El Quimbo lucha por su tierra

HÁBLENOS DE Ud., y de cómo nació el movimiento de ASOQUIMBO.

COMO PROFESOR he trabajado en filosofía, historia, pedagogía, epistemología y resolución de conflictos. Soy lingüista de la Universidad Surcolombiana. Tengo una especialización en Instituciones Jurídico Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, y tengo un doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. En Colombia, participo en la construcción del movimiento eco-socialista.

ASOQUIMBO se formó hace cuatro años como respuesta a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por el proyecto de la represa del Quimbo. ASOQUIMBO nace de la necesidad de defender el territorio. Un grave problema que actualmente enfrenta América Latina es el control de los territorios por parte de las empresas transnacionales. Buscamos defender el territorio y eso implica defender la diversidad cultural y genética, defender los ríos, y defender las comunidades de todos estos megaproyectos. Los megaproyectos que nos perjudican son principalmente energéticos, mineros y de agro-combustibles.

ENTENDEMOS QUE el Quimbo es una de varias represas que están planeadas en Colombia. ¿Puede hablarnos sobre la historia y el propósito de la industria hidroeléctrica en Colombia y sobre el lugar que el Quimbo ocupa en ese proyecto?

EL QUIMBO forma parte del plan Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sur-Americana (IIRSA), que pretende integrar la infraestructura sudamericana con propósitos de extracción y es financiado por capitales transnacionales. El propósito es explotar intensivamente minerales como el oro y el coltán (columbita-tantalita), la producción de energía y de agro-combustibles.

El Presidente Álvaro Uribe, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el plan IIRSA, que contiene 4 represas: Ituango en Antioquia, de 2400 megavatios; Sogamoso en Santander, de 800 megavatios; el Quimbo, de 400 megavatios; y Betania, de más o menos 520 megavatios, en Huila.

También hay proyectos mineros como La Colosa en Tolima o Santurbán en Santander, promovidos por empresas que siguen el modelo canadiense de minería a tajo abierto de Anglo-Gold Ashanti, por ejemplo, que destruyen las montañas y los ríos, y que requiere mucha agua.

La energía producida será para exportación y para abastecer a los megaproyectos mineros. Colombia actualmente produce 50 por ciento más de la energía que consume internamente. El Estado pretende usar las ventajas hídricas para convertir a Colombia en una potencia generadora de energía.

POR FAVOR, descríbanos la comunidad del Quimbo y su historia, y el número de personas que van a ser perjudicadas por la represa.

INICIALMENTE, ASOQUIMBO comenzó con 50 personas de los sectores más pobres: principalmente jornaleros, ocupantes de tierras y pequeños propietarios. La mayoría de la población es mestiza y ocupa zonas que anteriormente pertenecieron a poblaciones indígenas que fueron desplazadas a otras regiones. Ellos crearon empresas comunitarias como resultado de una reforma agraria en los años 60. Los habitantes son jornaleros, minifundistas e inquilinos que trabajan en tierras de otros propietarios.

El 92 por ciento de la tierra pertenece a 12 familias, y el 8 por ciento restante a 300 familias. La base de ASOQUIMBO son estas 300 familias y dos de los grandes propietarios. Los otros 10 grandes propietarios vendieron rápidamente. La empresa cree que tiene el derecho a inundar toda la zona por haber comprado la tierra de las familias más ricas, ignorando las necesidades de las 300 familias minifundistas.

Con el tiempo la crisis llegó a afectar otros sectores de la economía. Por ejemplo, cuando los agricultores dejaron de producir dejaron de comprar insumos de los grandes comerciantes. Y los comerciantes que antes apoyaban el proyecto como una oportunidad de desarrollo descubrieron que su subsistencia también peligraba. Algunos ricos ahora están apoyando a ASOQUIMBO.

¿CUÁLES SON las multinacionales que actualmente controlan la represa del Quimbo? ¿Cómo interactúa el gobierno con las empresas? ¿Cuál es la historia de la propiedad sobre los terrenos, y qué obligaciones tienen las empresas con las poblaciones afectadas por la represa?

EL PROYECTO fue otorgado en concesión por el presidente Uribe al conglomerado español Emgesa. Posteriormente la mayoría de las acciones fueron vendidas a Enel, de Italia, aunque Endesa aún controla la parte administrativa de Emgesa. La represa es uni-propósito, lo que significa que no va a garantizar otras actividades económicas, como la pesca.

La motivación del gobierno obedece a la creencia de que el crecimiento económico del país está ligado a la inversión extranjera, y que el crecimiento económico contribuye a la equidad social. Nosotros no creemos eso, todos los megaproyectos son, primero que todo, negocios. El gobierno otorga a las empresas toda ventaja sobre las comunidades.

