Obama contra las libertades civiles

EL EJÉRCITO de Estados Unidos puede detener indefinidamente, y sin juicio, a los ciudadanos estadounidenses--este es el último de los supuestos "derechos inalienables" sacrificados por el demócrata, y ex profesor de derecho constitucional, que ahora habita en la Casa Blanca.

Luego de prometer durante su campaña hacer retroceder los abusos de la administración Bush, Barack Obama, en sus años como presidente, ha buscado y perpetrado ataques a las libertades civiles que los republicanos sólo podían imaginar. Él ha borrado cualquier duda acerca de si los demócratas están tan cometidos como los republicanos en fortalecer el estado de seguridad nacional, a expensas de nuestros derechos.

Como parte de la Ley de Autorización para la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), promulgada por Obama el 31 de diciembre, el ejército--bajo la autoridad del presidente--está facultado para detener a cualquiera "que sea parte de, o haya sustancialmente apoyado a, al-Qaeda, el Talibán o fuerzas asociadas envueltas en hostilidades contra Estados Unidos o sus aliados…sin juicio, hasta el término de las hostilidades".

De acuerdo con el colegiado legal Jonathan Turley, el NDAA representa "uno de los mayores retrocesos de las libertades civiles en la historia de nuestro país".

Incluso el liberal New York Times, que regularmente elogia la administración demócrata de Obama, describió su anuncio de que firmaría la ley como "una completa concesión política, una que refuerza la impresión de una presidencia torpe".

Laura Murphy de la ACLU señaló que la última vez que el Congreso aprobó una legislación de detención indefinida fue la Ley de Seguridad Interna de 1950, aprobada durante la era McCarthy. El entonces presidente Harry Truman vetó la Ley de Seguridad Interna de 1950, pero el Congreso anuló el veto.

Como escribió Glenn Greenwald de Salon.com, la Ley de Seguridad Interna:

autorizó el encarcelamiento de comunistas y otros "subversivos", sin la necesidad de juicios completos o el debido proceso (muchas de las disposiciones más flagrantes de esa ley fueron derogadas por la Ley de No-Detención de1971, y ahora están siendo rejuvenecidas por estas políticas de detención indefinida de la "guerra contra el terror"). El presidente Obama, ni que decir, no es Harry Truman. Él ni siquiera es el candidato Obama del 2008, quien en repetidamente insistió en que el debido proceso y la seguridad no son mutuamente excluyentes, y que condenó la detención por tiempo indefinido como un "agujero negro" de injusticia.

EN EL New York Times, Andrew Rosenthal, escribió: "Es anonadante que el presidente esté dispuesto a firmar una ley que podría revertir el derecho de habeas corpus en un mero privilegio--aun para los ciudadanos".

Pero no es tan "anonadante" una vez que comparamos esta medida con el récor demócrata en libertades civiles durante los últimos años, desde la capitulación ante el gobierno de Bush con la Ley Patriota, a sus propias medidas con Obama.

Más allá de fallar en honrar su promesa de cerrar Guantánamo, así abrazando la idea de la detención indefinida de extranjeros sospechosos de terrorismo, la administración Obama ha supervisado una vasta expansión del poder ejecutivo, y los ataques a nuestros derechos, incluyendo: no proceso alguno contra crímenes de guerra, ni de aquellos cometidos por soldados estadounidenses, ni mucho menos aquellos cometidos por los ex funcionarios de la administración Bush; continuación del uso de la vigilancia sin orden judicial; la persecución política de Bradley Manning y de otros que han denunciado los crímenes de guerra; detenciones ilegales en el territorio del país y trato represivo e ilegal de aquellos acusados de "ayudar materialmente" a terroristas; masiva expansión del uso de aviones no tripulados para atacar y asesinar supuestos "terroristas" (y a menudo, casuales, colaterales víctimas civiles); asesinatos extra-judicial de foráneos y de al menos un ciudadano estadounidense, Anwar al-Awlaki, invocando el derecho presidencial al "secreto de Estado" para hacerlo; y la continua persecución de árabes y musulmanes en EE.UU., bastándose sólo de la más débil de evidencia de "apoyo material" al terrorismo.

En otras palabras, la administración Obama ha a cada paso demostrado su voluntad para pisotear las libertades civiles para expandir el poder ejecutivo--invocando la "guerra contra el terror".

