Reforma migratoria sin justicia

Justin Akers Chacón, autor de Nadie es Ilegal: Confrontado el racismo y la violencia de Estado en la frontera, explica qué hay en la "reforma" migratoria.

Members of the Senate Judiciary Committee discuss proposed immigration legislation

LA LEY para la Seguridad Fronteriza, Oportunidades Económicas y Modernización de la Inmigración de 2013, conocida como S. 744, es una propuesta que sólo los capitalistas gringos debieran querer.

Aunque el bipartidista "Grupo de los Ocho" senadores que la redactó, al igual que sus contrapartes en la Cámara de Representantes, la presentan como un enfoque razonable y mesurado a la legalización, un lectura más detallada de sus 844 páginas reseñan un cuento diferente. S. 744 está cargada con medidas punitivas, descalificaciones y exclusiones, y un robustecimiento en la ejecución de las leyes migratorias. Es tan restrictiva que debería ser vista, en su forma actual, como la continuación del ataque a los trabajadores inmigrantes, no una genuina reforma, ni siquiera parcial.

La propuesta representa el consenso entre la clase dominante para avanzar en la reestructuración de la política migratoria. Esto puede ser atribuido a la derrota, en las calles y las urnas, de la estrategia de "sólo aplicar la ley " que dominó los últimos años.

Sin embargo, S. 744 no rompe con el continuum doctrinario subyacente entre George W. Bush y Barack Obama, incluyendo el tratamiento de la inmigración y la frontera como un asunto de seguridad nacional en el contexto de la "guerra contra el terror", con su respectiva militarización de la ejecución de la ley y criminalización de los inmigrantes. También refleja marcadamente el deseo de subordinar los derechos laborales a las necesidades de las grandes empresas.

Así, mientras las riñas partidistas acerca de los detalles de la ley han comenzado en varios comités del Congreso, existe un alto nivel de acuerdo sobre sus principales componentes: el aumento del gasto en el aparato represivo, en la frontera y al interior, para controlar los flujos migratorios actuales y futuros; el desarrollo de una sustancial fuerza laboral, desarraigada y barata, expandiendo los programas de trabajadores huéspedes; un sistema de visas basado en el mérito; y un proceso de legalización largo y arduo, diseñado para descalificar a cualquiera que proteste, se salga de la línea o deje de trabajar.

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Ampliando de la guerra contra los inmigrantes (otra vez)

Al centro de la propuesta está el requisito de que antes de considerar cualquier legalización de los aproximadamente 11 millones de indocumentados, las agencias de control fronterizo deberán alcanzar una tasa de aprehensión efectiva del 90 por ciento hacia el final del primer quinquenio, luego de ser aprobada la ley. A pesar de que la opinión pública ya había cambiado en favor de la legalización –en abril, una encuesta CNN/ORC International señaló que un 84 por ciento apoya un programa de legalización– ésta fue una innecesaria y a priori concesión a los republicanos.

Aunque los criterios a ser usados para determinar la "tasa de efectividad" no son claros aun, tres aspectos de la realidad fronteriza hoy desmienten la urgencia de "tomar el control de la frontera".

Primero, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew Hispanic, la inmigración transfronteriza neta cayó a cero en 2011, es decir, el mismo número de inmigrantes que entró al país regresó a México.

Segundo, a pesar de que la caída de la inmigración ha sido atribuida al fortalecimiento del control fronterizo, la recesión económica es la principal razón. Incluso la Patrulla Fronteriza reconoció en febrero, en un reporte de la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas, que la recesión jugó un papel clave, sin dejar, por supuesto, de inventar complicadas fórmulas para "demostrar" que su trabajo ha sido un éxito y para justificar su inflado presupuesto.

Tercero, como reseña en el LA Times Andrew Selee, director fundador del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, las tendencias económicas y demográficas apuntan a una disminución de la inmigración de México en un futuro previsible.