En la zona ya existe una riqueza natural, el río. Construir una represa es una tarea muy simple desde el punto de vista técnico, ya que la topografía andina ayuda a contener el agua. Esto hace que la construcción de la represa sea muy barata para el inversionista, pero para aquellos que son afectados, esta es la más costosas forma de energía. Esto, porque las represas destruyen el ambiente y el tejido social; las represas desplazan más familias que las guerras.

Otra ventaja para las compañías es que el gobierno ha ido ajustando las leyes nacionales para favorecer sus necesidades. Las compañías extranjeras pagan menos impuestos que los individuos en Colombia, y anteriormente el territorio se concesionaba por un tiempo limitado; esta concesión es a perpetuidad y el área no volverá a ser pública. El gobierno satisfizo la demanda de la empresa para que la represa fuera uni-propósito. La ley laboral fue debilitada para permitir a las compañías subcontratar en perjuicio de los derechos laborales. En esas condiciones, ¡quién no invierte! Eso es lo que el gobierno llama la "confianza inversionista".

El gobierno creó además un mecanismo que llama "cargo por confiabilidad", para promover la inversión. La empresa puede participar en el mercado bursátil, así no esté generando energía, y el gobierno paga un seguro por veinte años usando el tesoro estatal, a cambio de que la compañía dé prioridad al país en caso de escasez. Sin embargo, esa posibilidad es remota. No hay ninguna garantía de que las ganancias sean reinvertidas en el país.

Otro factor importante para estimular la inversión es lo que el gobierno llama la "seguridad democrática". Para evitar que las guerrillas alteren el curso de las obras se formó una base militar llamada Batallón Energético #12. Según el ministerio de defensa, tiene 1.200 soldados y cuesta unos 74 millones de dólares al año a los ciudadanos colombianos, quienes terminan pagando la seguridad de la empresa.

También la empresa habla de "seguridad jurídica", donde exige que la licencia ambiental nunca pueda ser modificada, incluso si el gobierno cambia. Es frecuente que las compañías extranjeras exijan garantías jurídicas donde se deslinda de responsabilidades legales. Por eso sostenemos que estas nuevas inversiones de capital extranjero establecen una nueva relación donde el Estado deja de ser garante de los derechos ciudadanos y se transforma en un mediador del mercado. Los campesinos se vuelven objetos del mercado.

La ley colombiana exige que un cambio del uso del suelo sea puesto a una consulta popular. Los terrenos del Quimbo son para la producción agroalimentaria. Para destinarlos a la represa, el gobierno debería haber hecho esa consulta, pero nunca la realizó, bajo el argumento de que la producción energética es un interés nacional, pero la producción de alimentos también es un interés nacional. El problema es que el gobierno favorece a la compañía privada extranjera sobre sus ciudadanos.

Más grave aún, la empresa debe restituir la labor productiva de las personas que trabajan en los terrenos que serán inundados. Para esto, el Estado autorizó a la empresa cambiar el plan de desarrollo de los municipios aledaños sin la autorización de las comunidades afectadas. Así, la empresa está decidiendo la estructura del territorio, y los ciudadanos pierden soberanía. Finalmente, la empresa está expulsando gente de nuevos territorios para restituir a los afectados por la inundación, generando un desplazamiento en cadena.

¿CUÁL ES la base legal para la disputa tribunal con Emgesa?

EL PROYECTO se aprobó sin haberse hecho los estudios apropiados. En 1997 se hizo una solicitud para hacer la represa del Quimbo, pero el Estado la rechazó porque la zona protege a la Amazonía y las tierras son muy productivas. En Octubre de 2007, Emgesa presentó su propuesta, y en Noviembre del 2007 el Estado aprobó el proyecto basado en un concepto del Ministerio de Agricultura que contiene cuatro páginas. El proyecto fue aprobado sin un estudio de viabilidad ambiental porque el presidente así lo exigió. La ley no permite declarar un terreno de interés nacional sin un estudio ambiental. El gobierno no cumplió la ley.

La Procuraduría de Colombia pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no otorgarle la licencia al proyecto porque no se aplicó la ley respectiva, aprobada por el Congreso, para sustraer un área de la Amazonía. Además, el departamento del Huila está siendo desertificado, poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la población. El gobierno de Uribe ignoró la petición de la procuraduría y seis días después otorgó la licencia ambiental. En resumen, la comunidad y la procuraduría le pidieron al gobierno no autorizar el proyecto, pero Uribe dijo que no iba a retroceder porque no iba a afectar la confianza inversionista.

MILLER, ¿CUÁL es la historia de la resistencia contra el Quimbo, y cómo se ha propagado a otras regiones?

INICIALMENTE HUBO oposición de políticos y gremios económicos, pero Uribe hizo concesiones a los poderosos, excluyendo a los ambientalistas y a las comunidades. A favor del gobierno están las transnacionales y los políticos nacionales y locales, y el único grupo que se resiste es ASOQUIMBO.