Obama adjuntó una "declaración" al firmar la NDAA, proclamando que él no desea utilizar el enorme poder que se otorga a si mismo y a sus sucesores. "He firmado esta ley a pesar de tener serias reservas con algunas disposiciones que regulan la detención, interrogatorio y enjuiciamiento de presuntos terroristas", escribió Obama.

Pero entonces ¿por qué consagrar este atroz poder en la ley? La respuesta es que Obama está muy contento de tener esta arma a su disposición. Aún más risible es su afirmación de Obama de que los "logros" de su gobierno en la "guerra contra el terror" han "respetado los valores que hacen de nuestro país en un ejemplo para el mundo".

Esto es tal vez un ejemplo de la incansable búsqueda de poder. Pero no de respeto a las libertades civiles o a los derechos humanos.

LO QUE algunos podrían estar preguntándose es cómo Obama--el ex profesor de derecho que se comprometió a defender el imperio de la ley y proteger las libertades civiles--pudo haber totalmente este tipo de políticas.

La respuesta no es una falla personal, sino que Obama y los demócratas están tan comprometidos como los republicanos en ampliar y defender el poder de Estados Unidos en todo el mundo. Parte de asegurar eso es el fortalecimiento del estado de seguridad nacional para silenciar y reprimir cualquier amenaza a ese poder--extranjera o doméstica.

En la década de 1950, tales ataques fueron dirigidos contra socialistas y comunistas. Hoy, la administración Obama afirma que su represiva ley está dirigida a "terroristas". Sin embargo, combinado la expansión del espionaje del FBI, ésta puede ser y será utilizada para silenciar la disidencia interna.

Considere al ex jefe de gabinete de Obama y el actual alcalde de Chicago, Rahm Emanuel. En preparación a las protestas planeadas contra la cumbre de la OTAN y el Grupo de los Ocho (países más poderosos del mundo) en Chicago en mayo de este año, Emanuel busca cambios permanentes en las ordenanzas municipales para aumentar las multas por violaciones de las regulaciones de desfiles públicos de $50 a $1,000, doblar las multas a los manifestantes acusado de resistencia al arresto u obstrucción a la policía; limitar a dos horas el plazo para las manifestaciones permitidas; restringir las reuniones a parques públicos y playas; y permitir que el Superintendente de Policía Garry McCarthy usar "fuerzas vigilantes" para la mantención del orden y forjar entendimientos con el estado, las autoridades federales y agencias locales.

O recuerde las muchas ocasiones en los últimos meses en los que los manifestantes del movimiento Ocupa fueron acosados, golpeados, rociados con gas pimienta y detenidos sumariamente, de costa a costa--por tratar de ejercer su derecho a hablar en contra del sistema.

Lejos de ser la excepción, éste es el modo en que el Estado trabaja en una democracia burguesa. La violencia y la coerción son usadas cuando necesarios, mientras los declarados principios de democracia son continuamente socavados, no importa qué partido esté a cargo.

Somos animados a creer que el Estado está por encima de la sociedad, como un árbitro imparcial. Pero en el fondo, el Estado en una sociedad capitalista protege a los de arriba--al 1 por ciento, cuya riqueza domina y dirige la forma en que el Estado funciona.

La guerra contra nuestros derechos políticos está conectada a las guerras de EE.UU. en el extranjero--y la persecución de los sus intereses imperialistas en todo el mundo.

Los políticos de ambos lados del pasillo dicen apoyar y defender la Constitución, pero tan pronto como los de abajo comenzamos a ejercer nuestros derechos constitucionales, y agitar por un cambio real al sistema, nuestros "derechos" se convierten en prescindibles.

Es por eso que la decisión de Obama de firmar el NDAA no fue una sorpresa, después de todo. Pero es importante que en los próximos meses, los activistas hagan Obama responsable de sus acciones.

Como Jonathan Turley señaló con razón, más allá de la pulverización de las libertades civiles, hay un peligro más amplio--el que aquellos que de otro modo pueden levantar su voz contra estas medidas guarden silencio, porque la alternativa--los republicanos--en la superficie parecen mucho peor:

Tal vez el mayor golpe a las libertades civiles es lo que [Obama] ha hecho al movimiento mismo. Ha sido silenciado a un susurro, enmudecido por el poder de la personalidad de Obama y su simbólica importancia como el primer presidente Negro, así como el liberal que remplazó a Bush... Con el tiempo, la elección de Barack Obama puede convertirse en uno de los eventos más devastadores para las libertades civiles en nuestra historia.

Traducido por Orlando Sepúlveda