Abrir todas las fronteras

LA PERTURBADORA imagen del inerte cuerpo de un niño yaciendo boca abajo sobre una playa turca, humanizó la difícil situación de los refugiados sirios que realizan el desesperado viaje a Europa para escapar de la violencia, la represión y la pobreza. La imagen envió una ola de solidaridad que llegó a tocar a algunos líderes políticos estadounidenses.

Pero el verano pasado las desgarradoras imágenes fueron de otra crisis de refugiados, una a la cual Washington reaccionó en una manera muy diferente. Los desesperados refugiados eran niños centroamericanos atascados en los hacinados centros de detención situados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.

Hoy, los gobiernos europeos desafían el sentimiento popular por ayudar a los refugiados, y en su lugar han ordenado represión policíaca y la construcción de muros fronterizos.

Cuando los niños centroamericanos se presentaron en la frontera estadounidense, el muro ya existía en largos trechos. Y mientras el gobierno federal expresó una superficial simpatía, insistió en que los recién llegados fueran deportados a sus países de origen.

Durante el año 2014, más de 52.000 niños no acompañados, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, fueron detenidos cuando trataban de cruzar la frontera. De acuerdo con un informe publicado por el Instituto de Política Migratoria:

Además de los más de 9.000 menores no acompañados que tanto Estados Unidos como México deportaron en 2014, México deportó una cantidad adicional de 8.000 niños acompañados, aumentando el número total de niños deportados a más de 17.000. En total, 43.000 niños migrantes fueron deportados entre 2010 y 2014. De ellos, unos 18.000 fueron devueltos a Honduras, 17 mil a Guatemala y 8 mil a El Salvador. En este periodo, las deportaciones de menores de edad a Guatemala se duplicaron; triplicaron para El Salvador y cuadruplicaron para Honduras.

LO MISMO que en Europa, la crisis en la frontera sur de EE UU reveló el verdadero carácter de los líderes políticos.

Naturalmente, los republicanos tomaron la ofensiva, exigiendo deportaciones sumarias. El entonces gobernador de Texas, Rick Perry, con sus fantasías presidenciales vivitas y coleando, mandó mil soldados de la Guardia Nacional a "proteger" la frontera. En Murrietta, California, una turba racista rodeó los autobuses que llevaba a los migrantes a un centro de detención local para exigir su deportación inmediata.

Pero el repugnante comportamiento de los republicanos y derechistas ocultó lo poco que los, supuestamente pro inmigrante, demócratas hicieron por los refugiados.

Inicialmente, el presidente Obama habló de otorgar asistencia a los niños centroamericanos, pero su generosidad se disipó rápidamente, y prominentes demócratas tomaron la oportunidad de competir con los republicanos en mostrar su dureza en temas fronterizos. Obama pidió 3.7 mil millones de dólares al Congreso para manejar la "crisis". La petición quedó estancada cuando los republicanos se negaron a liberar los fondos hasta que la frontera fuera "asegurada".

Pero de hecho, la propuesta de Obama era mucho más dura que cómo fue descrita por la retórica republicana. Al menos un tercio de los fondos serían designados a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para "asegurar" la frontera y acelerar el procesamiento de las deportaciones.

El mensaje de Obama a América Central fue claro: "No envíe a sus niños aquí. Si llegan, se los vamos a devolver".

Mientras tanto, Hillary Clinton, ya en traje de candidata presidencial, dijo en un foro televisado, organizada por CNN: "Ellos deben ser devueltos tan pronto como se pueda determinar quiénes son los adultos responsables en sus familias. Tenemos que enviar el mensaje claro de que no porque su hijo haya podido cruzar la frontera significa que podrá quedarse. No queremos enviar un mensaje contrario a nuestras leyes o fomentar más entradas".

El eco de esas palabras resonó 14 meses más tarde, cuando la canciller alemana, Angela Merkel, envió el mismo "claro mensaje" en un encuentro televisado con un adolescente palestino llorando: "[S]i decimos que 'todos podéis venir, todos ustedes pueden venir de África', no podemos hacer frente a eso".

REACCIONES COMO éstas son particularmente despiadadas al venir de líderes políticos que comparten la responsabilidad por el éxodo de refugiados en el primer lugar.

En Europa, los refugiados huyen de la violencia y la represión en el Oriente Medio y África que los mismos gobiernos europeos han fomentado con su apoyo a las guerras y ocupaciones del imperialismo estadounidense, y con su respaldo a dictaduras y tiranías en regiones que antes eran colonias europeas.

Del mismo modo, EE UU merece la gran parte de la culpa por las terribles condiciones en América Latina que fuerzan a los padres a tomar la trágica decisión para enviar a sus hijos solos en un viaje de miles de millas.

Cuando la crisis fronteriza estalló hace un año en EE UU, los líderes políticos tuvieron el cuidado de calificarla una "crisis migratoria", implicando que las personas huyendo de América Latina tenían motivaciones principalmente económicas, en contraposición a refugiados huyendo de la violencia política y la represión, con más derechos en virtud de las leyes internacionales.

