A defender el bienestar social

MIENTRAS LOS investigadores federales analizan la evidencia confiscada en la oficina del abogado de Donald Trump, él y sus secuaces republicanos se apresuran a obtener lo que podría ser su último logro: destruir lo poco que queda de la red de bienestar social para los pobres, y así pagar por el multimillonario recorte de impuestos a los ricos y el despilfarro del Pentágono.

Estos timadores nombraron su plan "Welfare Reform 2.0" [Reforma al Estado de Bienestar Social, 2da parte] y, al igual que la estafa original dirigida por el demócrata Bill Clinton y el republicano Newt Gingrich en 1996, se basa en la falsa afirmación de que requerir a la gente que aplica a estos beneficios mantener un trabajo terminará su supuesta dependencia del "gran gobierno".

Las encuestas muestran que esta condescendiente y veladamente racista afirmación tiene hoy menos credibilidad que tuvo hace 20 años. Sin embargo, sólo la protesta, no las encuestas, puede impedir que Trump y su banda de ladrones se salgan con la suya.

EL DIEZ de abril, Trump firmó una orden ejecutiva obligando a las agencias federales exigir a más receptores de Medicaid, cupones de alimentos y vivienda pública a trabajar por estos beneficios, y forzar a los que ya trabajan a trabajar más.

Dos días más tarde, los republicanos en la Casa de Representantes insertaron un plan dentro de la Ley Agrícola de 2018 para ampliar los requisitos de trabajo para el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP por sus siglas en inglés), más conocido como cupones de alimentos, eliminando las exenciones para personas que viven en estados con alto desempleo y para padres de niños mayores de cinco años.

En otras palabras, el presidente que hizo campaña con la promesa de expandir los programas de cuidado infantil ahora está tratando de quitarle la comida a las madres que no pueden trabajar porque no tienen acceso al cuidado infantil.

Estos requisitos son imposibles de cumplir para muchas personas. Pero ese es el punto. El objetivo de Trump no es reducir la pobreza, sino reducir el gasto social en los pobres.

Esto queda claro en el presupuesto propuesto por la Casa Blanca en febrero, que exige reducir SNAP en $17 mil millones en 2019, o 22 por ciento, y recortarlo en más de $200 mil millones en una década.

El presupuesto también exige recortes drásticos al gasto en la vivienda pública y al programa Sección 8: "en un momento en que la vivienda pública enfrenta necesidades de capital por un valor $40 mil millones", según la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos.

Estos ataques sobre los programas sociales son promovidos por una serie de políticos y grupos de trabajo adueñados por ideólogos multimillonarios como los Hermanos Koch, y son apoyados con mentiras tan descaradas y extravagantes que desafían cualquiera que Trump haya dicho.

Por ejemplo, en febrero, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid tuvo el descaro de afirmar que imponer requisitos de trabajo es bueno para la salud de los beneficiarios de Medicaid porque "mayores ingresos se correlacionan positivamente con una mayor esperanza de vida". Pero como Christopher Baum escribió para Socialist Worker entonces:

Pocos discutirían que aquellos con más dinero generalmente pueden esperar vivir vidas más largas y más sanas; ni que los desempleados tienden a sufrir desproporcionadamente por problemas de salud física y mental. Pero decir que tener un trabajo hace la diferencia, en oposición a, digamos, tener fiable acceso a la atención médica de alta calidad debido a los mayores recursos financieros, es absurdo incluso para los degradados estándares de la administración Trump.

Otra mentira empujada por la derecha es que los beneficiarios de la asistencia pública no trabajan. De hecho, como explicó Valerie Wilson del Instituto de Política Económica al Washington Post:

La verdad es que la mayoría de la gente pobre que puede trabajar trabaja, más del 60 por ciento. El problema es que sus trabajos no pagan lo suficiente. Aquellos que reciben asistencia pública y no trabajan no están eligiendo entre un salario de seis cifras o quedarse en casa. Un trabajo mal pagado no acerca a nadie a la estabilidad económica.