La primera etapa de la resistencia fue una serie de estudios del impacto de la represa. Se estudió a profundidad la propuesta de la empresa para poder refutar con argumentos. Esa investigación se hizo con la participación de la comunidad en la recopilación y el análisis de los documentos relevantes. Se tuvo que refutar la propaganda de la empresa basada en teorías de responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible. Tuvimos que demostrar que el modelo de extracción intensiva de recursos naturales no es compatible, ni con la responsabilidad social, ni con la sostenibilidad ambiental.

Nuestro movimiento es de resistencia civil, y se aparta de los movimientos armados existentes: primero para prevenir acciones violentas en nuestra contra, pero también porque concebimos que debe ser la comunidad la que debe ejercer el control sobre la tierra. Para nosotros, la democracia consiste en que las comunidades controlen el suelo donde habitan. Y este control no debe estar en manos ni de las guerrillas ni del Estado.

A raíz del trabajo en el Quimbo, se nos invitó a Santander y a Antioquia. De allí impulsamos un movimiento nacional, llamado Ríos Vivos, para coordinar las acciones y los estudios de todos los movimientos. Tenemos estrategias jurídicas, además de hacer movilizaciones ciudadanas. El gobierno actuó con represión a las acciones cívicas y fue advertido internacionalmente por el uso desproporcionado de la fuerza. Como resultado de estas primeras acciones, ASOQUIMBO pudo entrevistarse con la Contraloría del Estado. Ésta le dio la razón a los estudios hechos por ASOQUIMBO; en particular, el que demuestra que los daños ambientales ya superan lo que la compañía va a pagar en total por compensaciones sociales y ambientales. La contraloría pidió a la fiscalía abrir una investigación penal contra ANLA, porque al no hacerse un estudio científico serio, las licencias se otorgaron de manera ilegal. Esas investigaciones están por concluir.

Y EL gobierno, ¿cómo responde a estas investigaciones de la fiscalía?

EL MINISTERIO del Medio Ambiente se protegió de esta investigación aliándose con la empresa. Ha modificado la licencia en repetidas ocasiones para librar a la empresa de responsabilidad penal. Más grave aún, la ministra del Medio Ambiente trabajó anteriormente para las empresas energéticas. Hay una puerta giratoria entre las compañías y las instituciones reguladoras.

Nos estimula que la contraloría nos haya tomado en serio. Nuestro problema es que aunque la contraloría nos concede la razón, no puede suspender la licencia. La única entidad que puede suspender la licencia es el Ministerio del Medio Ambiente. El ministerio no va a suspender la licencia para no auto-inculparse. Sólo nos queda el Consejo de Estado donde una demanda puede tardar 10 o más años en darnos la razón.

Por ello necesitamos presionar con la movilización social para acelerar el proceso judicial.

¿QUÉ TAN fuerte es la resistencia? ¿Qué acciones están organizando?

A MEDIDA que la ocupación de la empresa empieza a tener consecuencias en el territorio, la economía local se ha deteriorado hasta el punto en que hoy son 12.000 personas las que se encuentran afectadas por el proyecto del Quimbo. A los pescadores, Emgesa los quieren desalojar del río, porque la empresa reclama río arriba y río abajo para garantizar la producción de los 1.000 megavatios de energía entre Betania y el Quimbo. La compañía no ha indemnizado aún a los afectados por la represa de Betania, que fue construida con anterioridad, pero quiere controlar el río para que el Quimbo incremente la producción energética de Betania.

Los campesinos y desplazados de ASOQUIMBO tomaron la decisión de regresar a las fincas donde trabajaban. Han conseguido semillas y han terminado exitosamente dos cosechas. En estos momentos, Emgesa quiere expulsar a los campesinos y cuenta con recursos policiales para hacerlo violentamente. La amenaza esté presente.

En las zonas urbanas del Huila se han establecido vínculos con organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios; además en el país, con CENSAT Agua Viva y Planeta Paz.

Y en cuanto al apoyo estudiantil, la solidaridad de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana ha sido muy significativa, especialmente por su presencia en movilizaciones sociales en Neiva y la zona del Quimbo

ASOQUIMBO tomó la decisión de recuperar sus tierras. Vamos a hacer un congreso internacional el 12 de octubre y vamos a recuperar todos los predios que serán inundados y los que han sido comprados, para restituir la actividad productiva. Contamos con el apoyo de grupos indígenas para recuperar y sacar a la empresa del territorio. Vamos a construir una Zona de Reserva Campesina administrada por los pobres del campo.

Nuestra gira por Estados Unidos busca solicitar apoyo internacional para denunciar los atropellos y para preparar la resistencia que empieza en Octubre. Entre los países que han confirmado su apoyo están España, Italia, Brasil, Chile, y Guatemala. En Octubre va haber una movilización indígena para la recuperación del territorio. Pedimos que se hagan acciones de apoyo internacional. Queremos que expulsar las multinacionales de nuestro territorio.