Trump retrocede con Cuba

EL 16 de junio, en el Teatro Manuel Artime--nombre de un líder de la invasión de Playa Girón de 1961--en la Pequeña Habana de Miami, el presidente Trump anunció la derogación parcial de las políticas de Obama para normalizar las relaciones económicas entre los Estados Unidos y Cuba.

Trump dio a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) treinta días para publicar las normas necesarias para impedir los viajes individuales no autorizado a la isla. Solamente los cubano-estadounidenses con familiares en Cuba y turistas de viajes en grupo, organizados por empresas con autorización gubernamental, podrán visitar la isla.

Además, Trump prohibió todas las transacciones de negocios con cualquier entidad asociada con los militares cubanos. Esta orden implica a más de la mitad de la economía de Cuba, incluyendo muchas compañías involucradas en la industria turística de la isla.

La derecha cubano-americana ha conseguido mucho menos de lo que quería de Trump, pero esta derogación parcial, sin embargo, representa para ellos una victoria significativa: una fuerza política local relativamente pequeña ha logrado acabar con la política de acercamiento de Obama, posponer indefinidamente el fin del bloqueo y la normalización de las relaciones.

El proceso de normalización comenzó a finales de 2014, más de cincuenta años después de que Eisenhower rompiese relaciones diplomáticas con Cuba e iniciase el bloqueo económico contra la isla, cuando los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron la reanudación de las relaciones diplomáticas entre sus respectivos países.

Evitando cuidadosamente cualquier violación de la ley Helms-Burton de 1996, que fortaleció y extendió el bloqueo económico, Obama procedió a firmar una serie de medidas que incluyen la eliminación de límites en el tamaño de las remesas que se permite a los cubano-americanos enviar a sus familiares y la reanudación de los vuelos comerciales regulares a Cuba.

El turismo siguió formalmente prohibido, pero los estadounidenses podrían visitar Cuba sin necesidad de obtener la autorización del Gobierno, siempre que cumplieran uno de los doce criterios establecidos por Washington. Una de esas categorías, viajar en "apoyo del pueblo cubano", es aplicable casi a cualquier persona que, en circunstancias normales, habría sido considerado un turista.

Como Granma, el diario del Partido Comunista de Cuba señaló, Obama no adoptó otras medidas de flexibilización del bloqueo, como permitir a los ciudadanos de EE UU pagar tratamientos médicos en Cuba.

A pesar afirmó en múltiples ocasiones que el bloqueo económico era "obsoleto", Obama decidió no gastar su capital político en la difícil tarea de persuadir al Congreso derogar la Ley Helms-Burton. Sin embargo, en los últimos días de su administración, concedió una de las viejas peticiones del gobierno cubano suspendiendo la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

Esta ley permitía a cualquier ciudadano cubano permanecer legalmente en los Estados Unidos después de llegar a suelo americano y obtener residencia legal plena un año más tarde. Los inmigrantes no tenían que demostrar que habían sido víctimas de persecución política, que la legislación sobre asilo político por lo general exige.

La suspensión de la Ley de Ajuste Cubano probablemente se mantendrá dada la política anti-inmigración de Trump y su visión del mundo xenófoba, pero puede ser una victoria pírrica para el gobierno cubano. Durante décadas, la emigración sin cuotas a los Estados Unidos ha constituido una importante válvula de seguridad frente al descontento interno.

A diferencia de muchas de las decisiones de Trump, su derogación de estas medidas no parece estar motivado por rencillas personales o intereses comerciales. Como informó el The New York Times, sus empresas gastaron 68.000 dólares en un viaje en 1998 para explorar oportunidades de negocios, en clara violación de la ley estadounidense y prueba evidente de que el presidente, al menos entonces, no tenía reparos en invertir en Cuba.

Trump explicó su reciente decisión invocando violaciones de derechos humanos. Pero esta excusa es de risa a la luz de su reiterada afirmación de que la política exterior de Estados Unidos debe promover los "intereses nacionales" no la defensa de los derechos humanos. Sus elogios a déspotas, de Rodrigo Duterte a Vladimir Putin, y evidencia de que no permitirá que la represión se interponga en el camino de un buen negocio, ilustran aún más su indiferencia ante este problema.