Pero la gran mentira de la "reforma" al bienestar social es que menos gente recibiendo asistencia del gobierno es, de alguna manera, evidencia de que menos gente necesita asistencia del gobierno.

La verdad es más obvia y más brutal: menos gente recibiendo asistencia del gobierno significa que más gente es negada la asistencia del gobierno.

LOS FUNCIONARIOS de la administración Trump, repitiendo la propaganda generada por las empresas de los Hermanos Koch, afirman que los requisitos de trabajo en Kansas, Maine y Alabama han sacado a la gente de la pobreza. Pero su única evidencia son comparaciones estadísticas sospechosamente incompetentes y disminuciones en el número de casos de asistencia social.

Como argumenta Baum, los requisitos de empleo para receptores de bienestar social benefician a las grandes empresas, no solo al permitir más recortes de impuestos liberando dinero de los programas sociales, sino también al crear una fuerza laboral aún más precaria y por lo tanto explotable:

Según el informe de la Fundación de la Familia Kaiser sobre los requisitos de trabajo de Medicaid, aproximadamente el 60 por ciento de los inscritos en Medicaid que no son ancianos ya tienen trabajo. Considere cómo su situación puede estar a punto de cambiar.

Bajo actual ley, si ellos pierden o dejan su trabajo, su cobertura médica continuaría sin ningún cambio. Para aquellos viviendo en, o bajo, la línea de pobreza, esta es una crucial red de seguridad, literalmente una cuestión de vida o muerte para algunos.

Pero con un esquema de requisitos de trabajo, los beneficiarios no tendrían tal red de seguridad. Si pierden su trabajo, también pueden perder su cobertura de atención médica, con consecuencias potencialmente catastróficas. Esto le da al empleador una mejor mano sobre ellos.

Los requisitos de trabajo también avanzan una agenda ideológica, tratando de retratar a los receptores de programas gubernamentales como "chupasangres" de los contribuyentes, en contraposición a esos gloriosos "creadores de trabajo" en salas de las juntas corporativas que generosamente contratan a la gente por $ 11.50, o menos, la hora.

En un país construido sobre las espaldas de africanos esclavizados, la ideología anti-obrera siempre tiene un componente anti-negro. Las campañas contra los programas de bienestar social están llenos, de la cabeza a los pies, con viles estereotipos de la supuesta ignorancia y pereza negras, aunque la mayoría de los beneficiarios suelen ser blancos.

El líder republicano de la Casa de Representantes, Paul Ryan dio un típico ejemplo de esto en 2014, cuando denunció el colapso cultural, particularmente en los barrios de nuestras ciudades, con hombres que no trabajan y generaciones de hombres que ni siquiera piensan en trabajar o aprender el valor y la cultura del trabajo".

Jonah Birch y Paul Heideman describieron, en Jacobin, cómo este mensaje estigmatiza el bienestar social en comunidades blancas y negras:

Varios estudios han encontrado que las personas que reciben asistencia social, incluidos los afroamericanos, creen que las personas se aprovechan el sistema y reciben beneficios que no merecen. Aquí, la constante demonización de quienes reciben asistencia social ha tenido un efecto en los mismos beneficiarios. Mientras ellos atribuyen su propio uso del sistema a factores estructurales como la discriminación y el desempleo, atribuyen el uso de otros a la pereza (sin embargo, y esto es importante, esta sospecha no se traslada en apoyo político para los ataques al estado de bienestar, los que son constantemente resistidos por quienes recibir beneficios).

COMO LA frase "Reforma al Estado de Bienestar Social, 2da parte" implica, el modelo para estos perversos ataques de la derecha es la ley que los demócratas promovieron en 1996 para la exitosa reelección de Bill Clinton: la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo (PRWORA, por sus siglas en inglés).