Desde la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en 1994, millones de trabajadores han sido desplazados por la apertura de la economía mexicana al capital extranjero. La competencia directa con EE.UU., Europa y las corporaciones multinacionales asiáticas barrió con pequeños agricultores, muchos productores nacionales y partes del tambaleante sector estatal. Al menos 1 millón de refugiados económicos dejó México cada año antes de que la recesión se asentara. Como resultado, el país ahora experimenta una brecha generacional; la población de trabajadores jóvenes, con más probabilidades de emigrar, ha disminuido rápidamente debido a que muchos ya viven en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la sustancial inversión extranjera ha impulsado el crecimiento de la economía mexicana, pero también han aumentado la desigualdad económica y la pobreza extrema, según una evaluación de los primeros 20 años de NAFTA escrita para Foreign Policy In Focus por Manuel Pérez-Rocha y Javier Rojo. Así, y en conjunción con la disminución de los salarios en EE.UU., la brecha salarial entre los dos países ha sido reducida. Con una mayor demanda laboral en México y la disminución de los salarios en EE.UU., los flujos migratorios futuros decrecerán.

Para lograr su declarado objetivo de robustecer el aparato ejecutor de la ley, S. 744 llama por sumar 6.5 mil millones dólares por año a los ya $18 mil millones gastados en el control fronterizo en 2012. Este gasto adicional irá a aumentar los instrumentos de vigilancia y detección, el cercado doble y triple, equipos móviles, centros de mando, bases y vehículos, así como más aviones no tripulados, helicópteros y más. La legislación agregaría unos 3,500 agentes a los ya 21.790 en servicio en la Patrulla Fronteriza.

Esto acelerará la militarización de la frontera comenzada durante la administración Reagan, y que ha continuado bajo cada subsiguiente presidente, de ambos partidos. Según el Institutito de Política Migratoria, el gobierno de EE.UU. ha gastado 219 mil millones de dólares en la vigilancia fronteriza desde 1986.

Anticipando la gula presupuestaria en la frontera, el complejo de defensa ha ampliado su repertorio de mercancías de grado militar, y se apura a ofrecer sus adaptaciones fronterizas. Según el New York Times:

Grandes contratistas militares, incluyendo Raytheon, Lockheed Martin y General Dynamics, se están preparando para una inusual carrera al desierto este verano, para mostrar sus radares militares y sistemas de cámaras de largo alcance para asegurar un contrato de hasta $1 mil millones con el Departamento de Seguridad Nacional.

Northrop Grumman, por su parte, está promoviendo con los oficiales de la Seguridad Nacional un dispositivo de rastreo automático, construido para el Pentágono para encontrar bombas en las carreteras de Afganistán, que podría ser montado en aviones no tripulados para encontrar a quienes crucen ilegalmente la frontera. Y General Atomics, que fabrica aviones no-tripulados de reconocimiento, quiere duplicar el tamaño de la flota bajo un contrato recientemente otorgado por un valor de $443 millones.

La propuesta ley también activa la Guardia Nacional para participar en todos los aspectos del control fronterizo, incluyendo vigilancia, comunicaciones, aviones no tripulados, puestos de control y asistencia directa durante operaciones. Ya hay 71 retenes de tránsito y 32 retenes permanentes en ocho de los nueve sectores fronterizos, pero el proyecto de ley propone más.

El incremento de la militarización de la frontera no hará sino intensificar la atmósfera bélica que ya define la frontera suroeste. Lejos de hacer el país más seguro, producirá más desenfrenada discriminación racial, detenciones y encarcelamientos, deportaciones, y, tristemente, más muertes.

A pesar del menor flujo migratorio de los últimos años, las muertes fronterizas van en aumento. Por ejemplo, el año 2012 vio el número más alto de muertes de inmigrantes registrado en Texas (271) y el segundo número más alto registrado en Arizona (142), de acuerdo a estudios realizados por académicos en la Universidad de Houston-Clear Lake y la Universidad de Arizona, respectivamente. La contribución que S. 744 hace a esta actual dinámica –mayor vigilancia que empuja a los inmigrantes a cruzar en terrenos más peligrosos– la tasa de mortalidad seguirá aumentando en los próximos años.

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De la frontera al puesto de trabajo

La expansión del control migratorio desborda la frontera y se extiende al interior del país, demostrando un enfoque integral para controlar la mano de obra inmigrante en el puesto de trabajo mismo.