En su lugar, Trump basó su decisión en un cálculo puramente electoral destinado a ganar el apoyo de la derecha cubano-americana, encabezada por el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, cuyo padre y abuelo apoyado la dictadura de Batista.

Ambos políticos republicanos provienen de Florida, un estado muy disputado donde los cubano-estadounidenses representan más del 5 por ciento del electorado. La derecha cubano-americana tiene un considerable poder político, como los muchos funcionarios electos de este origen demuestran. Asimismo tiene una influencia sustancial en los principales medios de comunicación en el sur de Florida, incluyendo radio y televisión, así como en El Nuevo Herald, edición en español del Miami Herald. Pero su influencia se ha deteriorado desde hace algún tiempo.

De acuerdo con las encuestas, un poco más de la mitad del electorado cubano-estadounidense votó a favor de Romney en 2012, y un porcentaje similar a Trump en las elecciones de 2016. Una proporción mucho mayor de jóvenes votantes cubano-americanos es demócrata.

Además, los resultados del vigésimo séptimo distrito del Congreso en Florida, en gran medida cubano-americano, representado por Ileana Ros-Lehtinen, la congresista cubano-americana más veterana, sugieren un cambio notable en la actitud política de la comunidad.

Ros-Lehtinen ganó la reelección con un margen de 54,9 a 45,1 por ciento, pero Hillary Clinton venció a Trump en el mismo distrito por veinte puntos, la mayor mayoría en cualquiera de los veintitrés distritos republicanos del Congreso que Clinton ganó en noviembre pasado.

La segunda mayor victoria de Clinton en un distrito republicano fue en el vigésimo sexto distrito de Florida, otra área mayoritariamente cubano-estadounidense, representada por Carlos Curbelo. Allí, Clinton se impuso con un 57 a 41 por ciento.

Estos resultados sugieren una tendencia a la división del voto entre los niveles locales y nacionales, de manera que el apoyo a Ros-Lehtinen y Curbelo no es necesariamente señal de acuerdo con su política de derecha. Los votos a estos representantes pueden, en cambio ser muestra de agradecimiento por la ayuda de sus oficinas en el acceso a los servicios sociales o quizá de un sentido de lealtad a un conciudadano cubano.

El apoyo a la derecha cubano-americana puede seguir erosionándose a medida que más inmigrantes recientes adquieren la ciudadanía y se registran para votar. Estos exiliados, que provienen de estratos mucho más pobres que los que llegaron en los años sesenta y setenta, parecen más preocupados por el bienestar de sus familiares en Cuba que con la política del exilio.

Por otra parte, como Alex Portes ha señalado, los cubanos que han llegado a los Estados Unidos desde 1980 - y que constituyen una mayoría creciente en la comunidad - son apenas distinguibles en términos socioeconómicos de otros inmigrantes latinoamericanos. De hecho, las encuestas de opinión publicadas muestran que una mayoría sustancial de la población cubano-americana de la Florida apoya el acuerdo firmado por Obama y Castro.

Un número creciente de capitalistas americanos y la mayor parte de la prensa de negocios apoyan ahora flexibilizar el embargo cubano. La Cámara de Comercio de Estados Unidos viene impulsando desde hace tiempo la plena reanudación de las relaciones económicas.

El New York Times informó el 5 de junio que Engage Cuba, una asociación de grupos empresariales, economistas y expertos en Cuba, estima que revertir las políticas de Obama le costaría a la economía de Estados Unidos 6.600 millones de dólares y afectaría a más de doce mil puestos de trabajo en Estados Unidos.

Las comunidades rurales que dependen de la agricultura, la manufactura y sectores del transporte marítimo, así como Florida, Luisiana, Texas, Alabama, Georgia y Mississippi--todos ellos estados que apoyaron a Trump en las elecciones de 2016--serían los más afectados.

Es poco probable, por lo tanto, que la agroindustria de la bienvenida a las medidas punitivas de Trump. Después de todo, como Granma señaló, estas empresas han ganado más de 5 mil millones dólares en exportaciones agrícolas a Cuba desde 2001, cuando el Congreso otorgó una excepción al bloqueo.

