Resistiendo Juan Crow en Alabama

ALABAMA DECLARÓ la guerra a los inmigrantes con una de las leyes anti-inmigrantes más despiadadas del país. Pero aun cuando la ley ha aterrorizado a algunas familias inmigrantes, y las ha hecho huir del estado, también ha provocado resistencia.

A comienzo del 2011, la legislatura estatal aprobó la Ley Beason-Hammon de Protección al Ciudadano y al Contribuyente, también conocida como HB 56--un draconiano paquete de medidas que hace un crimen para un inmigrante trabajar, viajar, adueñar o alquilar una vivienda sin tener documentos migratorios.

Gran parte de la ley fue ratificada por una jueza federal y entró en vigor a finales de septiembre--incluyendo disposiciones que permiten a la policía detener y encarcelar a sospechosos de estar ilegalmente en el país y penaliza a "un extranjero no legalmente en Estados Unidos" si solicita una patente automotriz, licencia de conducir o permiso de negocios. La ley también niega a los inmigrantes asistencia médica estatal y hace un crimen contratar, alojar, rentar una propiedad, o transportar a un inmigrante indocumentado.

Las consecuencias han sido severas. Como el New York Times señaló, "El miedo está provocando un éxodo de Hispanos abandonando sus hogares, sus puestos de trabajo y los cultivos en los campos. Los servicios públicos se están preparando para cortar el agua y electricidad de aquellos clientes que no puedan mostrar sus papeles en regla".

A pesar de los terribles efectos de la ley, la comunidad inmigrante de Alabama y sus aliados en todo el país están presentando resistencia.

El 12 de octubre, trabajadores inmigrantes del todo el estado participaron en un "Día Sin Inmigrantes", inspirado en las masivas protestas del 2006. Los estudiantes organizaron paros, miles de personas atendieron a manifestaciones, y trabajadores organizaron huelgas que paralizaron 40 empresas--entre ellas, el 50 por ciento la multimillonaria industria avícola de Alabama.

Luego, el 13 de noviembre, en una inspiradora muestra de valentía, 13 activistas indocumentados--nueve estudiantes y cuatro adultos--se hicieron arrestar en Montgomery, Alabama, después de haber bloqueado una intersección entre el parlamento estatal y el edificio del Capitolio. La acción siguió a una marcha y rally de más de 100 inmigrantes y sus partidarios gritando: "Sin papeles, sin temor, los inmigrantes marchan aquí", organizado por la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes.

Uno de los detenidos fue el veterano activista laboral y por los derechos de los inmigrantes Martin Unzueta, cuyas hijas estuvieron entre las primeras activistas indocumentadas en usar la táctica de dejarse arrestar para poner de relieve la falta de oportunidades de la familia inmigrante indocumentada. En una carta abierta, Unzueta explica por qué se unió a la acción de desobediencia civil en Montgomery:

Hoy en día, la situación para las comunidades inmigrantes se hace cada vez más difícil. Hoy en día, la administración Obama está deportando 1.100 personas al día. El noventa por ciento de ellas son víctimas del programa de "Comunidades Seguras", el que criminaliza a aquellos que están en el lugar y momento equivocados.

Estoy arriesgando deportación porque estoy harto de ver sufrir a nuestros hijos, y harto de las mentiras de Inmigración y Aduanas (ICE). Ellos no están cazando criminales, sino a nosotros: los trabajadores. Somos inmigrantes, igual que aquellos que formaron este país. Ni nuestros hijos, ni nosotros, merecemos este mal trato.

El Departamento de Seguridad Nacional y el ICE mienten porque están hiriendo nuestra comunidad con sus acciones. Hacemos desobediencia civil porque no tenemos miedo de los mentirosos. En Alabama, HB 56 ha creado una terrible situación para nuestra comunidad, y queremos cambiar esa situación. ¡Viva el Acta DREAM y los que lo harán posible: Los "Soñadores".

AL PARTICIPAR en la desobediencia civil, "los Trece de Alabama" arriesgaron deportación. Pero ellos fueron rápidamente puestos en libertad después de una campaña de solidaridad. Salieron del Departamento de Policía de Montgomery gritando: "Sin papeles. Sin temor".

El 20 de noviembre, una multitud de más de 2.200 repletó la iglesia bautista de Birmingham en la calle 16. Esta iglesia se convirtió un símbolo de la lucha para poner fin a la segregación racial en Alabama cuando fue bombardeada en septiembre de 1963 y cuatro niñas afroamericanas fueron asesinadas. Ahora en esta iglesia, los activistas pro-inmigrantes protestan contra lo que muchos de ellos llaman "Juan Crow".

Una colorida multitud coreó: "¿Quién es Alabama? ¡Nosotros somos Alabama"!, en Inglés y Español. Allí, entre los oradores, estuvieron 10 representantes federales que se oponen a HB 56, incluyendo Luis Gutiérrez de Illinois y Sewell Terri de Alabama. Muchos oradores señalaron la conexión entre la lucha anti-segregacionista de los años sesenta y la lucha pro-inmigrante de hoy.

Una reciente editorial del New York Times describe no sólo qué tan reaccionaria la nueva ley es, sino también la resistencia que ha provocado:

La clase gobernante en Alabama se ha atrincherado contra la tormenta causada por la ley de inmigración más opresiva del país. Algunas de las disposiciones de la ley han sido bloqueadas en la corte federal, mientras otras no tendrán efecto hasta el próximo año. Pero muchos Alabameños no están esperando que las cosas empeoren, ni por la posibilidad incierta de un relieve judicial o una retirada legislativa. Se movilizan para protegerse, evocando las tácticas de la lucha por los derechos civiles de hace medio siglo atrás.