Para realizar esto, el proyecto de ley ordena el uso de E-Verify por todos los empleadores (Título 3, Sección 3101). E-Verify es una base de datos federal utilizada por empleadores para determinar la legalidad de sus trabajadores. La sección de S. 744 que aborda el E-Verify también requiere recolectar datos biométricos de todos los trabajadores inmigrantes y contiene lenguaje que podría extender la obligación para todos los trabajadores en busca de empleo, independientemente de su estatus de ciudadanía. Esto requeriría el establecimiento de una base de datos biométrica nacional, una visión alarmante luego de la reciente revelación acerca del espionaje gubernamental sobre sus ciudadanos.

En la actualidad, sólo el 7 por ciento de los 6 millones de empleadores usan E-Verify, el cual es notoriamente propenso a errores. Según una auditoría independiente del gobierno en 2009, E-Verify tuvo una tasa de error de 4,1 ciento. Aplicado a nivel nacional, esto podría afectar negativamente el empleo de millones de trabajadores.

Todo esto ni siquiera toma en cuenta la forma en que E-Verify puede incentivar la discriminación contra trabajadores latinos. La experiencia reciente sugiere que los empleadores han utilizado el programa para hostigar a trabajadores latinos. Esto fue puesto de manifiesto en San Diego, cuando nueve trabajadores del hotel Hilton Mission Valley fueron despedidos usando E-Verify. Algunos de los trabajadores habían estado trabajando para el hotel por 15 años, y no creen que fuera coincidencia que su remoción haya ocurrido luego de expresar su apoyo a una campaña de sindicalización dirigida por UNITE-HERE.

La implementación nacional de E-Verify podría llevar a despidos masivos, ya que muchos trabajadores indocumentados no califican para la "legalización" de S. 744. Los empleadores tendrán hasta cuatro años para cumplir, dándoles el poder de determinar el ritmo de implementación y de despidos. La eliminación de miles de trabajadores inelegibles probablemente creará una nueva capa subterránea de la economía, donde los sectores más dependientes de mano de obra barata encontrarán o desarrollarán mecanismos para evitar el E-Verify, empujando los salarios aún más a la baja.

Además, cualquier persona sorprendida usando, comprando o distribuyendo un número falso o duplicado del Seguro Social para fines de empleo enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa monetaria (Sección 3102). Dada la probabilidad de una futura inmigración no autorizada de diferentes regiones del mundo, la mayor criminalización de algo tan esencial para los indocumentados, casi por seguro, conducirá a un aumento de los encarcelamientos y un aumento de aquellos que viven precariamente sin papeles, en las sombras.

La vasta y vulnerable fuente de trabajadores indocumentados que este proyecto de ley crearía hará más difícil sindicalizar a los trabajadores inmigrantes, en la actualidad uno de los sectores más dinámicos de crecimiento del movimiento laboral.

Una vez que las nuevas medidas interiores de exclusión sean implementadas, los migrantes atrapados enfrentan penas draconianas que recuerdan a la famosa ley Sensenbrenner, derrotada en 2006.

Si un indocumentado es detenido cruzando la frontera, enfrenta un año de prisión y una multa de $250 a $5.000. Por una segunda ofensa, la pena de prisión aumenta a un máximo de tres años y la multa se duplica. Si la violación se produce después de que el inmigrante hubiera cometido tres delitos menores o un delito grave, el individuo podría ser encarcelado de 10 a 15 años. Aquellos re-entrando luego de ser deportados podrían pasar hasta dos años en prisión, y cualquier persona atrapada produciendo, vendiendo o distribuyendo pasaportes falsos podría enfrentar hasta 20 años de prisión (artículo 3704).

A pesar del énfasis contra los "traficantes" de mano de obra, la vaga redacción del proyecto de ley favorecerá la penalización de los usuarios de documentos falsos, ya que son necesarios para obtener empleo. Esta fue la base de las redadas cuasi-militares iniciadas en 2006.

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Legalización sin derechos

Leyendo la letra pequeña, la promesa de la "legalización" en S. 744 traiciona el sentido de la palabra.

Millones de trabajadores podrán transitar a un estado "legal", pero quedarán muy lejos de la ciudadanía plena, o incluso parcial. Puede mejor ser entendido como una cuidadosamente elaborada estrategia para crear una subclase de trabajadores sin derechos, perpetuamente vulnerable por un conjunto de austeras y rígidas regulaciones de inmigración.