Este cambio de política convirtió a los Estados Unidos en una de las principales fuentes de importaciones de Cuba, y la cifra habría aumentado mucho más si el Congreso no hubiese estipulado que la entrega de los productos sólo puede tener lugar después de que las empresas estadounidenses hayan sido pagadas en efectivo.

Es revelador que el secretario de agricultura de Trump, Sonny Perdue, expresase su apoyo a la reanudación de las relaciones durante su audiencia de confirmación en el Congreso el pasado mes de marzo. Perdue alentó al Congreso a aumentar el acceso al mercado cubano para los productos agrícolas de Estados Unidos y aprobar medidas que permitiesen financiar las exportaciones agrícolas con créditos privados.

Su testimonio no fue una gran sorpresa: cuando fue gobernador de Georgia, Perdue encabezó una delegación agrícola a Cuba, al igual que numerosos políticos republicanos y demócratas, sobre todo del sur, medio oeste, y los estados montañosos.

Con sólo once millones de habitantes y un territorio del tamaño de Pensilvania, Cuba no está entre las prioridades estadounidenses. Los Estados Unidos están mucho más interesados en trabajar con China y otros países ex comunistas en Asia y Europa.

Pero su proximidad, recursos naturales, y su educada fuerza de trabajo hacen que Cuba sea atractiva no sólo para las empresas agrícolas, sino también para la industria del turismo. Otras empresas estadounidenses quieren reformar la pobre infraestructura de telecomunicaciones de Cuba o llegar a acuerdos con las prometedoras industrias farmacéuticas y biotecnológicas de la Isla.

La importancia económica relativamente pequeña de Cuba explica la asimetría entre las fuerzas que apoyan y se oponen la reapertura de las relaciones económicas con la Isla. El apoyo a la normalización es generalizado--incluye a las grandes empresas, los políticos de ambos partidos, y el público en general--pero también es débil.

A ninguno de estos grupos le preocupa lo suficiente Cuba como para tener una guerra con Trump sobre ella. Y mientras que la oposición a poner fin al bloqueo es bastante limitada--confinada al bloque de poder de la derecha cubano-americana en el sur de Florida y Nueva Jersey--pero muy fuerte. El mantenimiento del embargo es la máxima prioridad de los conservadores cubano-estadounidenses.

Esto explica, por ejemplo, por qué Díaz-Balart se comprometió a apoyar el plan sanitario de Trump, a cambio de una línea dura sobre Cuba. Lo que podría llegar a ser una apuesta costosa, teniendo en cuenta lo impopulares que son los esfuerzos para derogar Obamacare, especialmente en un distrito como el suyo, que depende de los beneficios médicos proporcionados por el gobierno.

A pesar de su relativa debilidad, sin embargo, las fuerzas que esperan normalizar las relaciones con Cuba tuvieron cierta influencia sobre Trump para contrarrestar la presión de la derecha.

Mientras tanto, una serie de proyectos de ley bipartidista han sido presentados en la Cámara y el Senado para liberalizar el comercio con Cuba, especialmente en el sector agrícola. Otro proyecto de ley, tal vez el más prometedor, se refiere al derecho a viajar a la isla.

El senador republicano Jeff Flake de Arizona y el senador demócrata Patrick Leahy de Vermont han propuesto una Ley para viajar a Cuba libremente, lo que eliminaría las restricciones a las visitas turísticas a Cuba. Hasta ahora, cincuenta y cinco senadores de ambos partidos han respaldado el proyecto de ley.

La agresiva política de Trump contra Cuba, sin duda, afectará negativamente a la economía de la isla, especialmente a su sector turístico en auge. Al año siguiente de las relaciones se reanudasen, 161.000 estadounidenses visitaron Cuba - casi el doble del número de los que fueron en 2014. Las cifras aumentaron aún más en 2016, cuando casi doscientos mil estadounidenses viajaron a la Isla.

