Soborno institucionalizado

April 15, 2014

La Corte Suprema ha demostrado, una vez más, que los engranajes de política en Estados Unidos son lubricados por la corrupción legalizada.

ESTA NO es la primera vez que averiguamos que a la Corte Suprema de los Estados Unidos realmente le preocupa por "libertad de expresión" cuando se trata de ayudar a los ricos a compran más influencia política.

A principios de abril, el alto tribunal anunció su fallo en el caso McCutcheon v/s la Comisión Electoral Federal, eliminando el límite a las contribuciones políticas de cada individuo. Esta era una de las pocas restricciones que quedaban de las reformas aprobadas después del escándalo Watergate que derribó a Richard Nixon en la década de 1970.

Por una mayoría de 5-4, los jueces dictaminaron que el tope de $123.200 en donaciones a candidatos, partidos y comités de acción política, por cada ciudadano, en cada ciclo electoral bianual, es una restricción inconstitucional a la libertad de expresión. El límite eliminado es mucho mayor que el ingreso total de una familia obrera durante dos años, así que queda claro que esta decisión es acerca de la muy, muy onerosa "libertad de expresión" del 1 por ciento.

U.S. Capitol building in Washington, D.C.

En 2010, la Corte Suprema también utilizó la excusa de la libertad de expresión para sangrar los derechos políticos de las grandes mayorías, cuando anuló las regulaciones al gasto político de las corporaciones, asociaciones industriales y otros organismos, en la infame decisión Ciudadanos Unidos v/s la Comisión Federal Electoral.

Ese fallo fue ovacionado por tal paladín de la justicia y la igualdad como el fracasado candidato presidencial de 2012, Newt Gingrich, quien dijo que la decisión "igualaría a la clase media y a los ricos". ¿Cómo? Gingrich no dio más detalles, pero habló con entusiasmo a favor del argumento del juez Clarence Thomas, que esencialmente abrió la puerta a un desafío a la ley electoral que pueda eliminar el límite a las donaciones a candidatos , 2.600 dólares por ciclo electoral. "Los candidatos debieran poder aceptar cantidades ilimitadas de dinero de cualquiera", dijo Gingrich.

O en el mundo de Newt Gingrich: un gobierno de, por y para los ricos.

El fallo McCutcheon encaja perfectamente en una sociedad donde la desigualdad ha alcanzado nuevos máximos. La descomunal influencia política comprada por las corporaciones y los ricos ayuda al 1 por ciento a apropiarse de una parte cada vez más desproporcionada de la producción económica; lo que le permite comprar aún más influencia política; y así sucesivamente.

La verdad no tan oculta, sin embargo, es que el sistema político en Estados Unidos siempre ha sido una herramienta de los individuos más ricos y sus corporaciones --y eso ha sido cierto, no importa cuál de los dos partidos, republicano o demócrata, tenga ventaja en Washington.


"NO HAY derecho más básico en nuestra democracia que el derecho a participar en la elección de nuestros líderes políticos", escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien redactó la opinión de la mayoría en el caso McCutcheon.

Pero según el Centro por una Política Sensible, un total de 1.715 donantes dio la cantidad máxima permitida para todos los comités de partido ($74.600) en el ciclo electoral 2011-12, y 591 dio el máximo a los candidatos federales ($48,600). En otras palabras, esta decisión es acerca del 0,0007 por ciento de los estadounidenses, supuestamente coartados de participar plenamente en el proceso político, porque no podían, legalmente, dar más dinero a sus campeones.

El verano pasado, John Roberts también fue parte de la mayoría cuando la Corte Suprema revocó la Sección 4 de la Ley de Derechos Electorales, abriendo el camino para demandar identificación a los votantes y otras leyes similares diseñadas específicamente para hacer más difícil a afro-americanos, latinos y los pobres "a participar en la elección de nuestros líderes políticos".

En su conjunto, la intención de estas resoluciones no es difícil de deducir: eliminar el poco poder político que a los desposeídos les queda y eliminar las pocas restricciones aun en el camino de los poderosos. Como escribió el profesor de derecho de Harvard, Lawrence Lessig:

Ya tenemos un sistema en el cual el Congreso depende de la más pequeña fracción del 1 por ciento para financiar sus campañas. He estimado que el número de donantes relevantes es de 150 mil (aproximadamente el número en EE.UU. con el nombre "Lester"). Si los límites de contribuciones agregadas son eliminados [como la Corte Suprema hizo en el caso McCutcheon], ese número será reducido drásticamente. Más será recaudado entre un menor número de contribuyentes --tal vez tan sólo 40.000 (aproximadamente el número de estadounidenses con el nombre "Sheldon").

Así que la abolición de los límites agregados nos traerá de Lesterland a Sheldon City, aumentando la dependencia en los donadores de fondos, y entrando en conflicto con la promesa de Madison de un Poder del Estado "dependiente sólo del pueblo".