En el primer paso en el proceso de "legalización", los inmigrantes calificados son puestos en una categoría especialmente, el estatus de Inmigrante Registrado Provisional (RPI). Bajo este estatus, los inmigrantes comienzan un período mínimo de 10 años durante el cual deben trabajar de forma constante, pagar todos los impuestos, estar descalificados de servicios y beneficios con financiamiento público (incluyendo la ley de salud de Obama), inscribirse en el Servicio Militar Selectivo y pagar hasta $2.000 en multas (Sección 2101).

Para calificar, y permanecer cualificado por la duración del largo proceso, los inmigrantes tienen que haber estado presente en EE.UU. antes del 31 de diciembre de 2011 y no deben haber cometido un delito grave o tres delitos menores (excluyendo violaciones de tráfico) antes o durante ese período.

Tal vez lo más revelador acerca de cómo este proyecto de ley está diseñado para controlar a los obreros y obreras inmigrante, inmigrantes con estatus RPI "deben estar empleados con regularidad durante todo el período de admisión... permitiendo un corto lapso de no más de 60 días". En otras palabras, los trabajadores que no mantengan empleo regular o que lo abandonen o sean despedidos por cualquier motivo, pueden ser descalificados. Esto hará a los trabajadores temerosos y dependientes de sus empleadores, quienes aprovecharán esto para mantener los salarios bajos.

Los trabajadores también pueden ser descalificados si caen en la pobreza, incluso mientras trabajan. Según el proyecto de ley, los trabajadores deben "demostrar ingresos o recursos no menores al 125 por ciento del nivel federal de pobreza". Con esto, los empleadores tendrán un incentivo para fustigar a sus trabajadores a producir más para mantener el umbral mínimo de ingresos.

No sólo este acuerdo es rentable para los empresarios, sino que también será rentable para el Estado. Los trabajadores continuarán subsidiando la economía del país y llenando las arcas del gobierno con sus impuestos, sin derecho a recibir los beneficios de los programas sociales. Esta ya es la experiencia de los indocumentados. Por ejemplo, un reciente estudio para Health Affairs reveló que los inmigrantes aportaron 115,2 mil millones dólares más a Medicare de lo que recibieron entre los años 2002 y 2009.

Después de que los trabajadores inmigrantes hayan completado 10 años bajo este estatus, y que la tasa de eficacia de control de las fronteras del 90 por ciento sea alcanzada, podrán aplicar para la residencia permanente legal. Después de tres años en esta categoría secundaria, pueden entonces aplicar para la ciudadanía. Todo el proceso se alarga por 13 años o más de caminar sobre frágil hielo, sin un desliz, garantizando una mano de obra barata, estable y no-ciudadana por toda una generación.

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Ningún alivio para los jóvenes indocumentados

Mientras la propuesta permite períodos de espera más cortos para jóvenes indocumentados, ellos aún deben soportar una larga espera. Los jóvenes que son elegibles bajo el Acta DREAM y la orden ejecutiva de Barack Obama Acción Diferida para Llegadas en la Infancia también pueden obtener el estatus RPI. Si completan un diploma de escuela secundaria, dos años de universidad o cuatro años de servicio militar, pueden acortar por cinco años el período de espera (Sección 2103).

Sin embargo, tener que esperar ocho años antes de ser elegible para la ciudadanía es un paso atrás ante el creciente impulso y alto nivel de apoyo para la ciudadanía expedita para los jóvenes indocumentados, obtenidos después de varios años de heroico activismo.

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La Tarjeta Azul: La servidumbre forzada del el siglo 21

Otra forma de sometimiento laboral incorporado en el proyecto de ley es el estatus de la Tarjeta Azul del Programa de Trabajadores Agrícolas.

Para lidiar con la persistente escasez de mano de obra que sacude al sector agrícola en EE.UU., debido a la estricta aplicación de la inmigración interna y los salarios permanentemente bajos, el proyecto de ley crea una clasificación especial, por la cual los trabajadores serán atados a los productores agrícolas. Bajo este programa, los trabajadores agrícolas que han laborado en el sector agrícola durante al menos dos años antes de la legislación y que se comprometan a trabajar en la agricultura durante al menos 100 días al año durante cinco años pueden calificar para la residencia legal permanente al final de ese período. Después de tres años de residencia, pueden solicitar la ciudadanía.