Con el aumento del turismo de otros países también, Cuba tuvo un récord de cuatro millones de visitantes el año pasado. (Como el destacado economista cubano Carmelo Mesa-Lago ha señalado, es imposible determinar las ganancias netas del país gracias a esta creciente industria, ya que una proporción sustancial de los bienes necesarios para sostener el turismo, en especial la alimentación, son importados).

El auge de los viajes de turismo, por desgracia, no ha aliviado las otras presiones económicas que enfrenta la isla.

La crisis en Venezuela ha hecho daño a la economía cubana, y el suministro de petróleo se redujo significativamente. La venta de servicios profesionales--incluyendo médicos, enfermeras, maestros--ayudó a mantener los ingresos después de la caída dramática de la industria azucarera, pero ahora muestra signos de debilidad también. Los beneficios del níquel, una importante exportación de Cuba, han disminuido como consecuencia de la caída de los precios de las materias primas a nivel global.

Como resultado de estos avances, el crecimiento del PIB de Cuba en 2016 fue negativo en un 0,9 por ciento. Es probable que las políticas de Trump depriman aún más el crecimiento.

La productividad es baja, y Cuba no tiene suficiente inversión de capital para mejorar y reemplazar sus equipamientos. La prohibición de Trump de la inversión estadounidense en entidades asociadas con el ejército tendrá un impacto directo en este sector de la economía.

Además, la incapacidad del gobierno para introducir la prometida moneda única, después de diez años de preparación, ha contribuido a crear un clima de incertidumbre económica.

Los salarios reales de los empleados estatales todavía se sitúan sustancialmente por debajo de los niveles alcanzados antes del colapso del bloque soviético en 1989. Como resultado, aproximadamente el 65 por ciento de la población depende de las remesas de los miembros de la familia y amigos en el extranjero.

Mientras que las nuevas medidas de Trump han dejado el flujo de remesas abierto, el declive económico de la inversión extranjera y el turismo va a reducir aún más el nivel de vida de la isla.

Por desgracia, las políticas económicas de Raúl Castro es probable que sólo empeoren las cosas. Desde que asumió el poder--provisionalmente en 2006 y formalmente en 2008--Raúl Castro ha orientado al país hacia el modelo chino-vietnamita de capitalismo de Estado. Bajo este sistema, el gobierno conserva el monopolio del poder político a través del régimen de partido único. También controla los sectores estratégicos de la economía, como la banca, mientras que comparte el resto con capital privado, tanto nacional como extranjero.

Pero este ha sido un camino muy contradictorio, en el que el gobierno cubano ha tratado de "hornear su pastel y comérselo también", y acompaña muchas de sus medidas de liberalización económica con restricciones que limitan su eficacia con el fin de mantener su control político de la isla.

El hecho de que Donald Trump haya manipulado cínicamente el discurso de los derechos humanos para justificar su agresión económica no disminuye la dura realidad de las violaciones regulares del estado cubano de las libertades civiles y políticas.

El actual gobierno ha cesado en gran medida la práctica de Fidel Castro de condenar a los disidentes no violentos a largas penas de prisión. En cambio, como Amnistía Internacional ha señalado, utiliza menos condenas y más cortas, intimidando a la oposición con miles de detenciones de corta duración cada año.

Este cambio--junto con otras medidas importantes, incluyendo las reformas emigratorias de 2012, que facilitaron considerablemente la circulación de los ciudadanos dentro y fuera del país--es paralelo con la estrategia de Raúl Castro de liberalización de la economía y la sociedad, sin democratización del Estado.

Las medidas recientemente anunciadas por Trump aumentan la probabilidad de una grave crisis económica y política, y contribuyen a alimentar una mentalidad de asedio. Van a hacer un daño incalculable a la población cubana y sólo fortalecerán a las fuerzas antidemocráticas en la isla.

La izquierda debería apoyar plenamente la normalización de las relaciones económicas con Cuba, no sólo por estas consideraciones prácticas, sino también porque estamos a favor de la autodeterminación de todas las naciones contra la presión del imperialismo norteamericano.

Publicado en inglés por Jacobin Magazine y traducido al, y publicado en, español por Sin Permiso.