La verdades dicha: los ricos ya tenían maneras de eludir las restricciones al financiamiento de campañas.

Considere al magnate de casinos Sheldon Adelson. Según los reporteros de ProPublica, Adelson gastó al menos $98.000.000 en el ciclo electoral 2011-12, principalmente a través de donaciones millonarias a enormes Comités de Acción Política (súper-PAC, por sus siglas en inglés) y otros vehículos de "dinero negro" que le permitieron evadir los límites ahora abolidos. Adelson dio $30 millones a un súper-PAC que apoyó a Mitt Romney, y antes de eso, $20 millones al súper-PAC que respaldó la malograda campaña de Newt Gingrich por la nominación presidencial republicana.

Hay otros mecanismos comunes para evitar el límite individual. "Empaquetar", por ejemplo, o la práctica de las empresas que canalizan "paquetes" de contribuciones máximas de ejecutivos individuales, en lugar de la entrega de un solo cheque.

"Empaquetar" fue el secreto del éxito en la recaudación de fondos de la campaña del demócrata Barack Obama. El mito dice que Obama recaudó su enorme arca electoral de "pequeños donantes" que dieron de $10 a $20 cada uno. Pero, según el New York Times, el número de contribuciones "empaquetadas" de donantes ricos a la campaña de Obama en 2008, casi eclipsó "los 147 millones de dólares recaudados para el Presidente Bush por su red de Pioneros y Rangers con contribuciones de $1,000 o más, durante las primarias de 2004".

Los patrones gringos y sus dos partidos políticos ya buscaban maneras de circunvalar las leyes de financiamiento de campañas incluso antes de que fueran promulgadas. Los fallos de la Corte Suprema, como en el caso McCutcheon, sólo hacen las cosas más fáciles para la élite --y exponen al sistema por lo que realmente es: soborno institucionalizado.


EN LA historia de Estados Unidos, el poder político en Washington ha sido la propiedad privada de aquellos que pueden pagar. Mark Hanna --el primer recaudador moderno de fondos político, y pieza fundamental de la aplastante victoria del Partido Republicano sobre los demócratas y los populistas en las elecciones de 1896--hizo la mejor descripción: "Hay dos cosas que son importantes en la política. La primera es el dinero, y la segunda... no la puedo recordar".

Esto es tan cierto hoy como siempre, sólo que ahora las sumas son astronómicas. El costo medio de una campaña para la Cámara de Representantes --y recuerde que la abrumadora mayoría de estas contiendas son poco competitivas-- fue de más de $1.4 millones en 2008, tres veces más que hace 20 años.

Pero de alguna manera, las donaciones electorales son poca cosa en comparación a la liga mayor del dinero en Washington: el cabildeo.

Los intereses empresariales de todos los sectores de la economía tienen operaciones de cabildeo en Washington todos los días del año. Los sindicatos y las organizaciones políticas que representan causas liberales son libres de hacer esto también, pero no le llegan ni a la rodilla en recursos a las corporaciones estadounidenses.

En el año 2009, cuando el gobierno de Obama y el Congreso comenzaban a debatir la legislación de la reforma de la salud, los principales grupos de la industria del cuidado de la salud gastaron un promedio de $1.400.000 cada día en cabildeo --lo que cuesta una campaña a la cámara baja-- según Common Cause. Eso equivale a alrededor de $2.600 diarios por cada congresista --representante o senador.

La industria del cuidado de la salud logró lo que quería. Las reformas que podrían haber amenazado las ganancias de la industria se mantuvieron "fuera de la mesa", y la propuesta que formó el núcleo de la eventual legislación fue escrita por un ex ejecutivo de una compañía de seguros que trabaja para el senador demócrata Max Baucus.

No es de extrañar, por tanto, que el debate político se limite a un espectro muy estrecho, que rara vez o nunca desafía el poder corporativo, y las elecciones se convierten en una competencia entre candidatos y partidos que están de acuerdo en mucho más de lo que nos dejan saber, y sólo difieren en detalles, cuando difieren en algo.

Con la Corte Suprema destripando incluso las inadecuadas restricciones a las corporaciones en millonarios estadounidenses para comprar influencia política, está claro que no hay esperanza de encontrar una solución dentro del sistema. El juego ha sido arreglado desde el inicio.

Pero el dinero no es el único factor en la política. En la historia norteamericana, así como en la del todo el mundo, los movimientos por la justicia social --el movimiento obrero, el movimiento por los derechos civiles, el movimiento por los derechos de la mujer, por citar algunos ejemplos –han logrado cambios significativos, al confiar en el poder de la lucha de masas, en lugar de los hondos bolsillos de la clase dominante. Ahí es donde reside la esperanza por una alternativa al estatus quo.

Traducido por Orlando Sepúlveda

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