Esta legislación reemplazó el programa Ayuda para Familias con Niños Dependientes (AFDC, por sus siglas en inglés) creado en los años treinta con el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). Tristin Adie resumió la importancia de este cambio para SocialistWorker.org durante el vigésimo aniversario de la ley PRWORA:

Por 60 años, AFDC proporcionó ayuda federal a los beneficiarios que cumplían con los requisitos de elegibilidad de ingresos, a través de subvenciones de contrapartida para fondos gastados por los estados. Si la cantidad de destinatarios era de 200 o de 2 millones, AFDC garantizaba que las personas que necesitaban asistencia la recibieran...

Esta noción fue eliminada por TANF. A los estados se les otorgó un monto fijo para usarlo como lo considerasen apropiado... Si estos fondos eran insuficientes para cubrir las necesidades del número total de personas elegibles, amén. La asistencia garantizada a cada persona elegible fue tirada por la ventana.

El financiamiento de TANF se mantuvo fijo desde 1996, lo que equivale a un recorte del 30 por ciento tras inflación. Los niveles de financiamiento permanecieron fijos incluso en 2008, cuando el país pasó por la peor crisis económica desde la Gran Depresión y la tasa de desempleo oficial alcanzó los dos dígitos.

En la ceremonia de firma de PRWORA, Clinton declaró que la nueva ley "nos da una oportunidad que nunca tuvimos antes de romper el ciclo de dependencia afectando a millones y millones de nuestros conciudadanos, exilándolos del mundo laboral".

Clinton dijo esto, Adie escribe, "a pesar de que casi un tercio de los beneficiarios de asistencia social antes de 1996 eran mujeres discapacitadas, o que cuidaban a niños discapacitados. Él ignoró los informes de su propio Departamento de Salud y Servicios Humanos que estimaban que 1,1 millones de niños serían empujados hacia la pobreza".

Los resultados fueron desastrosos para los pobres. Alrededor del 23 por ciento de las familias pobres con niños recibieron beneficios en 2014, frente al 68 por ciento en 1996. Y ese 23 por ciento recibe una miseria: tan poco como $170 por mes para una familia de tres en Mississippi. Ni un solo estado proporciona asistencia TANF que sea siquiera la mitad de la línea oficial de la pobreza.

Como resultado, el número de estadounidenses que viven en la extrema pobreza, definida como menos de $2 por día, ha aumentado en un 159 por ciento, un total de 1,65 millones de hogares desde que Clinton se jactó de toda la dignidad que retornaba a los pobres.

AHORA LOS republicanos ven una oportunidad histórica para llevar a cabo la próxima fase de terminar con el estado de bienestar social, no porque sus propuestas sean populares, sino porque la presidencia de Trump ha señalado la erosión de toda pretensión.

En otras palabras: es su hora de saquear... hasta que alguien los detenga.

Para la mayoría de la gente, la forma más lógica de bloquear el ataque de los republicanos será votar por sus principales oponentes, los demócratas, con la esperanza de que ganen una o ambas cámaras del Congreso en noviembre.

O rezar para que Trump sea sacado, esposado, de la Casa Blanca.

Pero el entusiasmo por las elecciones de noviembre, aunque comprensible, ignora la clara historia que muestra que los demócratas también están decididos a "reformar" los programas de bienestar social, fuera de existencia.

Bill Clinton no fue una excepción histórica. Barack Obama destripó el gasto social, y mientras sus apologistas afirman que fue forzado a hacerlo por un Congreso hostil, la historia real muestra que fue Obama quien inició las negociaciones para destripar a la Seguridad Social y Medicare. Fue sólo el fanatismo republicano lo que les impidió aceptar el guiño.

Los millones de personas que quieren detener los ataques de Trump a los programas sociales deben tomar las cosas en sus propias manos. La ola de huelgas docentes ha mostrado que la gente común tiene la fuerza colectiva para derrotar el atrincherado poder republicano, sin tener que depender en los pacatos demócratas y ni sus concesiones.

La lucha contra la "reforma" del estado de bienestar social necesita unir el resurgimiento de la clase obrera expresado por las rebeliones docentes y por la política antirracista del Movimiento por las Vidas Negras, entre otros.

Ese es un trabajo que debe comenzar ahora, no después del 6 de noviembre.

Traducido por Orlando Sepúlveda