Debido a que los trabajadores agrícolas deben mostrar consistente documentación de trabajo agrícola proporcionada por los empleadores, esto los deja en deuda con los productores. Reminiscente de la servidumbre de los días en que Estados Unidos era una colonia gobernada por Gran Bretaña, el estatus de la tarjeta azul está diseñado para mantener una mano de obra barata y explotable en su lugar y amarrada a los empleadores, sobre todo durante la temporada de la cosecha, a cambio de que se les permita solicitar la ciudadanía.

Esto perpetuará una fuerza laboral agrícola en gran parte no sindicalizada y asegurando que el trabajo agrícola siga siendo el más peligroso y con salarios más bajos en la economía, para el beneficio de los productores agrícolas gringos.

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Explotación tecnológica

En cuanto a la inmigración futura, el proyecto de ley reformará el sistema de visas a favor de los que tienen altos niveles de educación y habilidades técnicas, ajustándose a las necesidades de la economía.

El nuevo "sistema basado en el mérito" para determinar quién entra al país permitiría 250.000 visas, distribuidas sobre la base de un sistema de puntos. La mayoría de los puntos van a aquellos con los niveles más altos de educación, a empresarios, a los que hablan inglés con fluidez, a los jóvenes y a las personas con habilidades en "industrias de alta demanda". A diferencia del status RPI, estos inmigrantes entrarán inmediatamente como residentes legales permanentes.

Esta disposición puede ser entendida como una concesión a la industria informática y tecnológica, ejemplificada por el grupo de presión FWD.us, organizado por el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y que incluye pesos pesados de la industria como Microsoft, Google e Intel. FWD.us se auto-describe como "un grupo diverso de líderes innovadores, creadores de empleo, empresarios y fundadores del sector tecnológico de Silicon Valley".

En realidad, dicen los críticos de este programa, las empresas de tecnología de tope confrontan la disminución de trabajadores nativos con las habilidades necesarias, y por eso quieren el sistema basado en el mérito como una forma de ampliar la versión actual, más limitada de la las visas H-1B. Según el Washington Post:

[A]lgunos expertos dicen que estas grandes empresas han estado utilizando el sistema para pagar a los empleados nacidos en el extranjero menos que a sus homólogos estadounidenses, y que los trabajadores inmigrantes con visas H-1B terminan quedando totalmente en deuda con sus empleadores. El camino hacia la residencia legal permanente puede tomar años, y los trabajadores en medio del proceso son a menudo reacios a cambiar de compañía, una gran ventaja para las empresas que quieren retener-los.

Una segunda vía de visas basadas en el mérito favorece solicitantes (junto con sus familias) basados de empleo, cuyas solicitudes han estado pendientes cinco años o más bajo el actual sistema.

Mientras que el sistema de visas basado en el mérito ampliará el número de trabajadores cualificados para conseguir visas, el número de visas basadas en la familia seguirá siendo el mismo (480.000). La legislación también elimina la categoría de hermanos para inmigración basada en familia y para los hijos o hijas casados de ciudadanos estadounidenses que tienen más de 30 años de edad.

Los trabajadores sin habilidades tecnológicas, no altamente educados o pobres, son empujados a categorías "no inmigrantes" de trabajadores temporales. Esto incluye la visa W y el Programa de Trabajadores Agrícolas No Inmigrante, que también conocidos como programas de "trabajadores huéspedes".

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Puedes trabajar, pero no te puedes quedar

Los obreros Inmigrantes ocupados en trabajos manuales constituyen la mayor parte de los inmigrantes en Estados Unidos. Se concentran en industrias de bajos salarios y han sido históricamente excluidos de los caminos legales para la inmigración, haciéndolos la mayor parte de la población indocumentada, ya que tienden a encontrar empleo a largo plazo –dos tercios de los trabajadores indocumentados han estado en EE.UU. por más de 10 años– y establecen raíces familiares.

La exclusión del camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados de la clase obrera continuará en la forma de un nuevo programa de trabajadores huéspedes. Esto permitirá la creación de un vasto ejército laboral no-ciudadano, utilizado por los empleadores para ampliar los sectores de bajos ingresos de la economía.

Las visas W (Sección 7401) y la Visa No-Inmigrante de Trabajadores Agrícolas (NAIW, Sección 2232) satisfacen las necesidades de las industrias que emplean a trabajadores "no cualificados". Estas industrias pueden solicitar al gobierno argumentando escasez de mano de obra, con límites que varían según la industria, pero que son ampliables.