Como socialistas, creemos que cada uno debe tener el derecho a cruzar las fronteras libremente, por cualquier razón, pero también denunciamos la insistencia del gobierno estadounidense en degradar el éxodo centroamericano a términos puramente económicos, porque resta importancia a los factores políticos que llevaron a decenas de miles de niños a arriesgar sus vidas para llegar a Estados Unidos; factores por los cuales el gigante del norte es en parte responsable.

Consideremos un ejemplo que involucra a la mera Hillary Clinton: Como Secretaria de Estado bajo Obama, implementó una política de apoyo al golpe de estado de Honduras, en 2009, que derrocó al democráticamente electo y popular presidente Manuel Zelaya. Más tarde, Washington ayudó a diseñar una elección fraudulenta para asegurarse de mantener a Zelaya fuera del poder. La inestabilidad resultante contribuyó directamente al aumento de la violencia y la pobreza.

El golpe en Honduras fue sólo una de las muchas devastadoras intervenciones estadounidenses en la política centroamericana durante muchos años.

En la década de 1980, EE UU pompeó miles de millones de dólares, y el apoyo irrestricto de la CIA, a las dictaduras militares que hicieron uso de escuadrones de la muerte y de la tortura para mantener su control--todo para proteger los intereses de las empresas estadounidenses. Huelga decir que estos países fueron devastados social y económicamente durante este período. La pobreza se elevó al 60 por ciento en 1990, y más de la mitad de los pobres en Guatemala, El Salvador y Honduras viven en situación de extrema pobreza.

Estos regímenes militares, al igual que sus homólogos civiles no tan abiertamente represivos, abrazaron reformas económicas neoliberales impulsadas desde Washington. Las primeras "zonas francas industriales", donde las empresas estadounidenses podrían establecer maquiladoras y disfrutar de ventajas fiscales y regulaciones relajadas, fueron establecidas en México y Centro América en la década de 1980. Como Justin Akers Chacón explicó en SocialistWorker.org año pasado:

A cambio de la inversión y asistencia extranjera, los gobiernos derechistas, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, reprimieron a los sindicatos, encarcelaron o hicieron desaparecer a activistas de derechos humanos y utilizaron otras medidas para garantizar los bajos salarios, largas jornadas laborales y pobres condiciones de trabajo, otorgando a las maquiladoras una alta rentabilidad, a costa del subdesarrollo regional.

La coronación de estás políticas vino con la creación del Tratado de Libre Comercio de Centro América (CAFTA, por sus siglas en inglés), avanzando toda la agenda neoliberal y garantizando un mayor empobrecimiento de la región a favor de las corporaciones gringas y las empresas locales. De hecho, al momento de su derrocamiento, el presidente hondureño Zelaya amenazaba con abandonar CAFTA y favorecía entrar en un bloque comercial liderado por Venezuela.

FINALMENTE, AHÍ está la "guerra contra las drogas", una desastrosa política del gobierno de Estados Unidos, apoyada por ambos partidos, que ha robustecido el sistema racista de encarcelación masiva en EE UU, y la militarización y la violencia en México y Centro América. En lugar de detener la producción y venta de drogas, el principal "éxito" de la guerra contra las drogas ha sido una escalada de violencia en México y, más recientemente, en Centro América.

Honduras, que ya en 2007 era un lugar peligroso con una tasa de homicidios de cerca de 50 por cada 100.000 habitantes, encontró su tasa casi duplicada a 90 por 100.000 en 2012. Honduras es también el hogar de San Pedro Sula, la "capital mundial del asesinato", con una tasa de 187 homicidios por cada 100.000 personas. Compare esto con la tasa de homicidios en la ciudad de Nueva York de 5,1 por cada 100.000 personas, o las siete víctimas de asesinato por cada 100.000 personas en Afganistán.

La pobreza sigue siendo extremadamente alta, con 53,5 por ciento de los guatemaltecos, el 52 por ciento de los hondureños y el 42,7 por ciento de los salvadoreños viviendo con menos de $4 al día. Debido a que los movimientos de izquierda fueron reprimidos y vencidos durante los años 1980, muchos descubrieron que tenían pocas opciones más allá de encontrar empleo y seguridad en el crimen organizado, o emigrar.

La violencia que estos inmigrantes enfrentan a manos de la pobreza y los homicidios no les da acceso a los derechos tradicionalmente concedidos a los refugiados de guerra. Incluso si los inmigrantes pudieran hacer el caso de que necesitan asilo por persecución política, el gobierno federal es experto en tomar atajos para evitar cumplir sus responsabilidades.

En un mundo donde la inestabilidad y el conflicto es la norma, podemos esperar ver más olas masivas de desplazamiento humano a través del mundo. La agencia de refugiados de la ONU informa que en 2014, 59,5 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares debido a la violencia, los conflictos y la persecución, el número más alto registrado.

Los socialistas debemos defender el derecho al asilo y presionar a nuestro gobierno a aceptar refugiados, pero además reconocer que la mayoría de los inmigrantes están abandonando sus hogares por razones que no los califican para la protección legal, incluyendo intolerables condiciones económicas.

Aquí en EE UU, tenemos que hacer responsable al gobierno federal por los daños de su política exterior y las guerras que ha creado, en Centroamérica y a través del mundo, y unirse a la gente del mundo entero que demanda abrir todas las fronteras.

Traducido por Lance Selfa