) que autoriza a las fuerzas policiales locales y estatales a colaborar en la aplicación de la ley de inmigración.

MUCHO DE lo que hemos visto en el empeoramiento de la situación legal que enfrentaron los inmigrantes bajo George W. Bush y Barack Obama – Comunidades Seguras, E-verify, y la proliferación de centros de encarcelamiento y detención – fue facilitado por ley firmada por Clinton en 1996.

Ésta, la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva (que codificó y extendió el Nuevo Jim Crow, como argumenta Michelle Alexander en su libro homónimo), y la Ley de Responsabilidad Personal y de Reconciliación de la Oportunidad Laboral de 1996 (que puso fin al "bienestar social como lo conocemos"), son las tres principales leyes promulgadas por Clinton que dejan claro que los demócratas están dispuestos a usar el racismo y la represión para controlar una población cada vez más asediada y empobrecida.

Dada la historia demócrata de estar dispuestos a usar a los inmigrantes como chivos expiatorios y deportarlos, no debiera sorprendernos que el presidente Obama usara el bien lubricado aparato de ejecución de la ley inmigrante que heredó de Clinton y Bush.

La administración Obama dio prioridad a la remoción de "extranjeros criminales", una estrategia que le valió su apodo de "Deportador-en-jefe" tras deportar 2,5 millones inmigrantes entre 2009 y 2015, con su particular lectura de la Ley de 1996 aprovechando la justicia penal.

Reclasificar a los inmigrantes como "delincuentes" por haber cometido delitos menores (o por delitos por los que ya cumplieron su condena) resultó mucho más popular que la remoción de trabajadores indocumentados, tras redadas en los lugares de trabajo. Debido al racismo y la deshumanización de los reos, en general, los inmigrantes con historiales "criminales" tuvieron mucho menos defensores políticos que, por ejemplo, los estudiantes universitarios indocumentados.

Las remociones "basadas en el crimen" resultaron en un número desproporcionado de inmigrantes hispanos deportados gracias al perfilamiento racial que aterriza más latinos y afroamericanos en prisión. Bajo Obama, más del 95 por ciento de los deportados fueron latinos.

DONALD TRUMP inició su campaña presidencial afirmando que México nos envía sus criminales, y prometió deportar a los inmigrantes mexicanos en masa. Como presidente, Trump emitió dos órdenes ejecutivas, en enero, que expandieron el enfoque de la administración Obama en la remoción de "extranjeros criminales".

El área geográfica de 100 millas de la frontera donde puede aplicarse una "remoción expedita", un proceso que permite a un funcionario de inmigración expulsar arbitrariamente a un inmigrante sin audiencia o revisión legal adicional, fue aumentada para cubrir todo el país.

Esto probablemente tendrá un impacto desproporcionado sobre los inmigrantes de México y América Central que "encajan en el perfil" de ser indocumentados.

Con la otra orden ejecutiva, Trump está tratando a eliminar fondos federales para cualquier ciudad o estado santuario, aunque un juez bloqueó recientemente esta orden mientras los tribunales consideran su legalidad. Las ciudades santuarios fueron establecidas por gobiernos locales impedir sus funcionarios colaboren con agentes federales en cuestiones de inmigración.

Las órdenes ejecutivas de Trump tendrán un impacto devastador en la comunidad inmigrante al generar temor y desesperación entre los inmigrantes indocumentados, aquellos que hayan recibido su estatus por medio de DACA, y las familias de estatus mixto, al eliminar los recursos legales que solían tener.

Trump basó su éxito político en fomentar temor entre los votantes y mediante el uso de retórica racista que sus seguidores se han animado a poner en acción.

Es urgente organizarse en apoyo de todos los inmigrantes durante la presidencia de Trump y vincular esta lucha a otros que enfrenten sus ataques. Pero también es importante recordar la historia de cómo llegamos a este momento. Tanto demócratas como republicanos son responsables de alimentar el sentimiento anti-inmigrante y de implementar mecanismos legales más duros para el tratamiento de los inmigrantes.

Organizar contra las políticas de Trump no tiene por qué significar organizar en apoyo de los demócratas como la única alternativa. Independientemente, podemos y debemos construir un mundo mejor y sin fronteras.

Traducido por Orlando Sepúlveda