Para calificar, el trabajador debe aplicar en su país de origen por un permiso de trabajo de tres años, renovable. Con la Visa W, los trabajadores huéspedes sólo pueden trabajar para empleadores registrados. Si bien pueden dejar un empleador y buscar trabajo en otra parte, tiene que ser con otra empresa registrada. Con la visa NAIW, los trabajadores deben tener tres años de experiencia previa en la agricultura de EE.UU., y pueden ser tan jóvenes como de 16. Para los trabajadores agrícolas que entran a través de un contrato con un empleador, sólo pueden trabajar para ese empleador durante la vigencia del contrato, y el empleador también tiene el derecho de rescindir el contrato unilateralmente. "Trabajadores a voluntad" pueden ser admitidos, pero deben trabajar para empleadores registrados.

En realidad, no hay escasez de mano de obra "no calificada" en Estados Unidos. Los empleadores, con la complicidad del Estado, han aprovechado la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados para crear pisos salariales más bajos en varios sectores de la economía, como la agricultura, alimentación, jardinería, la construcción y el servicio doméstico. Sin embargo, la movilidad de los trabajadores inmigrantes y la voluntad de algunos a luchar por mejores salarios, condiciones y representación sindical son una clara amenaza a los empresarios de estos sectores.

Es por eso que ellos esperar esta "reforma" migratoria bipartidista. Con estos programas de trabajadores huéspedes, las industrias pueden contar con un flujo permanente de trabajadores amarrados a sus industrias, sin derecho a establecer raíces o participar en actividades políticas. Es más, los trabajadores no pueden estar desempleados por más de 60 días consecutivos. Si no pueden encontrar trabajo, deben abandonar voluntariamente o ser objeto de expulsión. Al igual que el antiguo programa bracero, este pone el poder en manos del empleador para determinar los salarios, las condiciones y la duración del empleo.

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La reforma que necesitamos... no es esta

Restringir el movimiento de la gente y su capacidad de trabajar, de participar en el proceso político y de integrarse a la sociedad sólo sirve a los intereses del gran capital.

Los trabajadores inmigrantes han históricamente subvencionado el desarrollo y expansión de la economía de EE.UU., y hoy no es diferente. S. 744 está diseñada para continuar este proceso, mientras que al mismo tiempo retroceder la historia mediante la introducción de nuevas formas de segregación y exclusión, con la cínica manipulación de la ciudadanía.

Los trabajadores inmigrantes han utilizado el marco de los derechos humanos y laborales para avanzar en su propia visión de la inclusión social. Las masivas marchas, las huelgas, los boicots y los plantones del movimiento inmigrantes en la última década han demostrado esto con consignas que enfatizan la legalización incondicional, la reunificación familiar y los derechos plenos e iguales.

A causa del activismo pro inmigrante, las piezas legislativas más reaccionarias, como el proyecto de ley de Sensenbrenner, han sido derrotadas. Pero una acción sostenida que culmine en una plataforma alternativa por la legalización incondicional no se ha materializado. En cambio, las elecciones y las promesas vacías de los políticos demócratas han sacado a los activistas de las calles y los han cometido a estrategias electorales que entraron a un callejón sin salida.

La actual pieza de legislación ilustra el problema. Sin un movimiento social de base para empujar el proceso hacia una solución más justa y humana, los reaccionarios se sienten confiados para descarrilar todo el proceso. Aunque una minoría en el Congreso, los ultra-derechistas ya se sienten envalentonados por la naturaleza conservadora y punitiva de la propuesta bipartidista, y por las incesantes bravatas de Obama sobre la inmigración, y creen que puede empujar la propuesta del Grupo de los Ocho aún más hacia la derecha.

A pesar de la dura batalla que enfrentamos, el potencial para volver a activar la movilización por los derechos de los trabajadores inmigrantes se mantiene. Esto dependerá de la rapidez con la que activistas y organizaciones pro-inmigrantes de todo el país vean la propuesta S. 744 por lo anti-obrera y anti-inmigrante que es –y vuelvan a organizar en sus comunidades y lugares de trabajo.

Traducido por Orlando Sepúlveda