Por temor a ser arrestados y deportados, los trabajadores inmigrantes se han alejado de las granjas y las fábricas y a sus hijos de las escuelas. La ley ha provocado una reacción por parte de los agricultores y otros propietarios de negocios de Alabama cuyas operaciones han sido perjudicadas por la escasez laboral.

Después de la aprobación de HB 56 en junio, el gobierno de Obama desafió la ley a través de una querella del Departamento de Justicia, argumentando que inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Organizaciones defensoras de los derechos civiles también presentaron recursos legales contra la ley porque ésta alienta el racismo policial. Los desafíos legales permitieron empujar la implementación de la ley por cuatro meses.

Muchos esperaban que la ley fuera bloqueada o largamente retrasada de entrar en vigor, como ha sucedido en el último año y medio con los otros intentos de la derecha, en muchos estados, por legislar leyes anti-inmigrante. Jueces federales ha bloqueado disposiciones centrales de las leyes anti-inmigrantes en Arizona, Utah, Indiana y Georgia.

Sin embargo, una jueza federal con sede en Alabama, Sharon Blackburn, resolvió que HB 56 sólo ejecuta la aplicación de leyes que el Congreso ya ha autorizado y por tanto confirmó una gran parte de la ley.

Según el Times, las secciones que Blackburn confirmó incluyen: "una que anula cualquier contrato que haya sido suscrito por un inmigrante ilegal, y otra que prohíbe cualquier transacción entre un inmigrante ilegal y cualquier división del Estado, una prohibición que ya ha resultado en la negación a una solicitud de servicio de agua y alcantarillado a un hombre de Montgomery, y lo más polémico, la sección que requiere a las escuelas primarias y secundarias determinar el estatus migratorio de los estudiantes que ingresan ".

Como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración concluyó:

La ley impediría a las escuelas cumplir con la tarea fundamental de educar a nuestros jóvenes y las obligaría en su lugar a verificar el estatus migratorio de los niños que asisten, así como el de sus padres, y reportar esta información a las autoridades estatales. La ley también criminaliza interacciones básicas diarias entre los ciudadanos de EE.UU. y otras personas con presencia legal e inmigrantes indocumentados.

EL GOBERNADOR Republicano de Alabama, Robert Bentley, hizo hincapié en su ansiedad por aplicar la legislación. Tras el fallo de la jueza Blackburn, se jactó diciendo que aun "con las partes que fueron confirmadas, tenemos la ley de inmigración más fuerte en el país."

Bentley y los otros partidarios de la ley argumentan que no hay motivos raciales. Él incluso afirmó en una entrevista con NBC que Alabama fue forzada a cumplir con las leyes federales de derechos civiles en la década de 1960, pero que ahora es Alabama la que trata de forzar al gobierno federal a cumplir con las leyes vigentes.

Pero el racismo corre por las venas de HB 56. Un patrocinador central de la legislación, el senador estatal de Scott Beason, quien instó a los políticos estatales a "vaciar su cargador" para detener a inmigrantes indocumentados, fue grabado en secreto por el FBI describiendo a los afroamericanos en Alabama como "aborígenes".

Una delegación sindical patrocinada por la AFL-CIO, recientemente visitó Birmingham para discutir los efectos de la ley con líderes comunitarios y trabajadores indocumentados. Fred Redmond, vicepresidente internacional de la Unión Acereros Unidos (USW) y miembro del consejo ejecutivo de la AFL-CIO, dijo:

Nos disturba como gente de trabajo... Nos disturba como movimiento, y nos disturba como país aprender que en el año 2011, aquí en el estado de Alabama, las personas están siendo privados de sus derechos. Están siendo discriminados. Niños están siendo negados de su derecho a la educación. Esta no es la América que conocemos.

La administración Obama regularmente critica a Alabama y otros estados por tratar de implementar políticas de inmigración. Pero los más de 60 compañeros de Martin Unzueta en Chicago que atendieron la conferencia de prensa al día siguiente de su arresto, señalaron la hipocresía de una administración que ha deportado a 400,000 inmigrantes indocumentados sólo este año--1.100 por día.

La Casa Blanca ha llevado el número de deportaciones a un máximo histórico, usando lo que llaman las "Comunidades Seguras", un programa que aumenta la colaboración entre la policía local e Inmigración de Aduanas (ICE).

Las fuerzas anti-inmigrantes ven la aplicación de la ley como un modo crear condiciones insoportables para los indocumentados, implementado políticas de atrición y desgaste. Al incrementar la vigilancia y las deportaciones, la Casa Blanca sólo ha ayudado a alimentar la confianza de la derecha y la legitimar sus iniciativas. Ahora, el fallo judicial en favor de la ley de Alabama alentará a otros estados a seguir adelante con sus planes de retar la autoridad federal en inmigración.

Las movilizaciones y protestas en Alabama demuestran la permanente voluntad de la comunidad obrera indocumentada a organizarse y resistir, aun en la más tremenda represión y bajo las más terribles penurias. Es aquí donde el lema de la tradición obrera "Nos golpean a uno, nos golpean a todos" será crucial para desafiar a legisladores racistas como Scott Beason y para obligar a la Casa Blanca a detener las deportaciones.

Traducido por Orlando Sepúlveda